miércoles, 30 de diciembre de 2020

CRÓNICA DE UN DESASTRE ANUNCIADO

 Érase una vez un país donde la educación importaba medio comino. En el año 2020 se declaró una pandemia mundial que llevó a mediados de marzo a cerrar los centros educativos porque la gente se contagiaba a puñados y era necesario “bajar la curva”, o lo que es lo mismo, evitar que los hospitales colapsaran, debilitados como estaban por años de recortes. Nótese: los contagios, entonces, se daban como probables en los centros educativos, de ahí su cierre inmediato.

Esa etapa de educación durante el confinamiento fue toda una experiencia y una constatación de que el sistema educativo, deteriorado por las mismas políticas que el sanitario, tampoco estaba preparado para hacer frente a la situación extraordinaria. En general, el profesorado, como siempre, se echó a las espaldas el sistema; las familias hicieron lo posible por suplir la labor docente; el alumnado que pudo, se lo tomó en serio y descubrió, más allá del instagram, las clases on-line; la Administración educativa no estuvo a la altura, llegó como de costumbre tarde y mal. Una parte significativa se quedó atrás: el alumnado con NEAE y el que carecía de recursos por la brecha de clase social (mal llamada entonces brecha digital).

Algunas ya empezamos a alertar de que esto venía para acompañarnos una laaarga temporada, que el curso empezaría con COVID y que era necesaria inversión para bajar las ratios, contratar docentes y habilitar espacios educativos, todo en aras de mantener condiciones lo más seguras posible en los centros educativos. Manifestación final de curso por un #PlanEmergenciaEducativa imprescindible para el curso 2020-21, ya no valdría improvisar. Notables ausencias.

Verano caliente. Algunas levantando el debate social al respecto y presionando para que la vuelta a clase fuera en condiciones de seguridad. #SinSeguridadNoVolvemos y la Junta de Andalucía amenazando con denunciar por absentismo a las “familias insumisas”.

Las direcciones de los centros se plantan; les duró poco, eso sí, lo que tardaron en tener “seguridad jurídica”. Salvo una honrosa excepción que dimitió. Todas a devanarse los sesos para pintar rayas en el suelo y elaborar el protocolo. ¡Loado sea Imbroda! ¡Documentazo! Donde esté un protocolo aparente, que se quiten la movilización y la denuncia, que son mucho más arriesgadas y costosas.

Otras, representando más a las familias que tenían que “conciliar” y, por tanto, arriesgar la salud, pedían #VueltaSegura, pero si no… pues que sea lo que Imbroda quiera. No sea que haya que apoyar a las “insumisas” extendidas ya por toda Andalucía y darles la razón. ¡Y eso es lo último!

La Consejería boicotea las movilizaciones de principios de curso y, así y todo, el 18-S la huelga educativa fue un éxito porque hubo unidad de toda la comunidad educativa. Todo un verano dando calor daba sus frutos, pero se quedaba en un gesto de protesta desatendido por la Administración. Normal, nos conocen y saben que no vamos a más.

¿Y ahora? ¿Se ha normalizado lo que pasa en los centros educativos? Todo parece indicar que así es. Nótese el cambio de discurso respecto a marzo: ahora los contagios no se dan en los centros educativos, pese a que las condiciones son las mismas que entonces. Las cifras no apoyan el mensaje de que los centros educativos son seguros.

Con los datos que ofrece el gobierno de España, que puede que no sean del todo exactos pues se basan en los que a su vez ofrecen las CCAA, y es manifiesto que dependen de la “gestión” que hacen de los casos sospechosos de COVID, que en los centros educativos -mundo aparte dentro de este mundo pandémico- es la que es, o sea la que interesa que sea (disculpen que les falte el aire al leer), se ve a las claras que la franja de edad donde más contagios aparecen es entre los 5 y 14 años.

Un dato interesante es que esta subida continua de casos en esas edades se produce a partir de mediados de septiembre y el mensaje “oficial” es que los niños y niñas se contagian en el ámbito familiar, porque sus padres tienen reuniones familiares -¡qué irresponsables!- y van a bares y supermercados -¡habrase visto tamaño despropósito!-. Lo curioso es que esta temeridad de los padres y madres también se produjo en verano y que la única variable que empieza a actuar en septiembre es el comienzo del curso escolar. ¿Casualidad o causalidad?

Érase que al principio de curso se iba a aislar a aquellos centros que tuvieran 3 casos de COVID. ¡Horror! Se ve pronto que eso iba a hacer que se cerraran muchos centros. Y como lo mejor del protocolo es que no está escrito en piedra, pues se cambia. Los documentos vivos es lo que tienen…

Luego se piensa en aislar la clase con positivos. ¡Chungo! Se nos va la nueva normalidad al garete y encima no hay permiso para que los padres y/o madres cuiden a la prole en cuarentena.

Mejor aislemos al niño o niña sentado delante, detrás, a la derecha y a la izquierda del caso positivo. Ufff, mismo lío. Lo de la cuarentena es un marrón para la clase currante, incluso si se está teletrabajando, que los niños y niñas “estorban” al rendimiento laboral.

Pues nada, se cambia otra vez el protocolo y nos sacamos un nuevo concepto “contacto estrecho”. ¡Solucionado! Todo esto aderezado con enésimas repeticiones al día de “los centros educativos son seguros” en los medios de comunicación, en las reuniones de padres/madres -telemáticas, eso sí- y en las redes de la Consejería de la Junta de Andalucía, ha dado el resultado cloroformizador necesario.

Pero los datos son tozudos y cantan. Y así lo demuestran los gráficos del Ministerio competente, que hemos animado para mejor comprensión y visualización.


Ahora las mismas organizaciones tibias que hicieron el ruido controlado que acostumbran a hacer lo bendicen y agradecen todo y piden más despacheo, porque todos los contactos que mantuvieron para el inicio de curso fueron muy fructíferos. A la vista está, muy fructíferos para la Consejería que con una cuantas migajas y sus "community manager" a tope difundiendo titulares, se ha metido a todas las “representantes oficiales” de la comunidad educativa en el bolsillo. Pero la realidad de los centros ha sido y es otra.

¿Qué tal si, todas, llamamos a la movilización, no al despacheo que es su terreno, y pedimos medidas de verdad eficaces para que los centros sean seguros? O sea, lo mínimo, inversión y la consiguiente bajada de ratio, contratación docente y que se cumpla la ley de bioclimatización (art. 8.1). Es urgente su aplicación para mejorar la calidad del aire interior de las aulas, sobre todo en aquellos espacios donde la ventilación natural no es suficiente. Quienes nos gobiernan piensan cumplir los lamentables plazos que se dieron al tramitar la ley -18 meses para los primeros pasos-, en su intención de no invertir en lo que no les interesa: infraestructuras educativas públicas. Se mantienen fieles a esos plazos, incluso en tiempos de pandemia cuando la ley se convierte en imprescindible para proteger la salud. Llamar a la movilización es otro atrevimiento, sí. También hemos normalizado que no hay músculo. Ni lo vamos a tener a este paso. Tiene que pasar algo más gordo, dicen…

El contagio se ha dado en el primer trimestre de curso y se dará en los centros educativos, lo niegue quien lo niegue. Y ese “ojo clínico” que afirma con total rotundidad que no se produce en las aulas no puede demostrarlo, como tampoco a la inversa -de eso se valen-, aunque la estadística y esa variable que interviene a partir de la vuelta al cole parece dar la razón a quienes dijimos que los centros serían espacios de riesgo biológico.

#AsíNoDebimosVolver pero parece que vamos a continuar abundando en los errores. Fue un clamor que la educación presencial era necesaria por insustituible -a la semipresencialidad ya dedicaremos otra entrada porque eso tiene migas-, pero debía ser también segura. Y no lo es.

Habrá quien piense que nuestro título es exagerado, porque no hay tal desastre. ¿NO lo es que aún haya niñxs sin ir al colegio y sin atención? ¿No lo son el riesgo cotidiano, el miedo, la incertidumbre? ¿No lo es la semipresencialidad en los cursos superiores de la ESO y Bachillerato? ¿No lo es el robo de tiempo lectivo en el curriculum por la semipresencialidad? ¿No lo es que no en todos los centros haya recursos tecnológicos para paliar ese tiempo? ¿No lo es que haya alumnado de 2º de bachillerato que lleven un estrés añadido a la EBAU? ¿No lo es que el alumnado NEAE siga en situación educativa precaria? ¿No lo es el avance de la Concertada frente a la cada vez más vapuleada Pública? ¿No lo es que los refuerzos COVID sean tan escasos que no han permitido bajar la ratio? Suele pasar que si esperabas la muerte y sólo te despellejan lo des por bueno -parafraseando a J.L. Sampedro- pero esto es un desastre. Y pudo haberse evitado.

Volvemos al principio de esta entrada, en España la educación importa medio comino. El otro medio es lo que importa la comunidad educativa: alumnado, docentes y familias. Lástima que sólo unas pocas lo veamos así. 

Feliz 2021 y suerte.

miércoles, 21 de octubre de 2020

LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN PREVIENE LA COVID EN LAS AULAS Y NO SE APLICA


 

Andalucía tiene una ley en BOJA desde el mes de julio que no se aplica y que contiene una medida eficaz para el control del contagio por SarsCov2 en las aulas. Se trata de la ley de Bioclimatización que impulsaron las familias de la plataforma Escuelas de Calor y en la que participaron otros agentes sociales tras las protestas iniciadas por la plataforma en 2017. La Junta de Andalucía intenta disfrazar las medidas del plan anual de infraestructuras como si fuesen la aplicación de esta ley, pero dicho plan, anterior a la aprobación de la citada ley, nada tiene que ver con ella aunque incida en algunos centros con medidas de climatización.

 

Costó 3 años de lucha, pero se logró. El pasado 3 de junio se aprobó por unanimidad en el Parlamento Andaluz la “ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables”. Fue un hecho histórico por varios motivos: por ser la primera vez que una ley nacida de la protesta social llega al BOJA, por ser una ley presentada por la oposición parlamentaria, por ser pionera en su contenido… pero lo más importante aquí y ahora es que posee las claves que pueden prevenir el contagio de la COVID en las aulas.

 

En su artículo 8.1. dice que “las actuaciones sobre las edificaciones educativas tendrán como objetivo la renovación del aire”. Nos preguntamos, ¿cuándo prevé la Junta de Andalucía ponerse manos a la obra con esas actuaciones? Cumplir la ley es su obligación y responsabilidad, pero ahora es además una necesidad sanitaria pues a la vista está que los contagios en los centros educativos no cesan y superan incluso los que se dan en el ámbito sanitario, según los datos publicados recientemente por el Ministerio.

 

La gestión de los positivos está siendo pésima e intentan que no cunda la alarma con falta de transparencia y controlando la información, pero así y todo no se puede negar la realidad, los centros educativos son focos de contagio por falta de medidas eficaces y recursos. El tiempo ha dado la razón a quienes lo denunciamos durante todo el verano.

 

El contagio por aerosoles del SarsCov2 es ya una realidad aceptada por la Ciencia y la aplicación de la Ley de Bioclimatización puede mitigar el riesgo. Además, los estudios de la calidad del aire interior de las aulas han demostrado que sus niveles de CO2 superan de largo los límites de lo saludable y con él la cantidad de aerosoles a que están sometidos nuestras/os escolares y sus docentes. Pasan 5 horas diarias en estas condiciones, incluso comen en las aulas. La ventilación con las ventanas abiertas en insuficiente. Si a esto añadimos que pronto las temperaturas y las lluvias desaconsejarán permanecer con las ventanas de las aulas abiertas, ¿a qué están esperando para aplicar soluciones al menos en esto, ya que no han tomado las necesarias en cuanto a bajada de ratio, ampliación de plantilla necesaria y distancia social?

 

La ley está en vigor desde el 14 de julio pero Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, nada ha hecho ni para su desarrollo reglamentario, ni para la evaluación y auditoría de los centros, ni para iniciar las actuaciones edificatorias que, en lo referido a la renovación del aire, son urgentes e imprescindibles si de verdad importa la salud de nuestra infancia y la laboral de las trabajadoras y trabajadores de los centros educativos.

 

Si como ha dicho en el debate del estado de la comunidad le preocupa la sostenibilidad, ahora tiene la oportunidad de demostrarlo más allá de la demolición de El Algarrobico, a lo que lo obliga una sentencia judicial. La comunidad educativa espera que destine recursos a convertir los centros educativos en espacio saludables sea en sus aulas o en sus patios, en los que trabajar o educarse no sea exponerse al SarsCov2 y a estrés térmico. Tiene una herramienta en sus manos: la ley de bioclimatización. Una manera, además, de generar empleo, mejorar el medioambiente urbano y reactivar la economía en tiempos tan duros para la sociedad andaluza como los que estamos atravesando. Pónganse ya manos a la obra. 

viernes, 9 de octubre de 2020

40.000 FIRMAS POR EL BLINDAJE DE LOS RECURSOS PARA LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO


 

El pasado 7 de octubre, en el pleno Parlamento Andaluz, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox se tumbó la admisión a trámite de una modificación legislativa para mejorar la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en la Educación Pública andaluza. El gobierno andaluz ha optado por llevar este asunto por decreto, según informó Miguel Ángel Ruiz -el portavoz de Educación del PP- a dos portavoces de Escuelas de calor antes del debate plenario. Las familias que desde varias provincias de Andalucía hemos participado en el proceso para presentar la propuesta que ayer llevó a Pleno Adelante Andalucía vamos a recoger 40.000 firmas para llevar al Parlamento una Iniciativa legislativa Popular para blindar los recursos NEAE.

Las familias no estamos dispuestas a que esto se haga a nuestras espaldas. Queremos participar porque son los derechos de nuestros hijos e hijas los que están en juego. Y puesto que la ley 5/1998, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos nos da el marco para hacerlo, lo vamos a solicitar. Vamos a cumplir los requisitos que nos pone esa ley y vamos a recoger 40.000 firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular para Blindar los Recursos NEAE.

 

Somos muchos los colectivos y organizaciones que hemos participado y apoyado el blindaje necesario para que las familias no tengan cada año que mendigar -porque eso es lo que hacen de despacho en despacho- los recursos que corresponden por derecho a sus hijos e hijas con necesidades específicas de apoyo educativo. Pero los partidos que apoyan al gobierno andaluz dieron al traste con este derecho ayer con tan solo apretar el botón del NO.

 

Es triste que después de reconocer que la inclusión es una necesidad en aquella comparecencia de nuestra plataforma ante la comisión parlamentaria por el pacto educativo, sean incoherentes con su voto, lo que no puede tener otra explicación que la de que este blindaje cuesta dinero, cuesta la inversión que no quieren hacer en la Educación Pública. Los recursos existen, hay PTIS (Personal Técnico de Integración Social), hay maestros/a de PT (Pedagogía Terapéutica), hay AL (especialistas en Audición y Lenguaje), hay Mediadores comunicativos e Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSE), igual que existen Equipos de Orientación Educativa (EOE); no hay enfermería escolar pero debería haberla. Todo está creado, pero infradotado o ausente. Ya basta, esto debe cambiar porque los profesionales no pueden seguir trabajando en estas condiciones, ni este alumnado puede estar desatendido por más tiempo. Tienen que ocupar su lugar en la sociedad y para ello necesitan el lugar digno que les corresponde en la escuela, primer paso para la inclusión real.

 

Iniciamos desde ya la movilización y la recogida de firmas por una Inclusión educativa real con las familias de toda Andalucía que nos hemos unido por esta causa. Esperamos tener el apoyo de todas las organizaciones que apoyaron y/o construyeron la propuesta de ayer en el Parlamento andaluz.

domingo, 4 de octubre de 2020

MODIFICACIÓN LEGISLATIVA PARA BLINDAR RECURSOS A LAS NEAE

A primeros de año se gestó esta modificación de la ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación para blindar el tipo y cantidad de recursos en relación a la ratio de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que hay en los centros educativos, en un intento de que este alumnado reciba atención educativa de calidad y de que su profesorado especialista y personal de apoyo (P.T., A.L., PTIS, ILSE, mediadores/as comunicativos...) tenga condiciones laborales adecuadas para desarrollar su trabajo. Es lo que les correponde por derecho.

La propuesta resultante de la participación de sindicatos, plataformas de familias y AMPA, colectivos docentes... se registró en julio como propuesta del grupo parlamentario Adelante Andalucía.


Y el 7 de octubre subirá a pleno para su admisión a trámite. Si el gobierno de PP y Ciudadanos vota en contra, todo el trabajo colectivo habrá sido inútil y, lo que es peor, se habrá perdido una oportunidad de acercarnos a la inclusión educativa real, pues esta no es posible sin recursos humanos y materiales.

Es por ello que desde Escuelas de Calor registramos el jueves 1 de octubre una petición a los grupos PP, Ciudadanos y PSOE para que voten a favor de la admisión a trámite de esta propuesta de modificación legislativa. 


Ahora podremos comprobar si de verdad creen en la inclusión educativa y si son sensibles a las peticiones que les están llegando desde toda la comunidad educativa. 

Si votan NO, no estarán diciendo NO a Adelante Andalucía, que no es sino la herramienta que ha llevado esta necesidad al Parlamento andaluz, sino que estarán diciendo NO a toda la comunidad educativa y estarán dejando en la estacada al alumnado más vulnerable de nuestro sistema educativo cuyas posibilidades de desarrollo integral y en equidad con sus iguales depende de tener los apoyos que necesitan. 

Los derechos sobre el papel no sirven para nada si no se da oportunidad de ejercerlos. Y es a los poderes públicos a quien compete poner los recursos necesarios para que ello sea posible.

Habrá mucha, mucha gente observando desde toda Andalucía qué pasa el miécoles 7 de octubre en el Parlamento andaluz. 

#EducacionInclusivaReal

#BlindarRecursosNEAE



ESCRITO A LA ASOCIACIÓN JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA


Hemos dirigido a la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia este escrito junto a nuestras compañeras de Cádiz, Córdoba y Málaga. Puede ser sólo un gesto, pero es bueno que este despropósito se conozca en instancias judiciales.


Muy señoras/señores nuestras/os,

Somos madres y padres que tenemos a nuestros hijos e hijas escolarizados en la educación pública de la Comunidad Autónoma andaluza, concretamente de las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla.

Estamos organizadas en plataformas para la defensa de una educación pública, de calidad y segura, unas con más trayectoria en el tiempo que otras, pero que nos hemos coordinado en nuestro activismo desde que vimos cómo se planteaba la vuelta a las aulas en el curso que ahora comienza, en plena pandemia y cuando las autoridades sanitarias de dentro y fuera de nuestro país muestran una seria preocupación por el repunte de la COVID-19. Ya se habla de segunda oleada más que de brotes aislados y la tasa de contagio por cada 100.000 habitantes supera con creces la recomendada para volver a la actividad educativa presencial en las escuelas. Así y todo, hemos vuelto.

El confinamiento del estado de alarma nos obligó a cerrar todos los centros educativos y a adaptarnos de manera inmediata a una educación a distancia que hubo que improvisar de viernes a lunes, literalmente.

Durante ese proceso de educación confinada, las familias tuvieron que simular labores docentes con sus hijos/as, tutorizar sus tareas, poner a disposición de las actividades escolares sus pocos o muchos recursos tecnológicos e intelectuales. De igual manera, el profesorado tuvo que organizarse con sus propios medios para que el proceso de enseñanza se resintiera lo menos posible y su alumnado continuara teniendo una rutina “escolar” diaria en sus hogares.

Fue complicado, pronto se vio que el sistema educativo, pese a años de programas TIC, no estaba preparado para la teleformación, ni muchos/as docentes manejaban herramientas digitales, ni había plataformas en la mayoría de los centros educativos, ni todas las familias estaban preparadas para esta nueva etapa, ni tenían los dispositivos electrónicos necesarios para que sus hijos/as (algunas con más de un escolar en casa) siguieran conectados con sus profesores/as. En demasiados casos era el teléfono móvil o un ordenador compartido, incluso con el teletrabajo de los progenitores, toda la tecnología disponible.

La brecha social se manifestó en toda su crudeza y la desigualdad fue la nota dominante de esa etapa, un porcentaje significativo del alumnado se quedó atrás, su proceso de enseñanza-aprendizaje se interrumpió bruscamente, y ello afectó al alumnado más vulnerable por su origen socioeconómico y/o por tener necesidades específicas de apoyo educativo (discapacidad).

Es por ello que, desde finales de curso 2019-20, ya alertábamos de la necesidad de planificar el curso 2020-21 con rigor, partiendo de las necesidades detectadas y previendo que estaríamos aún con la COVID-19 entre nosotras. Ya hablábamos de inversión en la Educación Pública, de la necesidad de contar con más docentes para recuperar aprendizajes y bajar la ratio, de adaptaciones curriculares, de la necesidad de más infraestructuras educativas, etc. No puede olvidarse que el sistema educativo está debilitado, que las ratios han ido subiendo, las plantillas docentes han sido recortadas, hay servicios educativos privatizados, la atención a la diversidad es deficiente, los presupuestos de funcionamiento de los centros educativos han ido disminuyendo, etc. Todo producto de políticas de recortes y deterioro de lo público que vienen denunciándose por parte de la Marea Verde hace muchos años ya.

El adelanto del repunte de la COVID-19 -que no ha llegado en otoño y con los primeros fríos, sino en pleno verano-, así como el mayor conocimiento científico sobre las medidas necesarias para evitar el contagio, han venido a poner de manifiesto que las reivindicaciones que dábamos por imprescindibles por motivos pedagógicos, algunas históricas, lo son ahora también por motivos sanitarios y de salud pública.

El Gobierno y las comunidades Autónomas han decretado ya diferentes leyes que suponen, entre otras, el cumplimiento de algunas normas de seguridad para evitar la transmisión, como puede ser el uso obligatorio de las mascarillas tanto en espacios interiores como exteriores en mayores de 6 años y el aforo limitado en espacios públicos, que son de obligatorio cumplimiento, además de diferentes recomendaciones, como el distanciamiento social de 1,5-2 metros y el no agrupamiento de más de 10 personas en espacio públicos, esto último ha sido endurecido a no permitir reuniones de más de 6 personas en Andalucía.

Estas normas y recomendaciones se basan en el conocimiento científico, pues se ha demostrado ya que el SarsCov-2, al igual que otros coronavirus, se transmite no solamente vía góticulas, sino también vía aerosoles en los que también se encuentra carga vírica (Hamner, 2020; Liu, Ning, Chen, Guo, Liu, Gali, Sun et al., 2020; Morawska y Milton, 2020; Stadnytskyi, Bax, Bax y Anfinrud, 2020). En este sentido, diferentes científicos destacan 6 principales factores o elementos que aumentan el riesgo de transmisión del virus, a saber: el estar en espacios cerrados, mala o inexistente ventilación para el recambio de aire, el no uso de la mascarilla, el alto número de personas en dicho espacio (imposibilitando guardar el distanciamiento social), el hecho de que se hable mucho y/o alto en dicho espacio (lo que supone mayor exhalación del virus), y el hecho de pasar mucho tiempo en dicho espacio. Por ello, una de las recomendaciones que hace la OMS es efectuar en espacios abiertos las máximas actividades que anteriormente se hacían en espacios cerrados. Sin embargo, cuando eso no es posible, se hace primordial que los espacios cerrados estén bien ventilados, el uso en dichos espacios de filtros HEPA en los que se quede atrapado el virus, el uso de las mascarillas (aunque con poca claridad en cuanto a qué especificaciones técnicas debe tener) y el mantenimiento de la distancia de seguridad. 

Si repasamos los 6 factores de riesgo citados, que incrementan los niveles de virus en el aire y hacen más fácil su transmisión, se evidencia cómo un aula de infantil, primaria o secundaria, en condiciones normales, se vuelve un lugar de alto riesgo de contagio. De ahí que las familias nos hayamos posicionado en contra de que nuestros hijos e hijas vuelvan a la educación presencial sin seguridad y hasta que la Consejería de Educación tome las medidas necesarias.

¿Y qué ha hecho la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en todo este tiempo desde que acabó el curso pasado? Prácticamente nada, y lo poco que ha hecho, tarde y mal.

El 6 de julio, la Viceconsejería saca unas Instrucciones relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, que obtuvo una rápida respuesta por parte de centenares de direcciones de centros educativos a lo largo de toda Andalucía que expresaron a través de comunicados que las instrucciones eran inviables por falta de recursos humanos y materiales y que no podían garantizar un entorno escolar seguro.

Posteriormente, la viceconsejería publica un decálogo y un documento aclaratorio de todas las dudas suscitadas por aquellas instrucciones y empieza la ofensiva contra las familias que nos habíamos posicionado en un llamamiento a vaciar las aulas los primeros días de curso como medida de presión para poner el foco en lo que consideramos una vuelta al cole temeraria e irresponsable.

En el citado documento, se amenaza a las familias con iniciar el protocolo de absentismo escolar con las consecuencias civiles y penales que ello implica (multas, cárcel o retirada de la patria potestad). Asimismo, se niega la atención educativa a distancia para el alumnado cuyas familias estén optando por proteger su salud sacrificando la educación presencial; esto es casi más preocupante que lo anterior, pues quizás el absentismo no puedan demostrarlo nunca, pero privar a nuestros hijos e hijas de la evaluación (perderían el año escolar) es una manera de presionar e imponer a las familias la vuelta a las aulas por encima de sus decisiones como padres y madres en el uso de su responsabilidad. Se nos veta la justificación de las ausencias de nuestros/as hijos/as con el documento que hemos preparado para todas las familias que lo deseen utilizar y se flexibiliza el comienzo de curso para minimizar la legítima protesta social (vaciado de aulas por parte de las familias y huelga estudiantil).

Recientemente ha sido publicado un informe de la Abogacía del Estado que aclara algunos supuestos pero que no descarta que las denuncias por absentismo prosperen en algunos casos previo estudio de sus circunstancias particulares por parte de la judicatura.

Nuestras denuncias públicas son claras y objetivas al igual que nuestras reivindicaciones:

- Los protocolos COVID para organizar el arranque y desarrollo de curso escolar 2020-21 no han sido elaborados por personal experto y ni siquiera cuentan con visado o inspección técnica, sino que son los propios equipos directivos -todos docentes, no epidemiólogos ni técnicos de PRL- los que los han realizado con una formación online de apenas 10 horas de duración. En ellos no hay medidas de calado como sí se establecen en otros ámbitos de la vida social porque no son posibles sin inversión, habilitación de espacios para uso educativo y contratación de personal docente y no docente (sanitario, de limpieza y servicios).

-  -No se ha bajado la ratio, lo que impide que haya la distancia social de seguridad recomendada en las aulas.

-    - No se ha contratado la cantidad de docentes necesarios para desdoblar los grupos-clase con ratio alta.

-    - No hay mecanismos de ventilación y recambio de aire en las aulas, pese a que el contagio por aerosoles tiene cada vez más apoyo entre la comunidad científica.

-  - No se garantiza la limpieza e higienización de los pupitres y espacios de los centros educativos durante la jornada escolar.

-    - No hay personal sanitario en los colegios e institutos que pueda valorar la sintomatología que pueda producirse en algún niño/a o persona adulta durante el tiempo lectivo.

-   - No se han habilitado espacios para uso educativo que puedan complementar las insuficientes infraestructuras escolares.

-   - Los criterios de actuación cuando se dan positivos en las aulas han ido cambiando desde el aislamiento de todo el grupo-clase, a sólo el alumnado/profesorado de “contacto estrecho” (alumno sentado delante, detrás, derecha e izquierda) con el positivo y ya vamos por sólo el positivo, sin duda para que la alteración de la actividad lectiva en los centros sea la mínima.

Consideramos que hemos hecho lo que como padres y madres era nuestro deber, denunciar la gestión demencial e irresponsable de la vuelta a las aulas, porque si estamos obligadas a llevar a nuestros hijos e hijas de 6 a 16 años a los centros educativos, también lo estamos a proteger su integridad física y su salud.

Pero la respuesta de la administración educativa andaluza nos deja en una situación de absoluta indefensión -sea por denunciarnos por absentismo, sea por negarse a la atención educativa a distancia de nuestros hijos e hijas en lo mínimo: comunicación de tareas y evaluación de control y trimestral- y vulnera el derecho a tomar decisiones sobre nuestros hijos e hijas, que deben ser respetadas siempre que no vayan en contra del bien del menor, y en este caso nuestra decisión es hacer prevalecer su salud sobre una educación presencial que la pone en riesgo.

Por tanto, apelamos a su criterio como parte de la judicatura para que, como colectivo  competente en administrar la justicia -que será posible con la ejecución de las leyes en beneficio del interés general y la igualdad- adopten alguna medida que haga a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía asumir la responsabilidad que como poderes públicos tienen a fin de  dotar a las aulas y a los profesionales de la Educación de los recursos  necesarios para el ejercicio del derecho a la Educación de forma presencial, protegiendo la salud e impidiendo la exclusión y la brecha  social. Les agradeceríamos también que nos informaran si la actitud de dicha Consejería podría ser calificada como coactiva, intimidatoria e improcedente en un Estado social y democrático de Derecho.

Sin otro particular y en espera de sus noticias, les saludan atentamente,

AMPA Cádiz

AMPA En Pie (Málaga)

Escuelas de Calor (Sevilla)

Grupo Activo de vuelta al cole segura (Puerto Real, Cádiz)

Niñ@s del Sur (Córdoba)

 

miércoles, 9 de septiembre de 2020

AMPLIAMOS VACIADO DE AULAS HASTA EL 18-S

 


Consideramos una vergüenza que la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía intente boicotear e invisibilizar la protesta de las familias que se plantan ante su ineptitud y dejación de responsabilidades para la vuelta al colegio flexibilizando el calendario escolar los primeros días de curso. 

En lugar de oír el clamor popular que le pide bajada de ratio, contratación docente y medidas reales y eficaces para que el entorno escolar sea lo más seguro posible, para lo que hace falta la inversión que no quieren hacer en Educación Pública, la Consejería capitaneada por el fallido Javier Imbroda flexibiliza los 4 primeros días de curso en Primaria. Con ello sin duda pretende minimizar el alcance del llamamiento a vaciar las aulas que han hecho desde Escuelas de Calor y las plataformas similares de Málaga (AMPA En Pie), Cádiz y Córdoba (Niñ@s del Sur). 

Es vergonzosa esta actitud soberbia de una administración educativa que incumple con sus obligaciones y vulnera el derecho a la educación de los niños y niñas andaluces, a la vez que expone a toda la comunidad a una situación de riesgo cotidiano para la salud. Inadmisible.

Desde las familias se ha visto como una oportunidad de alargar la protesta puesto que no se normalizará la asistencia hasta el 16 de septiembre en adelante. Es un chantaje vil pues sabemos que la necesidad de conciliar es lo que más dificulta a las familias secundar esta protesta. No vamos a cejar en nuestra denuncia ni en nuestras intenciones de vaciar las aulas. 

Que haya más o menos seguimiento de la protesta no invalida los motivos de la misma, ni limpia la deplorable gestión de la Junta de Andalucía en la planificación del curso 2020-21. Eso ha quedado puesto de manifiesto en cada instrucción, circular o decálogo que han sacado para abundar en los errores de esta chapuza de vuelta a las aulas.

La Consejería tiene a toda la comunidad educativa enfrente. Incluso si el curso arrancase con “normalidad”, los casos positivos y las cuarentenas que inevitablemente van a suceder evidenciarán que las medidas tomadas no son las adecuadas. Habrá responsables de ello y no seremos las familias.

Extendemos el vaciado de aulas hasta el 18 de septiembre, día de huelga general educativa convocada inicialmente por CGT y a la que se han unido USTEA, CC.OO., CNT y Docentes por la Pública, a la que mostramos total apoyo pues es necesario que todos los sectores de la comunidad educativas rememos en la misma dirección. También apoyamos la convocatoria del Sindicato de Estudiantes de huelga para los días 16 y 17 de septiembre. Y el 12 de septiembre estaremos en las calles con la Marea Verde.

Llegadas a este punto, hay que mantener la presión. En función de las respuestas de la Consejería iniciaremos nuevas medidas y movilizaciones. 

martes, 25 de agosto de 2020

MATAR AL MENSAJERO

 



Es un clásico. Cuando una organización o una persona se vuelve incómoda para el poder establecido lo fácil es desviar la atención de su mensaje y centrarlo en quien lo emite.

Si el mensaje denuncia incongruencias, malas prácticas, corrupción, faltas procedimentales, delitos, dejación de responsabilidades, mala gestión… lo que interesa es que quien ha puesto al poderoso a los pies de los caballos se vea como alguien de poca credibilidad o que tiene intereses ocultos y personales. Sembrar la duda razonable y ya está.

Eso pasó con Escuelas de Calor cuando nació en 2017. Y ya entonces se nos acusó de estar politizadas y manejadas por un partido político. Había que matar al mensajero. Fuimos incómodas a la Federación provincial porque demostramos su inutilidad para defender los intereses de las familias que estábamos denunciando la calor en las aulas. Y fuimos muy incómodas al gobierno andaluz de Susana Díaz (PSOE) pues quedó demostrado que no tenía voluntad alguna de solucionar ese problema; lo demostró con sus rácano Plan de Choque y sus parches del Plan de Climatización, votando NO a la admisión a trámite de la ley de bioclimatización, poniendo obstáculos durante toda su tramitación y adelantando las elecciones para dejar caer una ley que iba a tener que firmar en BOJA votada a favor por toda la oposición.

Ahora vuelven a cargar con lo mismo. Esta vez estamos siendo incómodas al gobierno de PP-Ciudadanos en la Junta de Andalucía y al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda. Y nuevamente hay que matar al mensajero. Esta vez estar politizadas sube de nivel, ya somos extremistas de izquierdas. Somos las mismas, no hemos cambiado, seguimos defendiendo la Educación Pública y quitando máscaras.

Lo importante es desviar la atención del mensaje. ¿Y saben por qué? Porque lo que decimos es cierto. Lo era en 2017, el calor en las aulas no les importaba, no importaba que los colegios e institutos fueran los únicos edificios públicos sin climatizar. Y lo es ahora, no han tomado medidas adecuadas y extraordinarias para una vuelta al cole segura. No les importa que la comunidad educativa sea foco de contagio y enferme, les preocupa mucho más ahorrar inversión. Porque el problema no es la magnitud y la complejidad del problema, sino lo que cuesta.

Y para que la gente no vea eso, es mejor distraerla con pamplinas. Es mejor desacreditar al movimiento de familias y hacerlo aparecer como algo desvirtuado y perverso, radical, extremista y de “izquierdísima”. Lo peor de lo peor.

No se dan cuenta que la gente no va a mirar el dedo porque tiene muy claro que lo que importa es la luna. La salud de nuestros hijos e hijas está en juego, la de nuestros mayores que conviven en casa o cuidan a nuestra prole mientras trabajamos, la de los docentes y demás personal que trabaja alrededor de la escuela.

Y nada, ningún señuelo, va a poder tapar su incompetencia y su inoperancia. Ni siquiera si fuera verdad que el mensajero es de extrema izquierda podrán decir que lo que está denunciando falta a la verdad. El calor no hacía distinciones políticas, como no las hace el coronavirus.

No han hecho NADA en 5 meses para ofrecer a la comunidad educativa andaluza unas mínimas condiciones de seguridad en las aulas, nos quieren meter en espacios de riesgo de contagio del SarsCov2, caiga quien caiga. Esa es la catadura ética de quienes nos gobiernan. Y eso es un hecho objetivo e incontestable a juzgar por su manera de proceder. Y lo es, lo cuente quien lo cuente.

Y de lo que pase a continuación en la educación pública andaluza, tanto si los centros educativos  arrancan en condiciones de presencialidad sin bajar ratio ni tomar las medidas de seguridad necesarias, como si vulneran el derecho a la educación optando sólo por la enseñanza online, sólo habrá unos responsables: los poderes públicos que no hicieron sus deberes. No busquen culpables fuera.

lunes, 24 de agosto de 2020

¿CLARIVIDENCIA? NO, EXPERIENCIA.

 


Esta entrada nos cuesta escribirla, no lo vamos a negar. Y nos cuesta porque no nos gusta dar cuartos al pregonero, pero es que antes de que se monte el relato, que es lo que muchas van buscando, bien está que dejemos las cosas claras. Vamos por partes.

En abril ya se sabía que septiembre iba a llegar (no hay precedentes de que el tiempo se pare), ya se sabía que no habría vacuna (lo decían las científicas), ya se sabía que el virus estaría entre nosotras y ya se sabía que habría que comenzar el curso 2020-21.

A estas certezas sumamos otros dos aspectos que la experiencia de la educación confinada hizo evidentes: uno, que la educación presencial es imprescindible porque nada sustituye la riqueza de la situación educativa y convivencial de un aula, y dos, que el sistema educativo está tan debilitado tras años de políticas de recorte y desmantelamiento que no ha sido capaz de responder con equidad a todo el alumnado -se quedaba atrás el que tiene NEAE y el que no contaba con recursos tecnológicos- y tampoco el profesorado ha contado con mimbres para afrontar la situación sin poner TODO de su parte (tiempo extra, imaginación y sus propios recursos).

Todo eso se sabía, por eso ya en ese trimestre final de curso se mascaba la tragedia y desde los distintos sectores de la comunidad educativa ya se pedía que se planificase el curso 2020-21 para hacer frente al escenario previsible. Escuelas de Calor tiene entradas del mes de abril en este blog donde ya hablamos de bajada de ratio y refuerzo de plantilla docente. Es tan de cajón…

¿Qué se ha hecho por parte de los diversos actores de este sainete?

La Consejería de Educación se centra en primer lugar en montar la segunda edición del fracasado Plan de Refuerzo estival, sin duda como ensayo de la obra “Vuelta al cole con normalidad” que quería estrenar en septiembre; hubo contagios, pocos, pero en un plan de tan reducido alcance la estadística jugaba a su favor. En mayo, Imbroda dice que ve inviable bajar la ratio (también respondimos a eso aquí https://somosescuelasdecalor.blogspot.com/2020/05/bajar-ratio-es-inviable-imbroda-dixit.html). En junio, la Junta de Andalucía dijo que había que volver a las aulas con normalidad (nuestra respuesta https://somosescuelasdecalor.blogspot.com/2020/06/volver-la-normalidad-de-ninguna-manera.html) y rechazaba la propuesta de la ministra Celáa de ratio de 15 alumnos/as -visto lo que duró, la hizo con la boca chica-. Ya entonces dijimos que no íbamos a volver así porque no íbamos a exponer a nuestros hijos e hijas. Y en julio viene su golpe final, las instrucciones del 6 de julio que destapa la caja de los truenos.

Escuelas de Calor reunida en asamblea el 10 de julio decide poner en marcha la campaña #SinSeguridadNoVolvemos que ha mantenido tooooodo el verano en pie, con enorme repercusión mediática y en coordinación con plataformas hermanas que ya existían (Córdoba) o que se han generado a raíz de la vuelta al cole (Málaga y Cádiz). Las familias libremente se van sumando en otras provincias, incluso de fuera de Andalucía.

Las direcciones de los centros educativos alzan la voz, con valentía y sus nombres y apellidos por delante. No recordamos precedentes. Las instrucciones son inviables, no pueden garantizar un entorno escolar seguro, no se les dan recursos para ello. El más valiente, el equipo directivo del CEIP Clara Campoamor de Bormujos, dimite. Efecto dominó en otras provincias.

Surgen movimientos que, enarbolando la libertad y hasta la solidaridad, piden que cada familia elija voluntariamente si llevar a su hijo al cole o quedárselo en casa, así bajará la ratio yendo al colegio la prole de quienes no pueden conciliar cuidados y vida laboral. Respetable, pero no fue nuestra postura y lo explicamos (https://somosescuelasdecalor.blogspot.com/2020/08/flexibilidad-educativa-luces-y-sombras.html). Queremos educación presencial para todos y todas pero con seguridad (https://somosescuelasdecalor.blogspot.com/2020/07/sinseguridadnovolvemos-pero-queremos.html).

Mientras tanto, la Consejería nos ha amenazado, mucha gente ha callado, otra nos ha insultado, otra nos ha querido desacreditar con acusaciones de “estar politizadas” o ser de extrema izquierda (el último cartucho ya…). Cuando van perdiendo, cuando lo que se pide es justo, de sentido común y de lo común, intentan dividir, debilitar y llevarnos al fango, siempre con silencios cómplices y con medios de comunicación serviles. Nada nuevo, ya pasó en 2017 cuando la lucha del #AulasSíSaunasNo por la climatización de los centros educativos. Algo estaremos haciendo bien.

El Ministerio del perfil, en un laissez faire indolente. No ha dado directrices mínimas que hubieran tenido que seguir las CC.AA. y que hubieran puesto orden en los 17 escenarios diferentes. Estamos ante una situación excepcional y, sin embargo, se ha dejado que se organicen despropósitos como el de Andalucía. 

¿Y nuestras representantes? ¿Qué han hecho la CODAPA, la CONFEDAMPA y las Federaciones provinciales? Comunicados, exigir desde redes, sentarse a representar -en el amplio sentido del término- en despachos de gente VIP, ponerse de perfil porque tienen que representar a todas las familias, a las que quieren llevar a sus hijos e hijas al cole también (curioso que ellas sean más dignas de su respaldo que las que no los queremos llevar sin seguridad, que optamos por luchar y también somos AMPA federadas). 

Nada de movilizar a las AMPA, tibias, observando, ni siquiera cuando la soberbia de la Consejería nos amenaza con los Servicios Sociales e iniciar el protocolo de absentismo (con la excepción de alguna federación provincial que sí ha ofrecido asesoramiento jurídico). Cuando ven que las familias les vamos a pasar por encima, anuncian que van a tener que convocar movilizaciones. Y -¡oh, sorpresa!- las arropan, los de siempre, el favor es mutuo, ellas saben quiénes son porque su vínculo es viejo.

Ahora viene el último acto, ahora que el terreno está abonado, ahora que es un clamor a nivel nacional que la vuelta al colegio no se está haciendo bien, ahora sí toca posicionarse porque ahora ya se sabe la posición de éxito, esa en la que no se verán solas. Ahora vendrán las fotos poniéndose por delante, haciendo ver que lideran, que son útiles porque se van a reunir con fulana o mengano, gente de altura. Habrá foto. Porque con CIF se llega a los despachos, pero ha quedado demostrado que la lucha se gana allí si se ha ganado en la calle, y se la vamos a dejar a punto caramelo para que la ganen.

No importa, nacimos por eso, por no sentirnos representadas, y sabemos que es necesario luchar desde abajo, organizadas, porque da resultado. Y les fastidia, tanto les fastidia, que ni siquiera apoyan al movimiento de ciertas familias en sus redes. Pero no importa, cada una sabe qué papel ha jugado en este proceso.

Así que..., preparadas. Lo que la Junta de Andalucía ha querido desde el primer momento ha sido ahorrar inversión y para ello nada mejor que la enseñanza online. A eso nos llevan. Eso sería vulnerar el derecho a la educación de todo el alumnado de Andalucía. Porque no todos los niños y niñas tienen habitación y ordenador propio y una buena wifi (Fernando Simón lo ha dicho con todas las letras, alto y claro).

Algunas ya nos han señalado como las culpables de ese escenario, bien porque necesitan conciliar (se entiende, pero tarde o temprano tendrían el mismo problema si los contagios obligan a cerrar coles) o bien porque son profesorado interino y temen no tener plaza, pero no ven que aquí sólo hay unos responsables: quienes tenían y tienen la obligación de garantizar educación presencial segura y no la han cumplido. Escuelas de Calor sólo ha pretendido presionar y ponerlos a trabajar en ello desde abril. No han querido.

Ahora sí habrá otros agentes que van a moverse, pero ya es tarde. Ya la decisión estará tomada y además bien escenificada, en una conferencia de presidentes que sirva a unos y otros para culparse mutuamente. ¿Se retrasará el comienzo de curso, porque han perdido 5 meses y ahora no se puede organizar otra vuelta en apenas 10 días? Si es así, el relato será otro, será que no contaban con que los contagios subieran tanto, que el nivel de incidencias se ha disparado y que sanidad no recomienda comenzar el curso en estas condiciones. Pero lo triste es que no hicieron los deberes a tiempo, esos deberes que les correspondía hacer con repunte del SarsCov2 y sin él. Ante la incertidumbre que lejos de disminuir, crece por momentos, todo puede pasar.

¿Habrá algún acto más? ¿Quizás una huelga andaluza con más convocantes que CGT y Marea Verde? Miren Madrid. Tendrán que darse prisa porque el arranque de curso está a la vuelta de la esquina o dos calles más “pallá”, pero encima.

Nosotras seguimos. #SinSeguridadNoVolvemos, pero queremos volver. Creen las condiciones para ello.

martes, 18 de agosto de 2020

¿SE REPETIRÁN LOS MISMOS PROBLEMAS SI LLEGA LA SITUACIÓN DE DOCENCIA TELEMÁTICA?

 

Cada vez más incertidumbre sobre la vuelta al colegio, pero no ya sobre las condiciones en que nos quieren hacer volver, sino sobre si volveremos a la educación presencial. Si se repitiese la situación excepcional de docencia telemática que debe estar contemplada en el protocolo COVID según las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de la Junta de Andalucía, no pueden repetirse los mismos errores y deficiencias, porque ya no podrían justificarse por la inmediatez ni la improvisación que usaron en marzo y abril, ya sería una negligencia y dejación de funciones denunciable.


Las instrucciones del 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte para la organización de los centros docentes para el curso 2020-21 motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 dice en su instrucción Quinta que los centros educativos elaborarán un protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad, teniendo en cuenta lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro. Dicho protocolo debe contemplar tanto la situación de docencia presencial como la situación excepcional con docencia telemática.

Ateniéndonos al número de rebrotes, a la cantidad de contagios que está habiendo y a que las autoridades sanitarias ya parecen contemplar la necesidad de cerrar algunas o todas las escuelas, Escuelas de Calor considera fundamental que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía preste atención a dos cuestiones esenciales a las que se debe dar prioridad si llegase el escenario de docencia telemática: una, garantizar la conectividad y el material tecnológico necesario para que el alumnado de las familias más desfavorecidas no se encuentre otra vez sin acceso a la educación online. Y dos, que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) tenga asegurada educación presencial en los casos que sea imprescindible, la mayoría.

Este alumnado, por sus especiales características, no se adapta a la educación a distancia, necesita a sus docentes especialistas y necesita el aula del centro educativo para que el proceso de enseñanza aprendizaje no se detenga y con ello su progreso en el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y de adaptación al medio. Ha sido este alumnado el que ha pagado más alto precio el pasado curso durante el confinamiento y esa situación no puede repetirse ni mantenerse sine die sin poner soluciones.

La ratio de este alumnado permite -con las adaptaciones necesarias, la valoración individualizada del EOE, del equipo docente y la opinión de su familia-, que sea atendido presencialmente. Sus familias no pueden proporcionar en casa el tratamiento educativo específico que requieren y no todas tienen recursos económicos para proporcionarles terapias alternativas, que deberían ser siempre un complemento a la atención educativa en el sistema educativo público que les corresponde por derecho.

Por todo ello, exigimos que la Consejería de Educación trabaje ya en las dos cuestiones básicas aquí aludidas por si llegase la situación excepcional de docencia telemática, para que no se repitan la desatención y brecha social que vimos hace tan solo unos pocos meses.

domingo, 16 de agosto de 2020

FLEXIBILIDAD EDUCATIVA, LUCES Y SOMBRAS

 

Toda crisis encierra una oportunidad. Y la pandemia de la COVID-19 no iba a ser diferente. Lo que hay que desentrañar es para qué o para quién.

Para quien no lo sepa, desde hace algún tiempo empezó a circular un vídeo de una mamá de la Comunidad de Madrid que explicaba una posible solución a la bajada de ratio, medida a todas luces necesaria para poder mantener distancia social en las aulas. Su propuesta era que las familias que se lo puedan permitir (por nivel educativo, posibilidades y recursos), asuman voluntariamente la educación académica de sus hijos e hijas en casa mientras que sus compañeros/as sin estos medios van a clase. De esta manera, les protegerían y bajaría la ratio. Afirman hacerlo por solidaridad ya que la administración educativa no ofrece soluciones y por proteger la salud de todos/as. Esa es una posible lectura, pero también es una manera individualista -tan propia de esta sociedad en que vivimos- de resolver problemas que son colectivos y a los que deben darse soluciones desde los poderes públicos para todos/as.

Esto ha dado lugar a una plataforma o movimiento de familias, Propuesta de Flexibilidad Educativa, que hace unos días nos interpeló en redes para que nos uniéramos. Nuestra respuesta fue rotunda, NO. Y lo queremos explicar porque hay muchas razones de peso que es probable que muchas de las familias que están en la plataforma no hayan vislumbrado, suele pasar cuando una se deja llevar por lo pragmático y el cortoplacismo.

Vaya por delante que no pretendemos con esta entrada distanciarnos de las familias que tienen miedo al contagio y preocupación por la salud de sus hijos e hijas. Escuelas de Calor es una plataforma de familias, padres y madres, muchas asociadas en AMPA, y empatizamos con ese sentimiento porque es también el nuestro y es el que nos ha llevado a movilizarnos para pedir soluciones a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que es quien tiene la competencia y la obligación de ponerlas sobre la mesa.

Pero este sentimiento y apelar a la libertad no justifican, en nuestra opinión, que cada una se las apañe como pueda porque lo que está en juego son dos derechos fundamentales -educación y salud- que debemos defender para nuestros hijos e hijas, pero también para los y las de los demás, sin ánimo de ser “salvapatrias”, sino por compromiso social. No hacerlo puede tener consecuencias muy graves, ya no en lo educativo, que por supuesto, sino también en la salud y la vida que se pone en riesgo.

En primer lugar, esta solución genera una enorme desigualdad y contribuye a evidenciar la brecha social, y eso para una plataforma como la nuestra que siempre se mueve llevada del “todo para todas” es una contradicción. Todos los niños y niñas, tengan sus padres el nivel económico, educativo y social que tengan, tienen derecho a una educación pública y de calidad, presencial incluso en tiempos de pandemia -salvo casos de alumnado con inmunidad deprimida o problemas de salud específicos-, porque ya hemos visto que el proceso de enseñanza-aprendizaje en plenitud (con las variables de socialización, relación entre iguales, psicoafectividad, diversidad, etc.) sólo se da en las escuelas, conviviendo en el grupo clase, incluso con las dificultades y aspectos mejorables que como toda institución o agente social posee. Es esta educación presencial la que compensa desigualdades de partida y enriquece per se. Y debemos exigir a las administraciones educativas del Estado y de las CC.AA. que generen las condiciones para que pueda llevarse a cabo. Han tenido meses en los que pudieron trabajar en esta dirección. 

En segundo lugar, ¿dónde queda la valoración de la labor docente si padres y madres, tengan el perfil y la formación que tengan, lo pueden suplir? Con esta solicitud de familias queriendo ejercer de docentes se infravalora su figura. Son profesionales que merecen un respeto y cuya labor requiere de conocimientos, habilidades y competencias técnicas específicas no al alcance de cualquier suplente -dicho desde el respeto-, como las tiene cualquier otro profesional.

Por otra parte, aventurar que cierto tipo de familias con apoyo online pueden suplir la educación en la escuela es un arma de doble filo, y más en tiempos donde las políticas educativas públicas llevan años recortando líneas, plazas, docentes, privatizando servicios socioeducativos… desmantelando en definitiva un servicio público esencial. Y ello a la vez que se sostiene y apoya el negocio de empresas y entidades dedicadas a la educación vía conciertos y adjudicaciones de contratos públicos (aulas matinales, comedores…).

¿Qué pasa si hay empresas que ven nicho de mercado y empiezan a ofrecer plataformas online? ¿Qué pasa si estos gestores de lo público echan números y ven que es más barato eso que pagar docentes para según qué cosas? Es una propuesta arriesgada y peligrosa a futuro por bienintencionada que esté y temporal que sea debido a la pandemia.

La educación online durante el confinamiento en el último trimestre ha demostrado que el maestro, la profesora, son insustituibles y tener que convertir las casas en aulas supuso un gran estrés para familias -sobre todo madres-  que no estaban seguras del apoyo que estaban dando, a las que costaba compaginar teletrabajo, cuidados y tutorizar el estudio de sus pequeños/as.

El miedo y la preocupación por el riesgo que para la salud entraña volver a las aulas sin que las Administraciones educativas hayan hecho sus deberes, debería servirnos para exigir mejoras para la Educación Pública, la de todos y para todas, y no para echarnos piedras a nuestro tejado haciéndole el juego al Ministerio y la Consejería de turno con soluciones desiguales de pan para hoy y hambre para mañana. Si ahora no se pone en la Educación Pública la inversión que es necesaria, ¿cuándo? No hacerlo no es sino la enésima prueba de que la educación no es algo importante para este país. Obras son amores…

Es momento de pensar en colectivo, de sororidad, de unir fuerzas alrededor de unas reivindicaciones coincidentes en todo el mapa y en todos los sectores de la comunidad educativa. La defensa de la Pública pasa por crear comunidad, la que se genera en cada aula, en cada centro educativo. Vamos todas en el mismo barco y no debe haber camarotes de primera y segunda clase. ¿Dónde quedó el martilleo de los anuncios de televisión “De esta salimos juntos/as”?

Ningún niño o niña debe verse en peligro porque su padre y/o madre no pueda conciliar. Este movimiento de Flexibilidad educativa, en el fondo, hace crecer la brecha social y no hace ningún favor a estas familias que están obligadas a usar la escuela como herramienta para compaginar vida familiar y laboral. La conciliación sigue siendo una asignatura pendiente de este sistema socioeconómico que antepone la producción y el trabajo a la vida y los cuidados. Las empresas tienen una responsabilidad en la conciliación que nunca han afrontado ni les han exigido afrontar. Nunca debió resolverse sólo por la vía fácil, la escuela. Igual que la vuelta a las aulas no debe resolverse por la vía fácil: volvamos con gel y mascarilla y que dios reparta suerte, que la vamos a necesitar.

jueves, 6 de agosto de 2020

NO SOMOS ABSENTISTAS, ESTAMOS PROTEGIENDO A NUESTROS HIJOS E HIJAS


El documento publicado por la Consejería de Educación como decálogo sobre sus instrucciones y aclaración de las dudas suscitadas en la comunidad educativa lanza una amenaza a las familias: si no llevan a sus hijos e hijas al colegio se las denunciará por absentismo.

La plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” (EDC) considera una conducta impropia de una Administración Pública de una democracia consolidada que la Consejería de Educación publique un documento en el que se amenaza a las familias con denunciarlas por absentismo escolar si deciden no llevar a sus hijos e hijas a los centros educativos cuando arranque el curso 2020-21. 

Según el art. 5 de la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control de Absentismo Escolar, “se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique”. Ponerlos en riesgo de contagio de COVID-19 es un motivo más que justificado para las familias para dejarlos en casa y no incorporarlos a las aulas. Queremos educación presencial, pero en condiciones de bajo riesgo o con la mayor seguridad posible.

No olviden que si las familias tenemos la obligación de escolarizar a nuestros hijos e hijas, también tenemos la obligación de protegerlos y velar por sus seguridad, es nuestra responsabilidad y la vamos a cumplir. No merecemos la amenaza chulesca y soberbia del señor Imbroda por cumplir con nuestro deber.

Después de ver que las medidas que la CEyD de la Junta de Andalucía se reducen a gel hidroalcohólico y mascarilla, sin distancia social y en espacios cerrados como son las aulas masificadas, las familias nos vemos en la obligación de elegir entre salud y educación. Es la Consejería la que nos obliga a ello y es irresponsable y muy ruín por su parte amenazarnos con denuncias a los Servicios Sociales por absentismo. Vergüenza debería darle en tiempos en que los SS.SS están además sobrepasados por el incremento de usuarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida por los efectos económicos de la COVID-19.

Todas las autoridades sanitarias, expertas, epidemiólogas, la OMS… afirma que la mejor prevención es la distancia social, pero la Consejería hace números y no está dispuesta a hacer la inversión que ello requiere porque tendría que contratar más docentes. Prefiere ahorrar recursos y someter a la comunidad educativa al riesgo cotidiano de contagio y, con ella, a la sociedad entera, pues alumnado, docentes, PAS, personal de apoyo, de comedores, de aulas matinales… tienen otras relaciones sociales al margen de las del centro educativo.

Centenares de equipos directivos de Sevilla, a los que ya se han sumado en otras provincias, han manifestado que sus instrucciones son inaplicables e inviables y que no hay seguridad en estas condiciones. Las familias confiamos en sus impresiones, en su profesionalidad y en el conocimiento de la situación a la que se enfrentan, y además estamos informadas y tenemos sentido común. No vamos a exponernos. Queremos educación presencial, pero #SinSeguridadNoVolvemos. Vaciaremos las aulas.

Si nos denuncian por absentismo nos defenderemos de manera colectiva. Seremos miles. Lanzaremos un crowfunding para obtener los recursos y nos defenderemos hasta donde haya que llegar. Es la salud y la educación de nuestros hijos e hijas lo que estamos defendiendo ante una Administración irresponsable que no ha hecho la planificación y la inversión de recursos que desde marzo sabe que le tocaba hacer. A ella le toca organizar y ofrecer soluciones, es su responsabilidad y competencia, no a los equipos directivos ni a Comisiones COVID en las que pretende escudarse.


Desde aquí le decimos, Sr. consejero, que hemos querido ser siempre respetuosas con su persona, nos cuesta serlo con su cargo porque los hechos demuestran lo incompetente que es, pero llegados a este punto nos está invitando a que le demandemos a ud. exigiendo las responsabilidades -administrativas y otras- que pudieran corresponderle como consejero y como empleado público. Nosotras no estamos provocando el absentismo, nosotras no tenemos otra manera de proteger a nuestros hijos e hijas que no sea esta, puesto que ud. no escucha a nadie, impone su ley y ya está, una ley que nunca beneficia a las más desprotegidas. A la vista está que su gestión de la educación durante el necesario confinamiento dejó en la estacada al alumnado con NEAE y a las familias de clases más desfavorecidas que no tuvieron medios para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Y la brecha sigue ahí.

Rectifique, no venda humo, no maree con cifras. Si las familias, el alumnado y el profesorado pudimos pasar de presencialidad a distancia en apenas días, usted tiene medios para planificar y sacar instrucciones dignas y a la altura del reto que el sistema educativo andaluz tiene por delante. Ha perdido mucho tiempo, pero le queda un mes y tiene a toda la comunidad educativa queriendo volver, pero con seguridad sanitaria y calidad educativa. Y si no sabe, no quiere o no puede gestionar esto de otra manera, dimita. Si no rectifica con toda la comunidad educativa enfrente habrá perdido toda su credibilidad, si alguna le queda.

viernes, 31 de julio de 2020

AGRADECIMIENTO A LAS DIRECCIONES VALIENTES DE LOS CENTROS

Desde Escuelas de Calor hemos dirigido una carta a las direcciones de los centros educativos que han tenido la valentía de poner su nombre y apellidos en un comunicado informativo de las razones por las que no pueden garantizar un entorno escolar seguro ni llevar a cabo las instrucciones de 6 de julio de la Consejería de Educación. Algo tendrán esas instrucciones para que, hasta las direcciones, den este paso. Quien aún no sepa de qué van haría bien en informarse. Se resumen en: "aviársela como podáis y suerte". 
La Consejería del señor Imbroda -porque pareciera que es suya y la maneja a su entender, de espaldas a la comunidad educativa-, ha sacado unas instrucciones que nos pone a los pies de los caballos, de la COVID-19 y del contagio. Y encima quiere hacer corresponsables de las consecuencias de volver a las aulas en estas condiciones a las direcciones de los centros y a las personas  miembro de las Comisiones COVID que va a montar en cada centro.

Nosotras somos unas convencidas de que el empoderamiento, el ser conscientes de nuestros derechos y capacidades para defenderlos sin intermediación, es una actitud ante la vida cada vez más necesaria, pues a la vista está que quienes tienen poder lo utilizan al servicio de intereses que no son los de la ciudadanía. Ello nos ha llevado a ir dando pasos atrás en todos los ámbitos. En Educación es más que evidente y hay que poner freno a tanto retroceso.

Por desgracia, la experiencia nos dice que esta gente no está por escuchar en mesas y despachos. Utilizan las reuniones para imponer sus condiciones, para apenas conceder unas migajas y para decir que actúan con la participación de sus interlocutores. ¡Encima! Por eso hay que obligarles desde la calle y desde la lucha, haciendo ruido para mostrar sus atropellos.

Y eso es lo que han hecho estos directores y directoras valientes. Han puesto negro sobre blanco que así no pueden y que la responsabilidad que les han echado a las espaldas no es asumible con los mismos medios que tenían a mediados de marzo. Han hecho "ruido" y han trasladado a la comunidad educativa y a la sociedad en general que la vuelta al colegio en tiempos de pandemia no puede hacerse a la ligera, sin poner los recursos materiales y humanos que permitan la distancia social. No podíamos dejar pasar este gesto, que algunas han llevado al extremo de la coherencia presentando la dimisión, sin trasladarles por correo electrónico a cada una de ellas nuestro apoyo y agradecimiento. Os dejamos aquí abajo la carta que les hemos dirigido:



Si algún director o directora que ha emitido comunicado o firmado el conjunto no ha recibido nuestra carta, que nos disculpe, la labor de búsqueda de centenares de correos ha podido tener algún fallo por nuestra parte. Revisaremos para subsanar errores.