La plataforma de
familias y AMPA “Escuelas de Calor” consideran un atrevimiento que tanto la
ministra de Educación, Isabel Celaá, como el consejero de Educación de la Junta
de Andalucía, Javier Imbroda, aseveren de manera tajante que los centros
educativos son seguros sin pruebas objetivas ni estudios rigurosos del nivel de
contagios que se producen en ellos, y cuando la situación que se vive en las
aulas no cumple las medidas de seguridad que existen en otros ámbitos de la
vida social. Retuercen los datos para que cuadre con su mantra y para legitimar
la pésima gestión que ambos están haciendo cada uno desde su nivel competencial.
Exigimos
que la Junta de Andalucía haga un estudio honesto y con rigor de la situación COVID
en el ámbito educativo y ofrezca datos reales, y no los que convienen a su
discurso.
En los centros educativos el escenario más generalizado es este: hay un personal docente y no docente al que no se les facilita EPI; los espacios están masificados, son interiores, de larga ocupación (toda la jornada escolar) y en ellos se habla en tono alto; no hay distancia social; hay mascarillas de toda condición; las ventanas y puertas están abiertas (a ciegas, pues tampoco se mide el nivel de CO2), sin combinar esta medida con otras de ventilación forzada o filtrado de aire que pueda ayudar a mantener cierto confort térmico si el frío o la lluvia arrecian; no se hacen cribados ni estudios de aguas fecales que puedan ayudar a identificar tasas de COVID “en la sombra” que ayude a tomar decisiones; hay población en edades en las que la COVID suele ser asintomática (según expertas) y cuyo comportamiento natural es de cercanía y contacto; se detectan positivos pero no siempre se pone en cuarentena al resto del grupo a no ser que se haya dado “contacto estrecho”; y son espacios en los que se come, por tanto, se prescinde de la mascarilla (desayuno en las aulas o comedores escolares). ¿De verdad piensan que, después de un año de pandemia y con lo que ya sabemos, nos vamos a creer que los centros son seguros?
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía lleva ocultando y “cocinando” datos desde que comenzó el curso. Exigimos que diga la verdad, pues las familias, simplemente por lo que observamos en nuestros entornos escolares, tenemos otra percepción. ¿Cuentan en la Consejería con el alumnado que no está yendo a clase para sacar esas estadísticas? De facto, en esas clases hay otra ratio, más baja, gracias a las familias que, en legítimo y responsable ejercicio de la patria potestad, deciden proteger la salud de sus hijos e hijas. ¿Cuenta con el alumnado que ha estado en cuarentena por responsabilidad de las familias cuando se entera de que en la clase de su hijo ha habido un positivo, aunque la información no le llegue desde el centro o el enlace COVID? ¿Da por “contagio externo” más de los casos que debería (prácticamente todos)? ¿Cómo se sabe que el contagio ha sido “externo” y no en el ámbito educativo?
Hay datos objetivos y nos los han dado de nuevo las familias, esta vez de la comarca del Campo de Gibraltar. Las que valiente y responsablemente decidieron dejar a sus hijos e hijas en casa ante una tasa de incidencia de 2500 casos por 100.000 habitantes (10 veces lo considerado límite para cerrar colegios). En La Línea de la Concepción (Cádiz), donde el nivel de seguimiento de esta decisión llegó casi al 100% bajó el nivel de incidencia un 45%; no fue así donde el vaciado de aulas no fue tan secundado. Por tanto, se demuestra que el cierre temporal de los centros educativos en el momento en que la pandemia está descontrolada y hay contagio comunitario es necesario. Es una forma de protegernos como sociedad, evitar muertes, ingresos hospitalarios y bajar la curva.
Otro dato que no se facilita es el de “absentismo COVID” ni su evolución, ni el peso que esto está teniendo en los datos que maneja la Consejería. Estas familias mal llamadas absentistas, auténticas heroínas, difamadas, señaladas, que resisten a pesar de la presiones y coacciones, que están teniendo un trato desigual en cada centro, quizás están contribuyendo a la versión sesgada que puede dar la Consejería de Educación pues han contribuido a la bajada de ratio sacrificando el derecho a la educación que tienen sus hijos/as por la incompetencia y soberbia de la Consejería de Educación.
En vez de eso, intenta distraernos con actualizaciones de protocolos -como el recién salido del horno, del 8 de febrero- que no hacen sino abundar en falacias como grupos de convivencia, burbujas, compartimentaciones de espacios interiores o dar uso educativo a espacios municipales (página 20 del recién estrenad protocolo), ¿con qué profesorado? Señor Imbroda, si nos esá leyendo, un poco de respeto, no nos insulte ¿de qué sirven más aulas sin docentes? ¿nos toma el pelo?
Isabel Celaá, por su parte, debió dejar de ponerse de perfil y dar instrucciones claras desde su ministerio para que la gestión de la pandemia pusiera en el centro la salud de la comunidad educativa y el derecho a una educación pública de calidad.
