Cuando alguien intenta venderte
la moto y se la compras, das pie. Y eso es lo que se está haciendo a base de
titulares de prensa que venimos observando en que la Consejería de Educación y
Deporte vende la moto.
El curso pasado algunas decíamos que
sin seguridad -y era seguridad algo tan avalado por la ciencia como
distancia social y poco aforo- no debíamos volver a las aulas, pero se
volvió. Poco a poco, la comunidad educativa fue normalizando los despropósitos
continuos, anteponiendo la necesidad de conciliar a la salud y creyendo a pies
juntillas lo de “los centros son seguros”. Y de aquellos polvos, estos lodos. Era
y es un insulto a la lógica que las medidas que se recomendaban en cines,
teatros, comercios, instituciones, oficinas… no se exigieran en los centros
educativos.
La seguridad exigía buscar y
habilitar para uso educativo espacios alternativos para complementar las aulas
de colegios e institutos, bajar la ratio para reducir aforo en las aulas y
garantizar distancia social, contratación de docentes a la altura de la nueva
realidad y necesidades, aplicar medidas para mantener la calidad del aire interior
de las aulas (no se olvide que hay una ley de bioclimatización de centros
educativos que lo contempla) más allá de la ventilación natural (que también), garantizar
el buen funcionamiento de las herramientas telemáticas y la cobertura a todo el
alumnado, dotar de recursos humanos a los centros para una digna atención a la
diversidad -ya que veníamos del total abandono del alumnado con NEAE durante el
confinamiento- y protocolos de detección y tratamiento de los casos de COVID en
el ámbito educativo uniformes y claros, con transparencia y rigor, sin retorcer
los datos para que respondan a los intereses de la Administración.
Parece que se ha olvidado que los
refuerzos COVID de plantilla docente fueron muy escasos, que llegaron tarde a
los centros cuando ya se habían organizado los horarios y las tutorías, que
apenas bajó la ratio -en la mayoría se mantuvo la que había-, que donde se bajó
apreciablemente (últimos cursos de ESO y Bachillerato) fue a cambio de
aprendizajes y tiempo lectivo gracias al ingenio de la semipresencialidad
(disfuncional por falta de medios en muchos casos), que no hubo distancia
social, que los grupos burbuja fueron una falacia, que el alumnado con NEAE que
venía del limbo de la educación confinada ha seguido con recursos muy precarios que impiden la inclusión,
que los centros han tenido que ir salvando los obstáculos organizativos y de
medios como han podido, que la detección de casos y el seguimiento ha sido una
continua redefinición del protocolo para que los contagios fuesen siempre “externos”
al centro, que se prohibió el legítimo miedo y se coaccionó a las familias con
un nuevo concepto de absentismo escolar... Parece que no tenemos memoria.
Como siempre, las cosas no han
salido del todo mal gracias al empeño de la comunidad educativa, que opta por
tirar palante y estar por encima de las “circunstancias”. Pero esas “circunstancias”
no son sino la negligente y deficitaria gestión del actual consejero, don Javier
Imbroda. Algunas tampoco hemos olvidado aquellas declaraciones suyas de “podemos
cerrar las ventanas un poco si hace demasiado frío”, como tampoco nos consuela
la capa de héroes y heroínas con que intentan agasajarnos. Queremos ejercer
derechos, no ser reconocidas o aplaudidas por nuestra renuncia a ellos.
Ahora nos venden unas cifras recortadas
de profesorado, menores que las del 2020-21, nos dicen que se van a mantener
las medidas del curso pasado y todas contentas, como si lo del curso pasado
fuera asumible. Parece que estamos abonadas al menos da una piedra sin aspirar a lo que nos pertenece y merecemos. Y todo en
plena quinta ola, con las autoridades sanitarias avisando de un otoño pandémicamente
caliente con nuevas variantes aún más contagiosas. Más de lo mismo.
¿Y por qué? Porque esto requiere
INVERSIÓN. Y no quieren poner dinero público, de todos y todas, en algo tan
esencial como la Educación Pública, de tod@s y para tod@s.
