jueves, 23 de septiembre de 2021

24-S JUICIO POR EL CLIMA - JUICIO A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN POR NO APLICAR LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN



NOTA: Escuelas de Calor se suma al movimiento climático y el Juicio por el Clima. Recogemos aquí la nota de prensa conjunta. 

El movimiento de protesta impulsado por Fridays for Future–Juventud por el Clima en España ha convocado para el próximo 24 de septiembre un nuevo Día de Acción Global por el Clima. En esta ocasión, la jornada se dedicará a exigir justicia frente a la emergencia climática y mostrar el apoyo al llamado Juicio por el Clima que cuenta ya con más de 48.000 adhesiones; la denuncia ante el Tribunal Supremo presentada por varias organizaciones contra el Gobierno por su falta de compromiso y ambición en la materia.

La movilización cuenta ya con convocatorias en 16 localidades del territorio español que exigirán medidas inmediatas, concretas y ambiciosas en respuesta a la actual crisis climática. Las organizaciones convocantes subrayan que el último avance del informe del IPCC muestra con claridad cómo el cambio climático avanza con consecuencias cada vez más severas en todo el planeta.

Es por ello que el próximo 24 de septiembre en la capital andaluza las organizaciones ecologistas se concentrarán frente a los Juzgados a las 11:00 teniendo en cuenta las medidas de seguridad sanitarias para participar en la acción convocada por Fridays For Future Sevilla. La acción consistirá en una representación teatral del procedimiento judicial del litigio climático, en el cual la sentencia resulta a favor de las entidades demandantes. La plataforma de familias “Escuelas de Calor”, que impulsó la primera ley de bioclimatización de centros educativos del Estado español, se suma a la convocatoria y “enjuiciará” por su parte a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por no aplicar dicha ley que lleva ya más de un año en vigor. Recordemos que la ley es una herramienta para frenar el cambio climático porque apuesta por la eficiencia energética de los edificios educativos, implementa las energías renovables, apuesta por la vegetación en los patios escolares y por técnicas bioclimáticas para adecuar la temperatura en las aulas, además de preconizar medidas para mejorar la calidad del aire en el interior, algo que se ha visto imprescindible ante una pandemia como la COVID-19.

Desde Fridays for Future–Juventud por el Clima se destaca la urgencia de estas movilizaciones, apoyadas por 98 organizaciones a nivel estatal: “Según el último informe del IPCC, lo que hagamos en esta década será decisivo, y se hace fundamental que los países multipliquen sus esfuerzos”. Añaden que “La crisis climática es una injusticia global, los territorios que menos contribuyen a la misma son los que más sufren sus consecuencias.” Es por ello que, ante un uso tan desigual de recursos y bienes naturales, países como España tienen una mayor responsabilidad frente al deterioro y destrucción de la biosfera global. Una responsabilidad y deuda ecológica que nuestro gobierno no puede seguir eludiendo.

“Este caso, lo que nos reúne aquí hoy, no trata solo de clima”, subraya Serlinda Vigara de NovAct plataforma que apoya Rebelión por el Clima”, se trata de la ciudadanía haciendo valer su derecho a una tutela judicial efectiva. Se trata de la ciudadanía obligando al Tribunal Supremo a proteger nuestros derechos, a hacer su trabajo”.

“Hemos recurrido a la justicia como una herramienta de lucha más”, explica Lorena Ruiz-Huerta, abogada del Juicio por el Clima. “Al ver que las movilizaciones masivas no hacían cambiar las políticas del gobierno, hemos pedido ayuda a la justicia para que obligue al Gobierno a cumplir con sus compromisos internacionales adquiridos. La lucha contra el cambio climático es imprescindible para garantizar el derecho fundamental a tener una vida digna de las generaciones presentes y futuras». A estas alturas, las organizaciones consideran ineludible iniciar este litigio contra el Gobierno, la única instancia a la que acudir dada su falta total de ambición climática en las últimas décadas.

España no es el primer Estado en llevar un caso de este tipo ante un Tribunal Supremo. En Holanda, Francia y Alemania ya se han llevado casos muy similares. “Sabemos que aquí también es posible”, señalan desde las organizaciones convocantes.

Con el Juicio por El Clima se está más cerca de lograr una victoria en favor de la justicia climática. Pero es necesario que los tribunales escuchen la voz de la sociedad civil más de cerca. Por ello, se hace un llamamiento de cara a este 24 de septiembre en un momento históricamente excepcional para reivindicar la justicia climática.

        Más información sobre el Juicio por el Clima y la convocatoria del 24 de septiembre aquí:  https://www.juicioporelclima.es

      Declaración de intenciones 24s: https://cutt.ly/uEdZFLx


lunes, 6 de septiembre de 2021

EDUCACIÓN: CONSEJERÍA “NINI”, NI SEGURIDAD NI CALIDAD

 



A tan sólo 4 días del comienzo de curso 2021-22 en Primaria, la Consejería de educación y Deporte capitaneada por Javier Imbroda se deshace en propaganda para instalar en la opinión pública y en especial de la comunidad educativa sus mantras de que Andalucía está preparada para volver a las aulas con seguridad y todas las necesidades cubiertas. Pero lo cierto es que nuestro sistema educativo andaluz adolece de carencias crónicas a las que se suman las originadas por la pandemia. Desde “Escuelas de Calor”, plataforma de familias de la Educación Pública, no compramos el discurso al señor consejero.    


Más allá de la permanente retahíla de anuncios, datos y cifras que maneja la Consejería de Educación y Deporte y que la realidad de las aulas desmiente de manera descarnada, la realidad es que el curso 2021-22 se presenta con la misma carestía de recursos humanos y materiales que viene siendo la norma desde hace ya una década. El autoproclamado “gobierno del cambio” de Juanma Moreno no ha hecho sino agudizar las políticas de desmantelamiento de la Educación Pública andaluza, en la que se soportan ratios imposibles, faltan docentes y la atención a la diversidad se hace inviable. Si a este escenario se le añade el contexto de la pandemia, la situación se agrava de manera alarmante.

Para Escuelas de Calor, las medidas tomadas el curso pasado frente a la COVID fueron del todo insuficientes y no sirvieron para bajar la ratio, ni hicieron los centros seguros. Es una falacia pese a que se repita una y mil veces que lo posibilitaron, porque la plantilla de refuerzo COVID fue muy escasa y porque en la mayoría de los centros no había espacio para los ansiados desdobles. Sólo bajó la ratio en los cursos finales de Secundaria y Bachillerato y pagando el alto precio de presencialidad, tiempo lectivo y aprendizajes, pues ese es el coste de fórmulas como la semipresencialidad. Si con los refuerzos de curso pasado no hubo seguridad, ni bajó la ratio, tampoco eso pasará este curso en el que se recortan los refuerzos COVID pese a que seguimos en pandemia.

Se olvida que para protegernos del contagio en las aulas siempre hicieron falta varias capas de seguridad (ventilación, medición de CO2, filtrado de aire, mascarillas homologadas, distancia social, bajar la ratio, adecuado rastreo de positivos…) y en los centros educativos, salvo excepciones como en toda regla, nunca se aplicaron como en otros ámbitos de la vida social. La prioridad fue mantenerlos abiertos y en uso, trasladando la responsabilidad y la presión a equipos directivos, docentes y familias.

Nos parece peligroso además que se estén reivindicando los refuerzos del curso pasado. Es perverso que nos den migajas, luego nos las quiten y que bajemos el listón reivindicativo a pedir esas migajas. Caer en esta trampa es dar por válidas las cicateras políticas de la Consejería de Javier Imbroda, que no ofrecen ni seguridad ni calidad a la comunidad educativa andaluza.

Echamos en falta indignación y rebeldía más allá de comunicados y redes. Pero si el curso pasado cuando todo era incertidumbre y había miedo, la Consejería consiguió convertir el #SinSeguridadNoVolvemos en absentismo, donde poco a poco hicieron tragar el mantra de "los centros son seguros y necesarios para la vuelta a la normalidad", donde los refuerzos COVID fueron casi un sorteo y los contagios siempre externos al centro, poco cabe esperar este. Muchas familias nos decían: ¿Dónde están las AMPA? ¿Y las “representantes” de las familias? Parece que vieron la #VueltaSegura como la mejor opción y que les pareció que #VueltaSegura era aquello: unos pocos docentes más -no en todos los centros-, gel y flechas en el suelo.

Escuelas de Calor no valida migajas porque la Pública es un derecho de nuestros niños y niñas y una obligación para quienes la gestionan desde la Junta de Andalucía. Nuestra lucha y defensa de la Pública es y va a seguir siendo por la aplicación de la Ley de Bioclimatización (no luchamos para tenerla en BOJA sino en las aulas y los patios), por la bajada de ratio (alta también sin pandemia), por plantillas docentes adecuadas a las necesidades (faltan docentes hasta sin COVID), por los recursos que permitan la digna atención al diverso alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, por mejorar las infraestructuras educativas y un largo etcétera que hagan de la Educación Pública andaluza lo que merece su comunidad educativa y aspiraciones de futuro.

 

viernes, 3 de septiembre de 2021

1-S. EMPIEZA EL CURSO, EMPIEZA LA LUCHA



Señor Imbroda, Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía:

Ya nos conoce, somos uno de esos colectivos -pero dicho sin el tono despectivo que usted usa para aludir a nosotros/as- que el 1 de septiembre estuvo en el Parlamento, junto a otros 18, algunos de ellos también participantes de la Marea Verde. Hemos escuchado sus recientes declaraciones y no podemos sino compartir con ud. algunas reflexiones.

Para empezar, sepa que ha ninguneado usted a la Marea Verde y demostrado ignorar qué es ese movimiento. Marea Verde es más que un colectivo, es un movimiento social en el que nos encontramos muchas organizaciones y personas de los distintos sectores de la comunidad educativa para defender algo tan necesario en un país como es un sistema educativo público y de calidad, porque en él se basa el efectivo cumplimiento del derecho inalienable a la educación.

Dice usted que hay colectivos que se arrogan la voz de la comunidad educativa. Sin duda, algunos lo hacen. Y ud. mismo legitima esa representatividad cuando le interesa, para decir que sus medidas llevan el acuerdo de ciertas entidades con las que gusta en esas ocasiones reunirse y hacerse fotos. Tenga un poco de decencia, señor consejero.

Ha dicho usted que “los refuerzos extraordinarios no dependen de una cantidad, de un número, sino de las necesidades del sistema educativo”. Pues aplíquese el cuento, porque en el sistema educativo hay necesidades por cubrir que no dependen de la COVID, ni de situaciones extraordinarias, ni sobrevenidas, sino de la “normalidad”, porque la tozuda realidad es que normalmente faltan docentes, infraestructuras dignas, personal de apoyo al alumnado con NEAE (PTIS, ILSE, MECO, AL, Educadoras/es Sociales), orientadoras/es y personal de administración y servicios.

Y encima tiene ud. la vergüenza torera de decir que los refuerzos que puso el curso pasado fueron para seguir las indicaciones sanitarias de distancia, bajada de ratio y desdobles. Si no fuera tan grave, cabría la carcajada. ¿Dónde bajó la ratio? ¿Dónde hubo distancia entre los pupitres? ¿Dónde hubo desdobles? ¿Han calculado el porcentaje de centros donde eso se pudo hacer con “los refuerzos COVID”? A ver si ahora vamos a tomar la excepción por la regla. 

¿Dónde hubo mascarillas seguras (tipo y tiempo de uso recomendados por Sanidad)? ¿Dónde hubo mediciones de CO2? ¿Dónde hubo cribados? ¿Dónde filtros HEPA? ¿Dónde espacios alternativos a las aulas para desdobles? ¿Dónde los grupos burbuja fueron reales? No hemos tenido centros seguros, por mucho que lo repita, hemos hecho de la necesidad virtud.

Dónde bajó la ratio se lo decimos nosotras: en los institutos que aplicaron la semipresencialidad, o sea, el robo de tiempo lectivo al alumnado que iba la mitad de horas a clase, bien fuera yendo una semana sí y otra no, o días alternos o lo que cada centro decidió. Por supuesto, el profesorado tuvo también que hacer encajes de bolillos con su tiempo para atender en este desquiciante escenario al alumnado y los equipos directivos para dotar de tecnología a las aulas (le garantizamos que fue meritorio para unos dar clase así y para otros seguirlas desde casa). Se le olvida que, igual que no todo el monte es orégano, tampoco todos los centros son MEDAC.

La ratio dice ud. que es un debate fácil, recurrente… y que en la conferencia sectorial se ha acordado que hay que crear una mesa técnica para tener un debate sereno sobre ese tema buscando las evidencias científicas que fundamenten una bajada de ratio. ¡Acabáramos! No, lo que falta es voluntad política aquí y en Madrid para invertir en la Pública e ir caminando hacia ratios acordes con lo que llevan décadas diciendo y fundamentando las Ciencias de la Educación.

La gota que ha colmado el vaso es que deje caer que los “colectivos” no nos preocupamos del abandono escolar o que sugiera que los problemas de convivencia en el centro son debidos a que las familias hacemos dejación de nuestras obligaciones educadoras. Exigir a las familias lo que usted llama las 3 R -respeto, responsabilidad y rendimiento- estaría bien si su Consejería cumpliera con esas 3 R y el resto del abecedario. Nos parece una simplificación injusta y ofensiva que no habla sino del concepto clasista y estereotipado que tiene de las familias de la Educación Pública.

Claro que esos problemas son reales y preocupantes, pero no se van a solucionar con una ley de autoridad del profesorado como usted pretende. Rechazamos la violencia en todas sus manifestaciones, también la que sucede en las aulas, pero ella no es sino un síntoma de problemas que hay que atajar de raíz. Quizás podría usted reconocer al profesorado de otra manera, dotándole de recursos, reduciendo burocracia inútil, respetando las especialidades docentes, reduciendo la precariedad de ciertas profesionales, dotando de PAS a los centros para que no tengan que hacer a la vez de administrativos o conserjes, ampliando plantilla, atendiendo a la amplia diversidad, bajando ratio… eso es R de respeto y R de respuesta, la que se espera de alguien de su nivel de responsabilidad pública. Si en Educación se habla de “sistema educativo” es porque hay muchas variables imbricadas que condicionan la realidad de las aulas. Sobran las explicaciones, ¿verdad?

Pues nada, nos volveremos a ver en las calles, movilizaciones que dice usted respetar como no podría ser de otra manera. No nos dé usted motivos y despareceremos. ¡Ojalá!

Atentamente, 

Escuelas de Calor, familias de la Pública.


P.D.: Nos sorprende también el anuncio de 300 millones de euros para bioclimatización de los centros educativos en 2021 y 2022 para aplicar una ley que ni siquiera ha tenido desarrollo reglamentario y que a todas luces sigue sin ser aplicada con el rigor que su texto contempla. Hasta pronto.