La plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” de Sevilla muestra su
preocupación por la alta incidencia de COVID que está habiendo en los espacios
educativos a 2 años de aquel #SinSeguridadNoVolvemos, campaña que denunció las condiciones
en que se produjo la vuelta al cole en el curso 2020-21. Que ahora se den las
cifras que se están dando cuando la mayoría de los adultos están vacunados
indica que en los centros educativos nunca fueron seguros y que las medidas que
se tomaron eran y son insuficientes.
Desde que volvimos a la actividad educativa presencial sin seguridad, pero bajo el mantra de que contábamos con protocolos eficaces y que, por tanto, los centros eran seguros, venimos denunciando que las medidas han sido escasas, casi inexistentes, por no poner a disposición de la educación pública la inversión necesaria y ello se ha traducido en parches y exposición al riesgo de contraer la COVID-19 para toda la comunidad educativa y la sociedad en general.
Estas medidas debieron planificarse desde el primer momento, pero nada se hizo salvo improvisar cómo echar la responsabilidad a equipos directivos, docentes, familias (a estas con el extra de la amenaza de absentismo, desatención educativa o no evaluación) y alumnado. La prioridad se puso en tener los centros abiertos para “conciliar”.
Cuando fue evidente que el SARS-CoV-2 se contagiaba por aerosoles, se metió en los protocolos la ventilación natural, es decir, abrir puertas y ventanas, y cuando el frío y las inclemencias climatológicas arreciaron, se añadió el estrés térmico como otra condición a soportar. Pero nunca se bajó la ratio, no se hizo rastreo riguroso de casos positivos, se definió “contacto estrecho” y se aisló como convino, no se hicieron mediciones de CO2, ni se instalaron filtros, ni se vigiló que las mascarillas fueran las oportunas para un espacio con alto aforo, cerrado y de larga permanencia, donde se habla en voz alta. Ni siquiera siendo Andalucía la única comunidad autónoma del Estado que tiene una ley de bioclimatización de centros educativos en vigor desde hace más de un año que la Junta de Andalucía tiene la obligación de cumplir.
Que ahora, con más vacunas (que no evitan el contagio pero sí la gravedad de la enfermedad), se disparen los casos no indica sino que el cómputo en el ámbito educativo que se hizo en otras oleadas de COVID no fue escrupuloso y que fue interesado. Estamos viendo lo que se nos ocultó.
Seguimos teniendo la
triste sensación de que lo que verdaderamente interesa a la Administración es
mantener los colegios abiertos a toda costa para que los padres y madres
trabajen con la prole atendida y que la máquina de la economía no pare. Si no
fuera así, actuarían con mirada larga -porque esto tiene pinta de que ha venido
para quedarse- y tomarían las medidas que verdaderamente son importantes:
bajada de ratio, bioclimatización rigurosa, medidores de la calidad del aire...
La experiencia actual como familias es que está habiendo casos positivos en los colegios y que el miedo empieza a abrirse paso en la comunidad educativa como demuestra el vaciado espontáneo de algunas aulas y la venta disparada de test de antígenos, que las farmacias acusan ya con desabastecimiento. La viceconsejera de Educación, Carmen Castillo, lo niega en prensa, "no les constan" esas ausencias de alumnado en las aulas en estos días de fin de trimestre antes de las vacaciones de navidad; pero no nos sorprende: viven las aulas andaluzas desde sus despachos, sin el mínimo contacto con la realidad.
Las mediciones de CO2 realizadas por Escuelas de Calor el curso pasado demostraron que los niveles de aire respirado, potencialmente cargado con aerosoles con carga vírica, superaban las 700 ppm en apenas 10 minutos de aula cerrada. También reveló que no existía una pauta de ventilación válida para todas, sino que elementos constructivos como posición de las ventanas, cantidad de estas, orientación del edificio… influyen.
Esta mala calidad del aire con aulas cerradas ha sido la “normalidad” en los centros educativos antes de la COVID-19 y seguirá siendo así si no se pone remedio. La ley de bioclimatización vigente que prevé actuaciones en este sentido, debe cumplirse desde ya por situación de emergencia sanitaria, pero será una inversión a presente y a futuro que la Consejería de Educación tiene la obligación de acometer cuanto antes. ¿Lo va a hacer o va a seguir de brazos cruzados con la ley varada en el BOJA?
A dos años de convivencia y lidia con el virus SarsCov-2 queda claro que la protección nos la ofrecen la combinación de varias capas: ventilación, filtro del aire, mascarillas eficaces y bien usadas, distancia social y limitación de aforo. Pero esto no se ha tenido nunca en cuenta en los centros educativos, y alumnado y personal docente y no docente siguen siendo los grandes olvidados.
Se pide “pasaporte covid” para restaurantes, ocio, centros sanitarios (en estos incluso prohíben mascarillas de tela) y geriátricos. ¿Por qué no en centros educativos? Pero no pasaporte para las usuarias del espacio (podrían ser asintomáticas con o sin vacunas), sino para el edificio en sí, una especie de “ITE Covid” que contemple la doble pauta esencial: bajada de ratio que permita la distancia social (lo que en otros espacios es limitar el aforo) + filtros HEPA, medidores CO2, mascarillas eficaces y ventilación.
Sí, invertir en la educación pública protege del virus y de mucho más.
