¿POR QUÉ LAS AMPA Y SUS FEDERACIONES NO HAN LLAMADO A VACIAR LAS AULAS?

 

El 19 de enero de 2022 dirigimos una carta a todas las federaciones y confederaciones de AMPA de Andalucía.

En plena sexta ola, con la incidencia disparada, con la enésima versión de protocolos COVID en centros educativos (que curiosamente no dispone la misma actuación para un contacto estrecho si es dentro o fuera de un colegio, pese a ser el mismo virus), con numerosas bajas docentes (muchas más que el año pasado por estas fechas pese a “las cuentas” que hace la Consejería), el consiguiente caos organizativo porque no se están cubriendo (también pese a lo que dice la Consejería), con contagios que no cesan incluso entre alumnado (y en Secundaria donde la mayoría está vacunado), con un sistema de salud colapsado donde la Atención Primaria no da abasto y por tanto, las enfermeras de enlace tampoco… las estructuras que representan a las familias en los centros educativos no pasan de comunicados y manifiestos, alguno reciente como el de la federación sevillana más subido de tono.

¿Y ya está? ¿Vamos a seguir soportando la que está cayendo sin más? ¿Confiando en que pasará como las olas anteriores? ¿Acaso no hemos aprendido ya que las recogidas de firmas, los comunicados, los papeles por registro… sin movilización son inútiles o incluso contribuyen a la desmovilización de los colectivos? ¿Por qué las AMPA, sus federaciones y confederaciones no han llamado a que las familias se movilicen vaciando las aulas de centros donde no hay ni seguridad ni presencialidad de calidad? ¿Qué miedo hay? ¿A la crítica? Lo que molesta a la Administración es lo que visibiliza el conflicto y el descontento social. Y eso es lo que está haciendo falta ya. Por menos, los docentes en Francia se han declarado en huelga y tirado a la calle.

O se exige con contundencia o seguiremos sin las medidas necesarias cuando llegue una séptima ola. El poder que les da la representatividad no se está usando adecuadamente.

Quien nos conoce sabe que somos firmes defensoras de otro modelo de organización de las familias en la escuela, que somos muy críticas con el modelo AMPA y la representatividad, eso inmoviliza no empodera, de hecho, EDC surgió de eso y por eso, pero ya que estas estructuras están, que se note y hagan algo de verdad útil. Representar a las familias es defender sus derechos, los de todas, las de riesgo, las que trabajan fuera de casa, las que teletrabajan, las que están desempleadas, las monomarentales, las monoparentales, las que tienen hijos/as con NEAE y las que no lo tienen. El problema y el pisoteo de derechos es a todas por igual. A un problema colectivo no existen soluciones individuales. Vamos todas en el mismo barco que se hunde, el de la Educación Pública. Esperamos una respuesta: escuelasdecalor@gmail.com.

Aquí abajo la carta dirigida a CODAPA, la mayor confederación de AMPA de Andalucía. Idénticas misivas han recibido las 8 federaciones provinciales y la otra confederación anldaluza (CONFEDAMPA).

 

 

Sevilla, 19 de enero de 2022

 

Nos dirigimos a ustedes como plataforma de familias y AMPA de Sevilla para hacerles partícipes de nuestra posición respecto a lo que está sucediendo en el sistema educativo público andaluz.

Sabemos que como Confederación son ustedes plenamente conocedoras de la realidad a día de hoy en los centros educativos, no sólo por el lugar que ocupan como confederación, sino porque como padres y madres perciben lo que está pasando. Sólo hay que tener un hijo o hija en edad escolar para saber que eso de “los centros son seguros” no es cierto. No lo ha sido nunca en estos dos años que llevamos conviviendo con el SarsCov2. Que podría haber sido peor, quizás sí, pero desde luego, si no lo ha sido, no ha obedecido a la gestión que desde la Consejería se ha hecho, sino por el esfuerzo y la responsabilidad de la comunidad educativa de cada centro.

La sexta ola, con una cepa Ómicron de alta transmisibilidad predominando los contagios, ha sumido en el caos organizativo y sanitario a muchos centros educativos. Las bajas de docentes tras las vacaciones de Navidad han sido muy numerosas, sin sustituciones pese a procedimientos extraordinarios como su gestión telefónica o la cobertura exprés en 24 h. Ello ha redundado en alumnado sin clases en Secundaria y Bachillerato, o subida de ratio por tener que repartir alumnado en Primaria para que no permanezcan en aulas sin maestra/o. Los apoyos al alumnado con NEAE también sufren las consecuencias pues es de este personal del que a veces se tira para cubrir ausencias docentes. Hay ya también muchos niños y niñas contagiándose y llevando la transmisión a sus familias. Y no vamos a detenernos en los cambios en los protocolos, en la duración de las cuarentenas, en las mascarillas, la no bajada de ratio, las temperaturas gélidas y el sinfín de despropósitos que nos acompañan por acción y omisión.

No podemos permitir este escenario por más tiempo, ni siquiera siendo conscientes de que es una situación de tensión sobre el sistema educativo temporal (que se traslada a su vez al sanitario) hasta el paso de la sexta ola y la bajada de contagios. Pueden venir más olas y el derecho a la educación presencial de calidad debe protegerse y garantizarse. No se ha hecho ni se está haciendo.

La Consejería de Educación tiene que percibir nuestro rechazo a su manera de gestionar la COVID en los centros educativos, tienen que tomar nota de que no nos convencen sus anuncios, sus datos, sus “mantras”, sus instrucciones, porque la realidad en las aulas es otra. Nunca debimos tolerar que los centros educativos fueran el único ámbito social donde no ha habido medidas eficaces a la altura de las circunstancias.

Ya no basta con comunicados y notas de prensa, ni con acciones tibias, hay que hacer algo más y les invitamos a que usen su representatividad de las familias de la Pública para llamar al vaciado de aulas en señal de protesta.

Desde nuestra experiencia, las medidas o acciones que se solicitan de la Administración, las preguntas o interpelaciones que se le hacen deben ir acompañadas de tensión y pulso en la calle para que tengan mayor peso. Sin la calle, no oirán nada ni pasarán a tener en cuenta ninguna de las reclamaciones. Lo que les molesta es la visualización del conflicto, que el colectivo afectado se movilice en primera persona, no a través de sus representantes, por muy legítimas que estas sean, en mesas de despacho.

Para ejemplo, no de lucha ni de personas -sería una falta de modestia-, las acciones que se hicieron por la bioclimatización de los centros andaluces desde el año 2017, que hicieron posible la actual Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, ya en BOJA. Ley que, dicho sea de paso, recoge en su artículo 8 la puesta en marcha de medidas que mejoren la calidad del aire interior de las aulas, tan esencial como hemos visto ante un virus de transmisión aérea como el SarsCov2. De ahí que sea tan importante en este contexto exigir que esa ley en vigor se cumpla.

Vaciemos las aulas. Todas las familias son capaces de organizarse para prescindir de la escuela y cumplir sus obligaciones laborales en los periodos vacacionales, también se puede hacer un día. Pierdan el miedo a molestar y convoquen a las familias. El problema es colectivo y sólo desde la colectividad tendrá solución. Quedamos a la espera de la convocatoria.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

 

VOLVER AL COLEGIO CON LA ÓMICRON DESBOCADA, UNA IRRESPONSABLE DECISIÓN POLÍTICA

Consideramos una irresponsabilidad que la vuelta a colegio tras las vacaciones de navidad no se haya aplazado al menos una semana para poder valorar su incidencia entre la comunidad educativa. Seguimos lamentando que nunca se hayan tomado verdaderas medidas, eficaces y basadas en la evidencia científica tras 2 años de pandemia, cuando ha habido certezas que podrían haber guiado las actuaciones en los centros educativos. Alumnado y docentes han sido, junto a sanitarios y personal de geriátricos, los más olvidados durante la pandemia. Se ha primado por encima de la salud, la economía y la necesidad de “conciliar”.

En los centros educativos nunca ha habido distancia de seguridad (la elevada ratio y las dimensiones de las aulas no lo permite), nunca ha habido certeza de que la ventilación era la adecuada, nunca se han hecho test ni rastreos, nunca se ha medido el CO2, nunca se ha filtrado el aire, nunca se ha dotado de EPI seguro a docentes y no docentes, nunca se ha exigido mascarilla FPP2 (obviamente caras para un uso diario y prolongado que exigiría a la Administración ponerlas a disposición de la comunidad escolar), nunca hubo control de qué mascarilla llevaba el alumnado, nunca se ha mantenido un criterio claro y homogéneo sobre qué es “contacto estrecho” cuando de colegios se trata. Los centros educativos no han sido seguros nunca. Ningún espacio lo es al 100% en pandemia, pero desde luego menos lo son aquellos en los que no se toman medidas eficaces.

Ha campado la desinformación, la tergiversación de datos, los mantras de seguridad y el “no mirar para arriba”, ahora que esa expresión es tan conocida para saber cómo actúa la sociedad cuando ve peligrar “la normalidad”. Las evidencias científicas de que este virus es de transmisión aérea son numerosas en la comunidad científica internacional. Hay muchísimos estudios muy serios que lo avalaban desde los primeros meses de la pandemia. Muchos reputados científicos han puesto en foco desde el principio en los espacios cerrados, mal ventilados y con alta densidades: escuelas, trasportes públicos, fábricas, aviones... Todos esos espacios y servicios de los que no se puede prescindir, pero sobre los que tampoco se ha puesto la inversión porque es más sencillo decir que el virus se muere si te lavas mucho las manos y sale más barato a corto plazo.

Lo peor es que no sólo la Administración ha sido irresponsable, sino que la comunidad educativa ha “entrado por el aro”, sigamos usando expresiones entendibles por todas, y las que no lo hicieron, tuvieron que ceder a las presiones, coacciones y soledad de quienes nadan contracorriente. Aquellas familias que decidieron presionar en septiembre de 2020 con el #SinSeguridadNoVolvemos por pedir algo tan simple como presencialidad con medidas acordes a la situación de pandemia, fueron tachadas de absentistas y de vulnerar el derecho a la educación de sus hijos/as. Se vieron solas, porque las AMPA, sus federaciones y confederaciones hicieron declaraciones de protesta (qué menos) pero no pasaron a la acción, no fuera a ser que molestaran a algunas socias o a la Administración que sostiene esas estructuras “representativas”. Habría que haberse negado a entrar en las aulas así y plantar cara a una Consejería negligente. Similar actitud en los sindicatos, salvo honrosas excepciones que intentaron mantener huelgas sin mucho éxito; tampoco entre la docencia se pasa de la protesta estéril en claustros y recreos, máxime con equipos directivos presionados para “aquí no pasa nada, todo controlado o que lo parezca”.

Para sostener la necesaria presencialidad con seguridad hacía falta planificación e inversión, y ni una cosa ni la otra. Y así nos va.

La vuelta al cole puede ser caótica ahora tras las navidades con una variante de altísima transmisibilidad. Faltarán docentes, no tendrán sustitutos/as inmediatamente, el alumnado tendrá que ser repartido en otras clases, las ratios subirán (temporalmente al menos), habrá niños y niñas que se contagien de forma asintomática y quizás transmitan la ómicron del SarsCov2 a sus compañeros/as, docentes y familias. Ojalá nos equivoquemos. ¿Es esta la presencialidad que vamos a aceptar? ¿Dónde quedan en este escenario la equidad y el derecho a la educación y a la salud? Pero eso sí, las empresas recibirán a sus trabajadores/as en tiempo y forma porque habrán podido conciliar gracias a la escuela. No miremos para arriba y que la economía y el sistema se recuperen como si nada pasara. Aprender a convivir con la COVID es esto.

Nada hemos aprendido tras 2 años. Pero porque no se quiere, el aprendizaje siempre es un acto de voluntad. No se quiere ver que las infraestructuras educativas necesitan adaptarse para siempre a estas posibles pandemias y que, al menos en Andalucía, hay una ley de bioclimatización en centros educativos que debería haberse aplicado para ir caminando en esa línea (filtros de aire bien dimensionados, mediciones de CO2, ventilación forzada y/o cruzada). No se quiere ver que volver a las aulas en plena transmisión comunitaria es un riesgo inasumible si no queremos seguir comprometiendo la salud y tensando aún más la colapsada atención primaria. No se quiere bajar la ratio ni invertir en recursos humanos que mejoren la calidad educativa y tapen los “agujeros” del sistema educativo que la pandemia ha hecho más evidentes aún. Desde EDC tenemos claro que no vale cualquier presencialidad.

Nada se ha hecho y nada parece que se vaya a hacer. Seguirán desoyendo las recomendaciones de la ciencia, porque estas críticas que venimos haciendo no las hacemos por ser “mosca cojonera”, permítase la expresión, sino porque vemos cómo personas expertas van en esa línea.

Aún quedan familias desobedientes que optan por "organizarse", como se hace en periodos vacacionales cuando no hay escuelas para conciliar y escriben esto en iPasen: "Buenos días, Mónica no se incorporará a las clases esta semana. Siempre hemos acatado las normas sanitarias que se han ido tomando, tanto desde el gobierno central como desde el autonómico, no sin reservas. Durante las vacaciones de Navidad, la evolución de la pandemia ha sido incontrolable, y sigue estando descontrolada, por ello asumimos la responsabilidad de retrasar la vuelta al colegio de nuestra hija. Seguirá trabajando desde casa. Nos ponemos a su disposición si considera necesario enviarnos cualquier trabajo complementario. Esperamos su comprensión. Muchas gracias

PRESENCIALIDAD A TODA COSTA

 

Sin medición de CO2, sin filtros HEPA, sin mascarillas homologadas y eficientes, sin bajar la ratio, sin distancia social, sin test, sin criterios de cuando hay que confinar a un aula y bajo el mantra de “los centros educativos son seguros”, así se volverá al colegio en plena sexta ola, con una tasa de incidencia disparada. Los refuerzos COVID fueron insuficientes, una medida más disuasoria de la protesta que eficaz, pero este curso 2021-22 se han reducido hasta ser simbólicos.

 

Desde la plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” (EDC) de Sevilla seguimos preocupadas por la manera en que se sigue gestionando la pandemia en el ámbito educativo, a 2 años de convivencia con un virus del que ya se tienen algunas certezas que no parecen tenerse en cuenta cuando de educación pública se trata. Antes que el modelo de queso suizo que aparece en la foto, basado en la combinación de varias capas de protección, aquí nos hemos quedado en el quesito el Caserío.

Si ya hubo una cantidad de casos preocupantes en el final del primer trimestre cuando los contactos sociales del puente del día de la Constitución pasaban factura, ¿qué puede pasar ahora tras las reuniones navideñas con una transmisión mayor y contagios disparados con una variante del SarsCOV-2 de alta transmisibilidad?

Que la presencialidad es esencial para garantizar el derecho a la educación en equidad nadie lo discute ni lo pone en duda, como tampoco que los niños y niñas necesitan ir a la escuela, aprender y socializar con sus iguales. La semipresencialidad fue un fiasco y los recursos tecnológicos no compensan ni sustituyen la relación educativa y humana que se da en las aulas, por supuesto. Pero la verdadera preocupación de quienes toman las decisiones de mantener los centros educativos abiertos no es esta, sino la conciliación laboral. Si no fuera así, las políticas educativas pondrían el acento en medidas que de verdad apuestan por el derecho a la educación, por la equidad y la calidad educativa: inversión, bajada de ratio, atención a la diversidad, más docentes, infraestructuras educativas dignas y un largo etcétera. Y nada más lejos de la realidad.

La comunidad educativa es diversa y las voces son variadas, sin embargo, sólo se da altavoz a las que van en una dirección y que se consideran representantivas de toda la comunidad educativa. Y sí, en sus declaraciones apuntan en la dirección correcta, pero a sabiendas de que la Administración de turno las desoirá e ignorará por enésima vez. Habrán cumplido con decirlo y no irán más allá. Cada una representa el papel que se espera de ella y todas contentas. La comunidad educativa tragará de nuevo con lo que impongan desde arriba, que en el futuro inmediato será presencialidad a cualquier coste.

Desde que llegó la pandemia ha habido familias y docentes críticos, que hemos denunciado que los protocolos eran insuficientes, que han faltado recursos, que no se han cumplido en los centros educativos las medidas que se daban en otros ámbitos, pero todo eso se ha venido callando en aras de la conciliación, y para eso ha sido y es necesario repetir hasta la saciedad el mantra “los centros son seguros”. Se han priorizado la conciliación y la economía sobre la educación y la seguridad.

Pero la escuela no debe ser la herramienta con la que el sistema económico solucione la necesaria conciliación laboral. Es una cuestión feminista, de una sociedad que apuesta por ser igualitaria. ¿Estamos aceptando que los cuidados hay que delegarlos en una institución como la escuela para conciliar pase lo que pase (pandemia) y en las condiciones que sea (valga como ejemplo la precaria atención al alumnado con NEAE por escasez de recursos o la elevada ratio en las aulas)? ¿Cuándo va a solucionar el sistema este problema (existente desde que la mujer se incorpora al trabajo visible) sin “pervertir” la labor educativa de la escuela? ¿Es la función social más relevante de la escuela servir a la conciliación? Como sociedad va siendo hora que reflexionemos sobre estas cuestiones. La conciliación es una trampa más y no se resuelve con equidad porque se use a la escuela para compatibilizar trabajo y cuidados, ni se garantiza el derecho a la educación porque los centros educativos estén abiertos; sólo hay que hacer un estudio comparativo entre escuelas y entre familias de distintas clases sociales para verlo.

Desde que volvimos a la actividad educativa presencial bajo el mantra de que contábamos con protocolos eficaces y que, por tanto, los centros eran seguros, EDC ha venido denunciando que las medidas han sido escasas, casi inexistentes, por no poner a disposición de la educación pública la inversión necesaria y ello se ha traducido en parches y exposición al riesgo de contraer la COVID-19 para toda la comunidad educativa y la sociedad en general. Llegamos incluso a abanderar una campaña de presión bajo el hastag #SinSeguridadNoVolvemos en el verano previo a la primera vuelta al cole tras el confinamiento, que fue apoyada por centenares de familias en solitario acusadas de absentismo y a las que lograron doblegar con amenazas de no evaluación y desatención educativa, sin apoyo expreso de sectores más “oficialistas”. Lo que pedíamos entonces se ha revelado como lo necesario para que los centros sean de verdad seguros y no es algo circunstancial por la pandemia, sino que es hacia donde se debe caminar: bajar la ratio (con los cambios en plantilla y organización necesarios) y garantizar la calidad del aire de las aulas combinando las soluciones técnicas y constructivas disponibles.

El 1 de enero el consejero Javier Imbroda refiriéndose a la vuelta al colegio tenía el cuajo de decir que los centros educativos “habían abierto en peores circunstancias que esta” (https://acortar.link/yNFdSO ), o sea, que de alguna manera reconocía que no había tanta seguridad como se dijo en su momento. Pero allá vamos, ahora se fia todo a unas vacunas que no evitan el contagio aunque sí la gravedad de la COVID y salga el sol por Antequera.

No se está teniendo mirada amplia, ni en sanidad (con una atención primaria colapsada y despidos de personal sanitario), ni en educación, ahora que un virus que se contagia por aerosoles pone de manifiesto la importancia de tener infraestructuras educativas que garanticen calidad en el aire interior de las aulas. Ni siquiera siendo Andalucía la única comunidad autónoma del Estado que tiene una ley de bioclimatización de centros educativos en vigor desde hace más de un año que lo contempla (artículo 8) y que la Junta de Andalucía tiene la obligación de cumplir.

Presencialidad sí, pero con seguridad, y esa es imposible sin rastreos de casos, sin la distancia social que permitiría la bajada de ratio, sin más docentes, sin mascarillas eficaces y bien usadas, sin filtros de aire, sin mediciones de CO2, sin adecuada ventilación. Sin la inversión necesaria, en definitiva. 

La inversión en Educación Pública es lo que garantiza que el derecho a la educación y la equidad se cumplan.