SEXTA OLA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

 

La plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” de Sevilla muestra su preocupación por la alta incidencia de COVID que está habiendo en los espacios educativos a 2 años de aquel #SinSeguridadNoVolvemos, campaña que denunció las condiciones en que se produjo la vuelta al cole en el curso 2020-21. Que ahora se den las cifras que se están dando cuando la mayoría de los adultos están vacunados indica que en los centros educativos nunca fueron seguros y que las medidas que se tomaron eran y son insuficientes.

Desde que volvimos a la actividad educativa presencial sin seguridad, pero bajo el mantra de que contábamos con protocolos eficaces y que, por tanto, los centros eran seguros, venimos denunciando que las medidas han sido escasas, casi inexistentes, por no poner a disposición de la educación pública la inversión necesaria y ello se ha traducido en parches y exposición al riesgo de contraer la COVID-19 para toda la comunidad educativa y la sociedad en general.

Estas medidas debieron planificarse desde el primer momento, pero nada se hizo salvo improvisar cómo echar la responsabilidad a equipos directivos, docentes, familias (a estas con el extra de la amenaza de absentismo, desatención educativa o no evaluación) y alumnado. La prioridad se puso en tener los centros abiertos para “conciliar”.

Cuando fue evidente que el SARS-CoV-2 se contagiaba por aerosoles, se metió en los protocolos la ventilación natural, es decir, abrir puertas y ventanas, y cuando el frío y las inclemencias climatológicas arreciaron, se añadió el estrés térmico como otra condición a soportar. Pero nunca se bajó la ratio, no se hizo rastreo riguroso de casos positivos, se definió “contacto estrecho” y se aisló como convino, no se hicieron mediciones de CO2, ni se instalaron filtros, ni se vigiló que las mascarillas fueran las oportunas para un espacio con alto aforo, cerrado y de larga permanencia, donde se habla en voz alta. Ni siquiera siendo Andalucía la única comunidad autónoma del Estado que tiene una ley de bioclimatización de centros educativos en vigor desde hace más de un año que la Junta de Andalucía tiene la obligación de cumplir.

Que ahora, con más vacunas (que no evitan el contagio pero sí la gravedad de la enfermedad), se disparen los casos no indica sino que el cómputo en el ámbito educativo que se hizo en otras oleadas de COVID no fue escrupuloso y que fue interesado. Estamos viendo lo que se nos ocultó.

Seguimos teniendo la triste sensación de que lo que verdaderamente interesa a la Administración es mantener los colegios abiertos a toda costa para que los padres y madres trabajen con la prole atendida y que la máquina de la economía no pare. Si no fuera así, actuarían con mirada larga -porque esto tiene pinta de que ha venido para quedarse- y tomarían las medidas que verdaderamente son importantes: bajada de ratio, bioclimatización rigurosa, medidores de la calidad del aire...

La experiencia actual como familias es que está habiendo casos positivos en los colegios y que el miedo empieza a abrirse paso en la comunidad educativa como demuestra el vaciado espontáneo de algunas aulas y la venta disparada de test de antígenos, que las farmacias acusan ya con desabastecimiento. La viceconsejera de Educación, Carmen Castillo, lo niega en prensa, "no les constan" esas ausencias de alumnado en las aulas en estos días de fin de trimestre antes de las vacaciones de navidad; pero no nos sorprende: viven las aulas andaluzas desde sus despachos, sin el mínimo contacto con la realidad. 

Las mediciones de CO₂ realizadas por Escuelas de Calor el curso pasado demostraron que los niveles de aire respirado, potencialmente cargado con aerosoles con carga vírica, superaban las 700 ppm en apenas 10 minutos de aula cerrada. También reveló que no existía una pauta de ventilación válida para todas, sino que elementos constructivos como posición de las ventanas, cantidad de estas, orientación del edificio… influyen.

Esta mala calidad del aire con aulas cerradas ha sido la “normalidad” en los centros educativos antes de la COVID-19 y seguirá siendo así si no se pone remedio. La ley de bioclimatización vigente que prevé actuaciones en este sentido, debe cumplirse desde ya por situación de emergencia sanitaria, pero será una inversión a presente y a futuro que la Consejería de Educación tiene la obligación de acometer cuanto antes. ¿Lo va a hacer o va a seguir de brazos cruzados con la ley varada en el BOJA?

A dos años de convivencia y lidia con el virus SarsCov-2 queda claro que la protección nos la ofrecen la combinación de varias capas: ventilación, filtro del aire, mascarillas eficaces y bien usadas, distancia social y limitación de aforo. Pero esto no se ha tenido nunca en cuenta en los centros educativos, y alumnado y personal docente y no docente siguen siendo los grandes olvidados.

Se pide “pasaporte covid” para restaurantes, ocio, centros sanitarios (en estos incluso prohíben mascarillas de tela) y geriátricos. ¿Por qué no en centros educativos? Pero no pasaporte para las usuarias del espacio (podrían ser asintomáticas con o sin vacunas), sino para el edificio en sí, una especie de “ITE Covid” que contemple la doble pauta esencial: bajada de ratio que permita la distancia social (lo que en otros espacios es limitar el aforo) + filtros HEPA, medidores CO2, mascarillas eficaces y ventilación. 

Sí, invertir en la educación pública protege del virus y de mucho más. 

 

¿HABRÁ DINERO PARA LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS DE ANDALUCÍA PARA 2022?

 

La plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” ha registrado una petición de reunión con la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía de cara a conocer qué dotación de fondos prevé el gobierno andaluz destinar a la puesta en marcha de la Ley de Bioclimatización durante el ejercicio 2022.

La Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, en vigor desde hace más de un año y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz, sigue sin aplicarse porque no se ha iniciado su desarrollo reglamentario. Falta voluntad política, obviamente.

Y ello, a pesar de que se han dado hasta condiciones extremas para tomar medidas con urgencia (una pandemia cuyo agente patógeno se transmite por aerosoles en espacios interiores mal ventilados y sin distancia social, condiciones que cumplen las aulas andaluzas), y a pesar de que persisten condiciones laborales contrarias a la salud, disconfort térmico en las aulas, falta de eficiencia energética y muchos patios escolares hostiles por ser desiertos de cemento y faltos de vegetación. La ley de bioclimatización sigue sin desarrollo reglamentario y sin aterrizar en los colegios e institutos.

No podemos olvidar que, cuando en el Parlamento Andaluz se tramitó esta ley, los partidos en el gobierno (PP y Ciudadanos) adujeron para alargar los plazos de su aplicación la excusa perfecta: una ley no se puede llevar a cabo sin un desarrollo reglamentario, o sea, sin crear órdenes e instrucciones que concrete sus medidas y las haga aplicables. Nosotras, a 14 meses de su entrada en vigor, nos preguntamos: ¿Cuándo piensan empezar a generar esa normativa? Su pasividad les retrata.

Conscientes de que, además, son necesarios recursos económicos para su aplicación, la plataforma Escuelas de Calor ha optado por llamar a la puerta de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea para conocer de primera mano la previsión que el gobierno andaluz hace a nivel presupuestario de la puesta en marcha de las medidas que esta ley contempla. De ello podrán inferirse las intenciones del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla al respecto y con qué seriedad se toma la Consejería de Educación y Deporte de Javier Imbroda esta ley y, por tanto, las condiciones en que alumnado, docentes y resto de personal no docente trabaja en los centros educativos públicos andaluces.

El escenario que paralelamente se ha encontrado la plataforma es el de una Administración Pública poco accesible, pues el sistema de cita previa para el registro, de gestión telemática, hace casi imposible registrar un documento antes de un mes en esa Consejería concreta. Ello complica enormemente a la ciudadanía relacionarse con quienes están al frente de la gestión de nuestros servicios públicos. Toda una declaración de dónde y cómo nos quieren.

Escuelas de Calor no da por terminada la lucha por la bioclimatización de colegios e institutos por que haya una ley en BOJA, queremos ver que se aplica y que se aplica con rigor y equidad. ¡No vamos a parar hasta conseguirlo!  

14 OCTUBRE 2021, PIDE TU PÉRGOLA EXPO'92

 

El pasado mes de mayo, desde la plataforma de familias y AMPA “Escuelas de calor” solicitamos a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y a la Agencia Pública Andaluza de Educación, que realizaran las gestiones necesarias para que las pérgolas que dieron sombra al recinto de la Expo’92 salgan del abandono y sean reutilizadas para sombrear los patios escolares andaluces, sobre todo en aquellas zonas donde el calor más combate.

Muchas AMPA se hicieron eco de ella y realizaron la misma petición a lo largo de las semanas que siguieron a nuestra iniciativa. Pero la respuesta del señor consejero ha brillado por su ausencia. Ni el consejero Javier Imbroda, ni nadie en quien haya delegado, ni la APAE respondieron a nuestra petición de reutilizar las pérgolas de la Expo’92 para dar sombra a los patios escolares. No han tenido ni siquiera la decencia de enviar un “estamos estudiando la propuesta” y eso es intolerable en un cargo público de su responsabilidad y que gestiona un ámbito tan sensible como la Educación Pública.

Las personas que trabajan en la gestión de los servicios públicos son a su vez servidores públicos, con una alta responsabilidad por la que reciben reconocimiento, tanto a nivel social, como político y económico -cobran una pasta gansa que sale de nuestros impuestos- que no vamos a entrar a valorar. Pero lo que sí debemos valorar es su competencia en las obligaciones que deben cumplir.

La ignorancia a las peticiones que les hacen sus “administrados/as”, o sea, nosotros/as, aquellos/as en quienes influye su gestión, es una absoluta falta de respeto a las personas y organizaciones que se las hacen llegar. Y a nosotras corresponde, en aras de nuestra dignidad, insistir y reclamar una respuesta, la que sea, pero una respuesta.

Desde Escuelas de Calor consideramos que reacondicionar e instalar dichas pérgolas en los patios de recreo de los colegios e institutos andaluces constituye una solución sostenible y ecológica que encaja a la perfección con el espíritu contenido en la Ley de Bioclimatización, pues esta propone en su artículo 9 actuaciones de revegetación en los patios escolares para paliar las temperaturas inclementes del verano a las horas de recreo y deporte. Reciclar este material y ponerlo al servicio de los centros educativos de toda Andalucía sería una medida muy positiva tanto desde un punto de vista medioambiental y ecológico, como desde lo presupuestario o económico.

Por todo ello, el 14 de octubre volveremos a realizar la petición y a recordarle a Javier Imbroda que:

1. Es un servidor público del que esperamos una respuesta.
2. Que tiene en BOJA la Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables en vigor desde hace más de un año y no nos consta que siquiera haya iniciado su desarrollo reglamentario.
3. Que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz porque estaba ganada en las calles, con la lucha de la comunidad educativa.
4. Que es de su competencia y que se han dado hasta condiciones extremas para tomar medidas con urgencia: una pandemia cuyo agente patógeno se transmite por aerosoles en espacios interiores mal ventilados y sin distancia social, condiciones que cumplen las aulas andaluzas, y a lo que hay que sumar condiciones laborales contrarias a la salud, disconfort térmico, falta de eficiencia energética y patios escolares cuya reforma propuesta en la ley supondrá la mejora en la emergencia climática ante la que nos encontramos como especie.
5. Que los parches que la Consejería de Educación llama “climatización” en sus planes de infraestructuras no es aplicar la ley de Bioclimatización con el rigor que esta contiene.

Recordemos que la ley no se aprobó porque creyeran en ella, sino porque sabían que no íbamos a parar hasta conseguir generar ese derecho en la comunidad educativa y esa obligación en quienes gobiernen. Del mismo modo, no la aplicarán si nos rendimos ahora. Hay que seguir hasta verla aplicada en todos los centros andaluces.

Ante la falta de respuesta de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, la plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” llama a concentrarse en Torretriana el próximo 14 de octubre de 2021 a las 10:00 h. de la mañana para registrar de nuevo las solicitudes y exigir una respuesta. Este acto será una antesala de su participación en la manifestación en defensa de la Educación Pública que han convocado junto a la Marea Verde y casi 20 colectivos más de todos los sectores de la comunidad educativa.

¡No faltes el 14 de octubre! Trae tu solicitud y la meteremos juntas por registro. Usa este escrito o uno similar https://docs.google.com/document/d/1hbUyV8r7Ezlxx6tW8WVpeAiouMTGWD2KKMVE9j-Uzfw/edit?usp=sharing Llevaremos copias por si no lo has podido imprimir tú.

 

¡Te esperamos el 14 de octubre a las 10:00 h en Torretriana!

Vendrá Curro, la mascota de Expo’92 y más…

24-S JUICIO POR EL CLIMA - JUICIO A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN POR NO APLICAR LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN

NOTA: Escuelas de Calor se suma al movimiento climático y el Juicio por el Clima. Recogemos aquí la nota de prensa conjunta. 

El movimiento de protesta impulsado por Fridays for Future–Juventud por el Clima en España ha convocado para el próximo 24 de septiembre un nuevo Día de Acción Global por el Clima. En esta ocasión, la jornada se dedicará a exigir justicia frente a la emergencia climática y mostrar el apoyo al llamado Juicio por el Clima que cuenta ya con más de 48.000 adhesiones; la denuncia ante el Tribunal Supremo presentada por varias organizaciones contra el Gobierno por su falta de compromiso y ambición en la materia.

La movilización cuenta ya con convocatorias en 16 localidades del territorio español que exigirán medidas inmediatas, concretas y ambiciosas en respuesta a la actual crisis climática. Las organizaciones convocantes subrayan que el último avance del informe del IPCC muestra con claridad cómo el cambio climático avanza con consecuencias cada vez más severas en todo el planeta.

Es por ello que el próximo 24 de septiembre en la capital andaluza las organizaciones ecologistas se concentrarán frente a los Juzgados a las 11:00 teniendo en cuenta las medidas de seguridad sanitarias para participar en la acción convocada por Fridays For Future Sevilla. La acción consistirá en una representación teatral del procedimiento judicial del litigio climático, en el cual la sentencia resulta a favor de las entidades demandantes. La plataforma de familias “Escuelas de Calor”, que impulsó la primera ley de bioclimatización de centros educativos del Estado español, se suma a la convocatoria y “enjuiciará” por su parte a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por no aplicar dicha ley que lleva ya más de un año en vigor. Recordemos que la ley es una herramienta para frenar el cambio climático porque apuesta por la eficiencia energética de los edificios educativos, implementa las energías renovables, apuesta por la vegetación en los patios escolares y por técnicas bioclimáticas para adecuar la temperatura en las aulas, además de preconizar medidas para mejorar la calidad del aire en el interior, algo que se ha visto imprescindible ante una pandemia como la COVID-19.

Desde Fridays for Future–Juventud por el Clima se destaca la urgencia de estas movilizaciones, apoyadas por 98 organizaciones a nivel estatal: “Según el último informe del IPCC, lo que hagamos en esta década será decisivo, y se hace fundamental que los países multipliquen sus esfuerzos”. Añaden que “La crisis climática es una injusticia global, los territorios que menos contribuyen a la misma son los que más sufren sus consecuencias.” Es por ello que, ante un uso tan desigual de recursos y bienes naturales, países como España tienen una mayor responsabilidad frente al deterioro y destrucción de la biosfera global. Una responsabilidad y deuda ecológica que nuestro gobierno no puede seguir eludiendo.

“Este caso, lo que nos reúne aquí hoy, no trata solo de clima”, subraya Serlinda Vigara de NovAct plataforma que apoya Rebelión por el Clima”, se trata de la ciudadanía haciendo valer su derecho a una tutela judicial efectiva. Se trata de la ciudadanía obligando al Tribunal Supremo a proteger nuestros derechos, a hacer su trabajo”.

“Hemos recurrido a la justicia como una herramienta de lucha más”, explica Lorena Ruiz-Huerta, abogada del Juicio por el Clima. “Al ver que las movilizaciones masivas no hacían cambiar las políticas del gobierno, hemos pedido ayuda a la justicia para que obligue al Gobierno a cumplir con sus compromisos internacionales adquiridos. La lucha contra el cambio climático es imprescindible para garantizar el derecho fundamental a tener una vida digna de las generaciones presentes y futuras». A estas alturas, las organizaciones consideran ineludible iniciar este litigio contra el Gobierno, la única instancia a la que acudir dada su falta total de ambición climática en las últimas décadas.

España no es el primer Estado en llevar un caso de este tipo ante un Tribunal Supremo. En Holanda, Francia y Alemania ya se han llevado casos muy similares. “Sabemos que aquí también es posible”, señalan desde las organizaciones convocantes.

Con el Juicio por El Clima se está más cerca de lograr una victoria en favor de la justicia climática. Pero es necesario que los tribunales escuchen la voz de la sociedad civil más de cerca. Por ello, se hace un llamamiento de cara a este 24 de septiembre en un momento históricamente excepcional para reivindicar la justicia climática.

  ●      Más información sobre el Juicio por el Clima y la convocatoria del 24 de septiembre aquí:  https://www.juicioporelclima.es

●      Declaración de intenciones 24s: https://cutt.ly/uEdZFLx

EDUCACIÓN: CONSEJERÍA “NINI”, NI SEGURIDAD NI CALIDAD

 

A tan sólo 4 días del comienzo de curso 2021-22 en Primaria, la Consejería de educación y Deporte capitaneada por Javier Imbroda se deshace en propaganda para instalar en la opinión pública y en especial de la comunidad educativa sus mantras de que Andalucía está preparada para volver a las aulas con seguridad y todas las necesidades cubiertas. Pero lo cierto es que nuestro sistema educativo andaluz adolece de carencias crónicas a las que se suman las originadas por la pandemia. Desde “Escuelas de Calor”, plataforma de familias de la Educación Pública, no compramos el discurso al señor consejero.    

Más allá de la permanente retahíla de anuncios, datos y cifras que maneja la Consejería de Educación y Deporte y que la realidad de las aulas desmiente de manera descarnada, la realidad es que el curso 2021-22 se presenta con la misma carestía de recursos humanos y materiales que viene siendo la norma desde hace ya una década. El autoproclamado “gobierno del cambio” de Juanma Moreno no ha hecho sino agudizar las políticas de desmantelamiento de la Educación Pública andaluza, en la que se soportan ratios imposibles, faltan docentes y la atención a la diversidad se hace inviable. Si a este escenario se le añade el contexto de la pandemia, la situación se agrava de manera alarmante.

Para Escuelas de Calor, las medidas tomadas el curso pasado frente a la COVID fueron del todo insuficientes y no sirvieron para bajar la ratio, ni hicieron los centros seguros. Es una falacia pese a que se repita una y mil veces que lo posibilitaron, porque la plantilla de refuerzo COVID fue muy escasa y porque en la mayoría de los centros no había espacio para los ansiados desdobles. Sólo bajó la ratio en los cursos finales de Secundaria y Bachillerato y pagando el alto precio de presencialidad, tiempo lectivo y aprendizajes, pues ese es el coste de fórmulas como la semipresencialidad. Si con los refuerzos de curso pasado no hubo seguridad, ni bajó la ratio, tampoco eso pasará este curso en el que se recortan los refuerzos COVID pese a que seguimos en pandemia.

Se olvida que para protegernos del contagio en las aulas siempre hicieron falta varias capas de seguridad (ventilación, medición de CO2, filtrado de aire, mascarillas homologadas, distancia social, bajar la ratio, adecuado rastreo de positivos…) y en los centros educativos, salvo excepciones como en toda regla, nunca se aplicaron como en otros ámbitos de la vida social. La prioridad fue mantenerlos abiertos y en uso, trasladando la responsabilidad y la presión a equipos directivos, docentes y familias.

Nos parece peligroso además que se estén reivindicando los refuerzos del curso pasado. Es perverso que nos den migajas, luego nos las quiten y que bajemos el listón reivindicativo a pedir esas migajas. Caer en esta trampa es dar por válidas las cicateras políticas de la Consejería de Javier Imbroda, que no ofrecen ni seguridad ni calidad a la comunidad educativa andaluza.

Echamos en falta indignación y rebeldía más allá de comunicados y redes. Pero si el curso pasado cuando todo era incertidumbre y había miedo, la Consejería consiguió convertir el #SinSeguridadNoVolvemos en absentismo, donde poco a poco hicieron tragar el mantra de "los centros son seguros y necesarios para la vuelta a la normalidad", donde los refuerzos COVID fueron casi un sorteo y los contagios siempre externos al centro, poco cabe esperar este. Muchas familias nos decían: ¿Dónde están las AMPA? ¿Y las “representantes” de las familias? Parece que vieron la #VueltaSegura como la mejor opción y que les pareció que #VueltaSegura era aquello: unos pocos docentes más -no en todos los centros-, gel y flechas en el suelo.

Escuelas de Calor no valida migajas porque la Pública es un derecho de nuestros niños y niñas y una obligación para quienes la gestionan desde la Junta de Andalucía. Nuestra lucha y defensa de la Pública es y va a seguir siendo por la aplicación de la Ley de Bioclimatización (no luchamos para tenerla en BOJA sino en las aulas y los patios), por la bajada de ratio (alta también sin pandemia), por plantillas docentes adecuadas a las necesidades (faltan docentes hasta sin COVID), por los recursos que permitan la digna atención al diverso alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, por mejorar las infraestructuras educativas y un largo etcétera que hagan de la Educación Pública andaluza lo que merece su comunidad educativa y aspiraciones de futuro.

 

1-S. EMPIEZA EL CURSO, EMPIEZA LA LUCHA

Señor Imbroda, Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía:

Ya nos conoce, somos uno de esos colectivos -pero dicho sin el tono despectivo que usted usa para aludir a nosotros/as- que el 1 de septiembre estuvo en el Parlamento, junto a otros 18, algunos de ellos también participantes de la Marea Verde. Hemos escuchado sus recientes declaraciones y no podemos sino compartir con ud. algunas reflexiones.

Para empezar, sepa que ha ninguneado usted a la Marea Verde y demostrado ignorar qué es ese movimiento. Marea Verde es más que un colectivo, es un movimiento social en el que nos encontramos muchas organizaciones y personas de los distintos sectores de la comunidad educativa para defender algo tan necesario en un país como es un sistema educativo público y de calidad, porque en él se basa el efectivo cumplimiento del derecho inalienable a la educación.

Dice usted que hay colectivos que se arrogan la voz de la comunidad educativa. Sin duda, algunos lo hacen. Y ud. mismo legitima esa representatividad cuando le interesa, para decir que sus medidas llevan el acuerdo de ciertas entidades con las que gusta en esas ocasiones reunirse y hacerse fotos. Tenga un poco de decencia, señor consejero.

Ha dicho usted que “los refuerzos extraordinarios no dependen de una cantidad, de un número, sino de las necesidades del sistema educativo”. Pues aplíquese el cuento, porque en el sistema educativo hay necesidades por cubrir que no dependen de la COVID, ni de situaciones extraordinarias, ni sobrevenidas, sino de la “normalidad”, porque la tozuda realidad es que normalmente faltan docentes, infraestructuras dignas, personal de apoyo al alumnado con NEAE (PTIS, ILSE, MECO, AL, Educadoras/es Sociales), orientadoras/es y personal de administración y servicios.

Y encima tiene ud. la vergüenza torera de decir que los refuerzos que puso el curso pasado fueron para seguir las indicaciones sanitarias de distancia, bajada de ratio y desdobles. Si no fuera tan grave, cabría la carcajada. ¿Dónde bajó la ratio? ¿Dónde hubo distancia entre los pupitres? ¿Dónde hubo desdobles? ¿Han calculado el porcentaje de centros donde eso se pudo hacer con “los refuerzos COVID”? A ver si ahora vamos a tomar la excepción por la regla. 

¿Dónde hubo mascarillas seguras (tipo y tiempo de uso recomendados por Sanidad)? ¿Dónde hubo mediciones de CO2? ¿Dónde hubo cribados? ¿Dónde filtros HEPA? ¿Dónde espacios alternativos a las aulas para desdobles? ¿Dónde los grupos burbuja fueron reales? No hemos tenido centros seguros, por mucho que lo repita, hemos hecho de la necesidad virtud.

Dónde bajó la ratio se lo decimos nosotras: en los institutos que aplicaron la semipresencialidad, o sea, el robo de tiempo lectivo al alumnado que iba la mitad de horas a clase, bien fuera yendo una semana sí y otra no, o días alternos o lo que cada centro decidió. Por supuesto, el profesorado tuvo también que hacer encajes de bolillos con su tiempo para atender en este desquiciante escenario al alumnado y los equipos directivos para dotar de tecnología a las aulas (le garantizamos que fue meritorio para unos dar clase así y para otros seguirlas desde casa). Se le olvida que, igual que no todo el monte es orégano, tampoco todos los centros son MEDAC.

La ratio dice ud. que es un debate fácil, recurrente… y que en la conferencia sectorial se ha acordado que hay que crear una mesa técnica para tener un debate sereno sobre ese tema buscando las evidencias científicas que fundamenten una bajada de ratio. ¡Acabáramos! No, lo que falta es voluntad política aquí y en Madrid para invertir en la Pública e ir caminando hacia ratios acordes con lo que llevan décadas diciendo y fundamentando las Ciencias de la Educación.

La gota que ha colmado el vaso es que deje caer que los “colectivos” no nos preocupamos del abandono escolar o que sugiera que los problemas de convivencia en el centro son debidos a que las familias hacemos dejación de nuestras obligaciones educadoras. Exigir a las familias lo que usted llama las 3 R -respeto, responsabilidad y rendimiento- estaría bien si su Consejería cumpliera con esas 3 R y el resto del abecedario. Nos parece una simplificación injusta y ofensiva que no habla sino del concepto clasista y estereotipado que tiene de las familias de la Educación Pública.

Claro que esos problemas son reales y preocupantes, pero no se van a solucionar con una ley de autoridad del profesorado como usted pretende. Rechazamos la violencia en todas sus manifestaciones, también la que sucede en las aulas, pero ella no es sino un síntoma de problemas que hay que atajar de raíz. Quizás podría usted reconocer al profesorado de otra manera, dotándole de recursos, reduciendo burocracia inútil, respetando las especialidades docentes, reduciendo la precariedad de ciertas profesionales, dotando de PAS a los centros para que no tengan que hacer a la vez de administrativos o conserjes, ampliando plantilla, atendiendo a la amplia diversidad, bajando ratio… eso es R de respeto y R de respuesta, la que se espera de alguien de su nivel de responsabilidad pública. Si en Educación se habla de “sistema educativo” es porque hay muchas variables imbricadas que condicionan la realidad de las aulas. Sobran las explicaciones, ¿verdad?

Pues nada, nos volveremos a ver en las calles, movilizaciones que dice usted respetar como no podría ser de otra manera. No nos dé usted motivos y despareceremos. ¡Ojalá!

Atentamente, 

Escuelas de Calor, familias de la Pública.

P.D.: Nos sorprende también el anuncio de 300 millones de euros para bioclimatización de los centros educativos en 2021 y 2022 para aplicar una ley que ni siquiera ha tenido desarrollo reglamentario y que a todas luces sigue sin ser aplicada con el rigor que su texto contempla. Hasta pronto.

Más, aquí https://www.facebook.com/100057430479765/posts/306889901235357/

VOLVEMOS SIN SEGURIDAD, OTRA VEZ

 

Cuando alguien intenta venderte la moto y se la compras, das pie. Y eso es lo que se está haciendo a base de titulares de prensa que venimos observando en que la Consejería de Educación y Deporte vende la moto.

El curso pasado algunas decíamos que sin seguridad -y era seguridad algo tan avalado por la ciencia como distancia social y poco aforo- no debíamos volver a las aulas, pero se volvió. Poco a poco, la comunidad educativa fue normalizando los despropósitos continuos, anteponiendo la necesidad de conciliar a la salud y creyendo a pies juntillas lo de “los centros son seguros”. Y de aquellos polvos, estos lodos. Era y es un insulto a la lógica que las medidas que se recomendaban en cines, teatros, comercios, instituciones, oficinas… no se exigieran en los centros educativos.

La seguridad exigía buscar y habilitar para uso educativo espacios alternativos para complementar las aulas de colegios e institutos, bajar la ratio para reducir aforo en las aulas y garantizar distancia social, contratación de docentes a la altura de la nueva realidad y necesidades, aplicar medidas para mantener la calidad del aire interior de las aulas (no se olvide que hay una ley de bioclimatización de centros educativos que lo contempla) más allá de la ventilación natural (que también), garantizar el buen funcionamiento de las herramientas telemáticas y la cobertura a todo el alumnado, dotar de recursos humanos a los centros para una digna atención a la diversidad -ya que veníamos del total abandono del alumnado con NEAE durante el confinamiento- y protocolos de detección y tratamiento de los casos de COVID en el ámbito educativo uniformes y claros, con transparencia y rigor, sin retorcer los datos para que respondan a los intereses de la Administración.

Parece que se ha olvidado que los refuerzos COVID de plantilla docente fueron muy escasos, que llegaron tarde a los centros cuando ya se habían organizado los horarios y las tutorías, que apenas bajó la ratio -en la mayoría se mantuvo la que había-, que donde se bajó apreciablemente (últimos cursos de ESO y Bachillerato) fue a cambio de aprendizajes y tiempo lectivo gracias al ingenio de la semipresencialidad (disfuncional por falta de medios en muchos casos), que no hubo distancia social, que los grupos burbuja fueron una falacia, que el alumnado con NEAE que venía del limbo de la educación confinada ha seguido con recursos muy precarios que impiden la inclusión, que los centros han tenido que ir salvando los obstáculos organizativos y de medios como han podido, que la detección de casos y el seguimiento ha sido una continua redefinición del protocolo para que los contagios fuesen siempre “externos” al centro, que se prohibió el legítimo miedo y se coaccionó a las familias con un nuevo concepto de absentismo escolar... Parece que no tenemos memoria.

Como siempre, las cosas no han salido del todo mal gracias al empeño de la comunidad educativa, que opta por tirar palante y estar por encima de las “circunstancias”. Pero esas “circunstancias” no son sino la negligente y deficitaria gestión del actual consejero, don Javier Imbroda. Algunas tampoco hemos olvidado aquellas declaraciones suyas de “podemos cerrar las ventanas un poco si hace demasiado frío”, como tampoco nos consuela la capa de héroes y heroínas con que intentan agasajarnos. Queremos ejercer derechos, no ser reconocidas o aplaudidas por nuestra renuncia a ellos.

Ahora nos venden unas cifras recortadas de profesorado, menores que las del 2020-21, nos dicen que se van a mantener las medidas del curso pasado y todas contentas, como si lo del curso pasado fuera asumible. Parece que estamos abonadas al menos da una piedra sin aspirar a  lo que nos pertenece y merecemos. Y todo en plena quinta ola, con las autoridades sanitarias avisando de un otoño pandémicamente caliente con nuevas variantes aún más contagiosas. Más de lo mismo.

¿Y por qué? Porque esto requiere INVERSIÓN. Y no quieren poner dinero público, de todos y todas, en algo tan esencial como la Educación Pública, de tod@s y para tod@s.

 

 

EL TRAMPANTOJO DE LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN

 

Un trampantojo es una trampa para el ojo. Se usa por ejemplo cuando en una pared se pinta una puerta, pero no la hay por más que tus ojos la vean. O sea, como dice el diccionario al definir esta curiosa palabra: trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es.

Pues justo eso es el plan de infraestructuras de la Consejería de Educación cuando incluye medidas de climatización con refrigeración adiabática e instalación de placas fotovoltaicas. Quieren vendernos eso como aplicación de la ley de bioclimatización, pero no lo es.

Y no lo es porque la ley establece una serie de actuaciones previas que no nos constan que se estén llevando a cabo. Y eso nos coloca en una situación de arbitrariedad que desde luego no es deseable cuando se tata de gestión pública, donde tiene que haber transparencia, rigor y equidad.

Durante la tramitación de la ley, entre otros cambios sobre el texto original de la propuesta, se alargaron mucho los plazos de las actuaciones que contiene. Los asesores del gobierno andaluz se justificaban para ello en que una ley necesariamente debía tener un desarrollo reglamentario posterior que, como mínimo, tenía una duración de 1 año. ¿Dónde están esas órdenes o reglamentos? (art. 3.1.) ¿Se han iniciado? De no ser así, se han perdido ya 9 meses.

¿Dónde están las valoraciones y auditorías energéticas? (art. 3) 

¿Con qué criterios se ha seleccionado a unos centros sobre otros? (art. 3.2.) 

¿Se han licitado las auditorías energéticas? (art. 3.2.) 

¿Cuál es la relación anual de centros a incluir en esas auditorías? (art. 3.3.) 

¿Se ha dotado de financiación a esas auditorías o valoraciones de centros? (art. 5) 

¿Se han creado los equipos de gestores energéticos? ¿Se ha iniciado la formación para una gestión eficiente del consumo de energía a equipos directivos, personal docente, PAS y demás comunidad educativa? (art. 6) 

¿Se está haciendo la Guía Técnica para la adecuación y rehabilitación ambiental bioclimática y el uso de energías renovables en los centros educativos andaluces? (art. 7) 

¿Dónde están las actuaciones para renovar y mejorar la calidad del aire interior de los espacios educativos? (art. 8.1. Ni con un virus que se contagia por aerosoles las han aplicado) 

¿Dónde está la revegetación de los patios escolares y demás actuaciones en los exteriores de colegios e institutos? (art. 9) 

¿Dónde están las medidas de transparencia e información a las comunidades educativas sobre las actuaciones? (art. 11).

Por todo ello, por más que Elías Bendodo, Javier Imbroda y demás voceros de la propaganda del gobierno de Juanma Moreno hablen de bioclimatización y energías renovables en sus planes de infraestructuras -bienvenidos sean-, ESO NO ES LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN. ES SU TRAMPANTOJO.

Pero la lucha por la Ley de Bioclimatización no se dio para dejarla en BOJA, sino para que se aplicara. Con ella nacieron un derecho y unas obligaciones, y saben ustedes que somos muy “jartibles” en exigirlas.

Pronto nos veremos. Aquí tienen pistas de por donde van a ir las preguntas, para que vayan buscando las respuestas ;)

NOS TOCAN LA PÚBLICA, NOS TOCAN A TODAS

Este curso, el proceso de escolarización que arranca en marzo y con el que las familias solicitamos plaza en los colegios para nuestros hijos e hijas ha llegado como ya suele ser habitual desde hace muchos años, con la amenaza que suele cumplirse casi al 100% de pérdida de plazas en la Educación Pública. Se equivocan quienes quieren atribuir esto al gobierno actual de la Junta de Andalucía, aunque es verdad que este lo ha hecho con un desparpajo inusitado. Las políticas que se vienen aplicando sobre los servicios públicos, y la Educación lo es, son de deterioro y desmantelamiento a base de recortes en inversión, recursos y plazas.

Es un error también pensar que esto es algo que afecta a “equis” centros y sus AMPA o al profesorado que pierde la oportunidad de incorporarse a su plantilla. Este año les ha tocado a ellos directamente, pero el año que viene te puede tocar a ti.

El enfoque es otro. Esto nos afecta a TODAS, a toda la comunidad educativa, en primer lugar, y a la sociedad en general, en definitiva, porque nadie duda que el futuro y las posibilidades de desarrollo de un país -y el sentido en que lo haga- dependen directamente de la educación de las nuevas generaciones. Ampliemos la mirada: los barrios donde se cierra un colegio pierden servicios, menos gente querrá vivir en ellos, parques que se vacían, comercios que cierran… nos jugamos mucho.

La excusa para este enésimo recorte, tampoco nueva, es la bajada de la natalidad. Siendo esto así, la demografía nos sirve en bandeja una oportunidad para bajar la ratio y aumentar la calidad de la enseñanza. Con ello darían respuesta a una demanda histórica de la Marea Verde y quienes en ella defendemos la Educación Pública de calidad. Ello permite mejor atención educativa, más individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje, mejor atención a la diversidad, más inclusión, la innovación metodológica, mejores condiciones para la práctica docente, más equidad, etc. No lo hacen porque la Educación Pública no les importa, quieren seguir bajando la inversión en ella y engordar el negocio privado a costa de un derecho fundamental.

¿Vamos a seguir consintiendo esto?

El 10 de abril TODAS tenemos que tirarnos a la calle y marchar en manifestación desde el puente de Triana hasta la Consejería de Educación.

•        Porque es un ataque frontal más a la libertad de elección de las familias que queremos Educación Pública 100%.
•        Porque quizás ibas a solicitar plaza en el colegio de tu barrio y saber que iba a tener una línea menos te ha obligado a renunciar y solicitar la que era tu segunda opción. Es una trampa que les allana el terreno para dar el “tijeretazo” y han vulnerado tu derecho a elegir centro.
•        Porque pierde el barrio, la comunidad vecinal, la ciudad, las clases populares que no pueden ni quieren pagar “cuotas voluntarias” en la oferta concertada.
•        Porque no es verdad que la causa sea la bajada de la natalidad, porque estos recortes se aplican solo en la Educación Pública.
•     Porque si no plantamos cara, les dejamos que sigan aplicando su perverso plan de eliminar servicios públicos.
•        Porque pagamos impuestos para tener acceso a servicios públicos de calidad.
•       Porque sólo la Educación Pública de calidad garantiza el derecho universal a la educación.
•    Porque la Pública garantiza valores democráticos, igualitarios, plurales, inclusivos, no clasistas...
•        Porque nadie ocupará tu lugar en esta lucha, todas somos necesarias.
•        Porque la Pública es de tod@s y para tod@s.
•        Porque NOS TOCAN LA PÚBLICA, NOS TOCAN A TODAS.

Como ves, TODAS tenemos motivos para estar el sábado 10 de abril en la calle. ¡No faltes! #ProtegeLaPública 

CELAÁ E IMBRODA ALIADOS EN EL MANTRA “LOS CENTROS SON SEGUROS”

 

La plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” consideran un atrevimiento que tanto la ministra de Educación, Isabel Celaá, como el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, aseveren de manera tajante que los centros educativos son seguros sin pruebas objetivas ni estudios rigurosos del nivel de contagios que se producen en ellos, y cuando la situación que se vive en las aulas no cumple las medidas de seguridad que existen en otros ámbitos de la vida social. Retuercen los datos para que cuadre con su mantra y para legitimar la pésima gestión que ambos están haciendo cada uno desde su nivel competencial. Exigimos que la Junta de Andalucía haga un estudio honesto y con rigor de la situación COVID en el ámbito educativo y ofrezca datos reales, y no los que convienen a su discurso.

En los centros educativos el escenario más generalizado es este: hay un personal docente y no docente al que no se les facilita EPI; los espacios están masificados, son interiores, de larga ocupación (toda la jornada escolar) y en ellos se habla en tono alto; no hay distancia social; hay mascarillas de toda condición; las ventanas y puertas están abiertas (a ciegas, pues tampoco se mide el nivel de CO2), sin combinar esta medida con otras de ventilación forzada o filtrado de aire que pueda ayudar a mantener cierto confort térmico si el frío o la lluvia arrecian; no se hacen cribados ni estudios de aguas fecales que puedan ayudar a identificar tasas de COVID “en la sombra” que ayude a tomar decisiones; hay población en edades en las que la COVID suele ser asintomática (según expertas) y cuyo comportamiento natural es de cercanía y contacto; se detectan positivos pero no siempre se pone en cuarentena al resto del grupo a no ser que se haya dado “contacto estrecho”; y son espacios en los que se come, por tanto, se prescinde de la mascarilla (desayuno en las aulas o comedores escolares). ¿De verdad piensan que, después de un año de pandemia y con lo que ya sabemos, nos vamos a creer que los centros son seguros?

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía lleva ocultando y “cocinando” datos desde que comenzó el curso. Exigimos que diga la verdad, pues las familias, simplemente por lo que observamos en nuestros entornos escolares, tenemos otra percepción. ¿Cuentan en la Consejería con el alumnado que no está yendo a clase para sacar esas estadísticas? De facto, en esas clases hay otra ratio, más baja, gracias a las familias que, en legítimo y responsable ejercicio de la patria potestad, deciden proteger la salud de sus hijos e hijas. ¿Cuenta con el alumnado que ha estado en cuarentena por responsabilidad de las familias cuando se entera de que en la clase de su hijo ha habido un positivo, aunque la información no le llegue desde el centro o el enlace COVID? ¿Da por “contagio externo” más de los casos que debería (prácticamente todos)? ¿Cómo se sabe que el contagio ha sido “externo” y no en el ámbito educativo?

Hay datos objetivos y nos los han dado de nuevo las familias, esta vez de la comarca del Campo de Gibraltar. Las que valiente y responsablemente decidieron dejar a sus hijos e hijas en casa ante una tasa de incidencia de 2500 casos por 100.000 habitantes (10 veces lo considerado límite para cerrar colegios). En La Línea de la Concepción (Cádiz), donde el nivel de seguimiento de esta decisión llegó casi al 100% bajó el nivel de incidencia un 45%; no fue así donde el vaciado de aulas no fue tan secundado. Por tanto, se demuestra que el cierre temporal de los centros educativos en el momento en que la pandemia está descontrolada y hay contagio comunitario es necesario. Es una forma de protegernos como sociedad, evitar muertes, ingresos hospitalarios y bajar la curva.

Otro dato que no se facilita es el de “absentismo COVID” ni su evolución, ni el peso que esto está teniendo en los datos que maneja la Consejería. Estas familias mal llamadas absentistas, auténticas heroínas, difamadas, señaladas, que resisten a pesar de la presiones y coacciones, que están teniendo un trato desigual en cada centro, quizás están contribuyendo a la versión sesgada que puede dar la Consejería de Educación pues han contribuido a la bajada de ratio sacrificando el derecho a la educación que tienen sus hijos/as por la incompetencia y soberbia de la Consejería de Educación.

Javier Imbroda tiene pendiente cumplir con su mayor responsabilidad desde que comenzó el curso, invertir presupuesto en Educación Pública acorde a la situación de pandemia para poder tomar medidas eficaces que den la mayor seguridad posible a la labor educativa (bajada de ratio, contratación de docentes, habilitación de espacios para uso educativo y aplicar la ley de bioclimatización). Y a esa se suma ahora, decir la verdad -con datos reales y fundamentados-, sobre la COVID en el ámbito sobre el que tiene competencias plenas. 

En vez de eso, intenta distraernos con actualizaciones de protocolos -como el recién salido del horno, del 8 de febrero- que no hacen sino abundar en falacias como grupos de convivencia, burbujas, compartimentaciones de espacios interiores o dar uso educativo a espacios municipales (página 20 del recién estrenad protocolo), ¿con qué profesorado? Señor Imbroda, si nos esá leyendo, un poco de respeto, no nos insulte ¿de qué sirven más aulas sin docentes? ¿nos toma el pelo?

Isabel Celaá, por su parte, debió dejar de ponerse de perfil y dar instrucciones claras desde su ministerio para que la gestión de la pandemia pusiera en el centro la salud de la comunidad educativa y el derecho a una educación pública de calidad. 

VALORACIÓN DEL VACIADO DE AULAS DE 25 Y 26 DE ENERO

 

Concluidas las 2 acciones que desde “Escuelas de Calor” hemos convocado y llevado a efecto en los fríos días de enero, queremos compartir algunas reflexiones y valoraciones que hemos hecho por si pudieran interesar.

En primer lugar, queremos dar nuestro más sincero agradecimiento a los medios de comunicación y a los/las profesionales de la prensa que tanto colaboran con nosotras en la medida que visibilizan nuestra lucha. Sentimos de muchos de ellos/as no sólo el buen hacer periodístico, sino cercanía y complicidad pues son, como nosotras, madres y padres que también tienen hijos/as en la Educación Pública y que están viviendo de primera mano la situación. De todo corazón, gracias, no podría ser como es si vosotras/os.

La situación por la que la Comunidad educativa está atravesando desde que volvimos de las vacaciones de Navidad es extrema, y lo es por 3 motivos:

1.     1. El principal, porque no se tomaron medidas en su momento -que debieron ser planificadas desde mayo e implementadas en septiembre de este curso- como habría sido necesario y como se demandó desde muchos colectivos para que la vuelta a las aulas durante la pandemia de COVID fuera lo más segura posible (inversión extraordinaria y acorde a la situación, refuerzo docente, bajada de ratio, habilitación de espacios públicos para uso educativo, mejora de las infraestructuras en cuanto a calidad del aire de las aulas aplicando la Ley de bioclimatización).

2.    2. "Repunte explosivo” y “tsunami de COVID”, palabras que tomamos de presidente y consejero de educación de la Junta de Andalucía, respectivamente, y que definen muy bien la situación de descontrol de los contagios. Y los centros educativos no son un universo paralelo, están en este.

3.       3. Ola de frío, lluvia, nieve, que convierte las aulas en auténticas neveras y somete a estrés térmico insoportable e insalubre a docentes y alumnado. Y vendrá “la caló” y serán saunas.

Ante ese escenario podríamos haber apretado los dientes y dar una vez más prueba de que la comunidad educativa puede con todo -nos hace hasta sentir orgullosas, cuando lo oímos, pero encierra una trampa, si se piensa fríamente-, o sumar a eso acciones que visibilizaran la situación y animasen a decir BASTA. Nos parecía más digno hacer lo segundo. Ya es cuestión de dignidad, y también de salud, por supuesto.

Damos el objetivo por más que cumplido porque las compañeras, las familias, una vez más han estado a la altura. Y porque “se ha movido el avispero”.

Después de estas acciones, ha habido peticiones de cierre de centros por parte de ayuntamientos, de asociaciones de direcciones de centro de primaria y secundaria, de sindicatos, de comarcas… y ahora la Consejería tiene sobre su tejado tomar decisiones y actuar, porque ya mucha gente no se cree eso de “los centros son seguros”. Actuar responsablemente y no abundando en el mantra, ni retorciendo datos, ni ocultando la realidad, ni amenazando a las familias que quieren proteger la salud aunque sea a costa de la educación. 

De una Consejería de Educación que tiene que gestionar este derecho fundamental reconocido en la Constitución y este servicio público esencial se espera algo más que coacción, amenazas y declaraciones tirando de cinismo que resultan insultantes. En el motivo 1 arriba indicado tiene pistas de por donde debe empezar a trabajar, porque hasta ahora no ha hecho nada a la altura de la situación.

Y una reflexión final que toca hacer a cada AMPA o a cada persona que está en sus juntas directivas o tomando decisiones “en representación de…”. Montones de familias asociadas se han preguntado estos días: ¿dónde está mi AMPA? ¿Por qué no nos llega esta información desde la AMPA?  Y montones de familias nos han dicho “menos mal que estáis denunciando esto, porque en mi centro ni mu”. Aquí lo dejamos. Para pensar…

FRÍO EN LAS AULAS, CONDICIONES INACEPTABLES

Sevilla, 8 de enero de 2021. Las temperaturas -apenas pasan de los 10 grados en el interior- son insoportables a pesar de que alumnado y docentes van abrigados/as, con mantas, gorros y guantes. La lluvia entra por las ventanas, pero estas no se pueden cerrar, con buen criterio, para prevenir el contagio por aerosoles. ¿Es sanitariamente responsable abrir así los centros en pleno ola de frío y con la tercera ola de COVID subiendo? Si esto es en Sevilla capital, ¿qué no estará pasando en Granada y lugares de sierra? Es lamentable que la labor educativa en las aulas andaluzas se esté desarrollando en estas condiciones.

Desde el mes de abril del pasado año, en pleno confinamiento, ya alertábamos de que llegaría septiembre y habría que volver a las aulas. A nadie se le escapaba que el SarsCov-2 seguiría entre nosotras y que serían necesarias medidas extraordinarias para que la pandemia no pasase una factura excesiva a toda una generación de estudiantes. A nadie tampoco se le escapaba que sería necesaria una inversión extraordinaria para bajar ratio, contratar docentes y hacer posible una educación lo más segura posible y con una calidad digna. Adaptarse a la educación en pandemia no podía ser jugarse la salud (por contagio o por frío), tener los mismos recursos y confiar en al suerte. Era otra cosa y lo dejamos claro.

Nada de eso se ha hecho, porque las medidas son pocas, cicateras y claramente insuficientes. Se han reducido a tener las ventanas abiertas -acertadamente como demuestran las mediciones de CO2 que hasta el momento hemos hecho desde la plataforma Escuelas de Calor en centros educativos de nuestra provincia-, y a llevar mascarillas que corren por parte de familias y profesorado. Y gel hidroalcohólico, eso también. 

No debimos volver en estas condiciones y ahora, llegadas las lluvias y la primera ola de frío, la situación se hace insostenible. Niños y niñas ateridos de frío no pueden aprender, porque están centrados en la tiritona. Así de simple. Y porque el agua de lluvia entra por las ventanas y moja sus pupitres. Es una vergüenza.

Las medidas que se toman nunca incluyen a los centros educativos, que siguen “con normalidad”. ¿Esta es la normalidad? Pues es inaceptable. Como inaceptable es que se siga diciendo que los centros educativos son seguros sin que se hayan hecho estudios de aguas fecales, sin ofrecer datos totales de contagios en las aulas, cambiando los conceptos y los protocolos a conveniencia, culpando de los contagios que se dan en las aulas a las familias por ir a bares y supermercados con los niños y niñas… Ahora, en plena tercera ola, con una variante del virus que sabemos más contagiosa pero que no sabemos su efecto real en niños y adolescentes, los centros siguen abiertos con “normalidad”.

La Administración educativa de Juan Manuel Moreno Bonilla y Javier Imbroda ha tenido la oportunidad de destinar inversión a la Educación Pública y avanzar en la aplicación de la Ley de Bioclimatización -que plantea medidas de mejorar la calidad del aire interior de las aulas, imprescindibles ahora para prevenir contagios- al elaborar los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma andaluza y no lo ha hecho. Es una absoluta falta de respeto y una manera de gobernar desconectada de la realidad de las aulas andaluzas; ha demostrado que no le importa la Educación Pública una vez más y que ha desoído las protestas y las demandas de los movimientos en defensa de la Pública.

Desde Escuelas de Calor seguimos reclamando educación presencial, pero en condiciones de seguridad y dignidad. Eso es lo que deberíamos considerar “normal” y no lo que nos venden como tal, que se reduce a tener el mismo horario de apertura, ir con mascarilla y seguir las flechas pintadas en el suelo. La comunidad educativa andaluza no merece este trato. Y no olvidemos que la desigualdad sigue campando a sus anchas en una mal entendida autonomía de los centros y en función de "lo posible". Ni la semipresencialidad está siendo igual en todos los institutos y ello genera una gran desventaja en parte del alumnado, máxime cuando en la privada (concertada o no) no hay tal deficiencia de recursos o se suple de otras maneras.

Se necesitan estudios técnicos que permitan valorar la incidencia en la calidad del aire de medidas de ventilación forzada, por ejemplo, o filtros HEPA. Se está permitiendo nuevamente el copago de las familias y las AMPA de estos filtros -en cierto modo también favoreciéndolo ante la falta de respuesta-, instalándose sin tener seguridad de su eficacia y quizás trasladando una falsa seguridad que lleve a cerrar ventanas, algo que puede ser contraproducente. Es imprescindible invertir dinero en público en la Pública para bajar ratio y contratar docentes, lo hemos repetido hasta la saciedad. La gestión de la pandemia en el ámbito educativo está siendo pésima y parece que no hay voluntad de mejorarla.