PROTOCULO (VERSIÓN 2.0)

 

No es una errata. ¿Mal gusto? Quizás, pero desde luego a la misma altura que la enésima tomadura de  pelo de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP. Es fruto de nuestra indignación.

Indignación, no puede haber otro sentimiento que ese. Las familias de la plataforma “Escuelas de Calor” consideramos una vergüenza que tras 6 años de arrancar nuestra lucha y poner el problema del calor en las aulas en la agenda política y de noticias de Andalucía, sigamos en la misma situación y los responsables políticos de la Junta de Andalucía se despachen con un "protocolo" para gestionar las altas temperaturas.

La Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas  ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y energías renovables, popularmente conocida como ley de Bioclimatización, lleva 3 años en vigor, pero la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla (firmante de la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento Andaluz) sigue sin aplicarla y se conforma con actualizar un protocolo ante las altas temperaturas en el ámbito educativo.

El protocolo en 2017 fue una medida de urgencia porque nada había y los equipos directivos tenían dificultades para tomar decisiones organizativas en los centros educativos, que eran verdaderas saunas incompatibles con la salud y el trabajo que se desarrolla en ellos. Aquello se gestó como respuesta a una "ola de calor", pero no son olas, es el clima de Andalucía y es el cambio climático. Y la Ley de Bioclimatización es la única respuesta ética y responsable con la salud de la comunidad educativa y con el planeta.

6 años después, cuando dicha ley en vigor tiene medidas para solucionar este problema en los colegios e institutos andaluces, que todo lo que se plantee hacer sea actualizar ese protocolo revela que la Junta de Andalucía no ha hecho los deberes. Lo menos que tenían que haber hecho es desarrollar reglamentariamente la ley para poder aplicarla y llevan 3 años sin hacer nada, excepto disfrazar de bioclimatización lo que no lo es en algunos centros.

Nos quieren hacer creer que están trabajando para resolver el problema de que las aulas sigan siendo saunas y los patios páramos sin sombra, pero no nos vamos a tragar ese insultante protocolo. No nos tomen por idiotas, no olvide que les vimos tramitar la ley y que sabemos que han pasado 3 años sin que hagan nada, porque esto requiere inversión y hacerla en la Pública no está entre sus prioridades. Este paripé de protocolo no les servirá para apaciguar nuestro enfado ni para desmovilizarnos. Ya son 6 años y llegadas a este punto no vamos a tirar la toalla. 

¿Acaso creen que las familias andaluzas no sabemos cómo vestir a nuestros/as hijos/as cuando hace calor? ¿Nos lo tiene que recomendar el protocolo? Que los pongamos a la sombra, ¿en qué sombra si en los patios no hay?¿En serio creen que el personal docente andaluz no sabe lidiar con las altas temperaturas y que tienen que darle "formación" para ello? Un personal docente y directivo de la Educación Pública que se echó a la espalda educar durante una pandemia, sin recursos, ¿necesita un curso online de 15 horas para lidiar con lo que llevan décadas padeciendo, la calor de Andalucía en sus centros de trabajo? Decididamente insultan nuestra inteligencia.

Y qué decir de la reducción del horario lectivo cuando haya alerta naranja o roja de la AEMET, por supuesto opcional y a criterio de equipos directivos y familias. Faltaría más. Otro parche que genera desigualdad entre alumnado (los que pueden ser recogidos a media mañana y los que no), caos en la impartición de las materias curriculares a lxs docentes (unos niños se van y otros se quedan en clase) y problemas de conciliación a las familias. ¿No lo han pensado, señora Patricia del Pozo?

Desde Escuelas de Calor mostramos nuestra más absoluta repulsa hacia el comportamiento irresponsable de la Junta de Andalucía respecto a este tema y exigimos que de una vez saque la ley del cajón y la aplique en los centros educativos andaluces. Ya no se trata de olas de calor, se trata de emergencia climática, se trata de que en marzo ya tenemos temperaturas de verano y que se van en noviembre. Y se trata de que el mínimo de cualquier gobernante es respetar las leyes y respetar a la ciudadanía, que en este caso son nuestros escolares -1´8 millones aproximadamente de menores, cuyo interés es superior a todo- y sus más de 200.000 docentes.

OBRAS DE BIOCLIMATIZACIÓN EN COLEGIOS E INSTITUTOS

 

Llegó septiembre y todas las familias nos preparamos para la vuelta al cole. Toca preparar mochilas, material escolar, libros, ropa… y casco de obra. No habíais contado con eso, ¿verdad? Pues en algunos centros están haciendo falta.

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha iniciado obras de bioclimatización durante el verano y en bastantes centros aún no han terminado. Tenemos dos asuntos que dejar claros al respecto:

1.      Es una absoluta falta de responsabilidad y demuestra que la planificación ha fallado estrepitosamente porque a finales de septiembre las obras están sin terminar. El curso ha empezado con obras de envergadura en ejecución.

2.      Las supuestas obras de “bioclimatización” son obras de reforma dentro del plan de infraestructuras anual de la Consejería, pero no son la aplicación de la Ley de Bioclimatización.

Una cantidad significativa de alumnado y docentes están en centros donde la actividad lectiva se está viendo afectada por obras que no han acabado y que suponen:

-    - Reducción del horario lectivo pues el alumnado, en algunos casos, está yendo a clase en días alternos.

-       - Ruidos de obreros trabajando, golpes, maquinaria… lo típico de una obra.

-      - Polvo y suciedad, docentes teniendo que limpiar sus mesas, alumnado haciendo lo propio o ensuciándose más de lo necesario, personal de limpieza trabajando por encima de su tarea habitual.

-      - Problemas de conexión a internet.

-      - Agujeros en suelos y techos, materiales de construcción en pasillos y aulas inutilizadas.

Si esto son condiciones seguras, que baje Patricia del Pozo y lo vea.

Y lo sabían, cualquiera que hace obras sabe que no se termina a tiempo porque siempre surgen imprevistos. Si eso pasa cambiando el plato de ducha en una casa, qué no puede pasar cambiando las ventanas de todo un colegio o instalando refrigeración adiabática en un instituto. ¡Y con agosto por medio! Para empezar obras de este calado en el mes de julio en centros educativos que inician su actividad el 1 de septiembre (docentes) y la vuelta a clase el 15 (alumnado) hay que ser muy atrevido o importarte muy poco que miles de niños y niñas andaluces pasen medio primer trimestre en estas condiciones. O las dos cosas.

Y de algo circunstancial al meollo del asunto: esto que están haciendo NO ES APLICAR LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN. This is not the law of bioclimatization. Ce n’est pas la loi de la bioclimatisation. A lo mejor diciéndolo en varios idiomas, se entera más gente. Podemos añadir las lenguas cooficiales también, si gustan…

La ley de bioclimatización es mucho más que poner placas fotovoltaicas y un sistema de refrigeración que ya hablaremos de él en otra entrada.

La ley requiere de un desarrollo reglamentario que no se ha hecho.

La ley de bioclimatización exige la realización de auditorías o evaluaciones energéticas, que no se han hecho, en los centros considerados prioritarios teniendo en cuenta criterios técnicos.

La ley de bioclimatización establece que la Junta de Andalucía dotará de financiación suficiente para llevar a cabo las valoraciones o auditorías energéticas, las medidas correctoras recomendadas, la formación del personal y la elaboración de las guías técnicas; presupuesto CERO hasta ahora.

La ley de bioclimatización exige la elaboración de una “Guía técnica para la adecuación y la rehabilitación ambiental bioclimática y el uso de energías renovables de los centros educativos andaluces” en el plazo de 18 meses; cumplieron en febrero de 2022 y seguimos sin ella.

La ley de bioclimatización exige no sólo bajar la temperatura de los espacios educativos interiores sino también la renovación del aire para que sean saludables; ni en pandemia con un virus que se transmite por aerosoles se ha dado importancia a este aspecto de la ley.

La ley de bioclimatización contempla el acondicionamiento del entorno exterior de los centros educativos con vegetación y arbolado. Y el planeta no está gritando que ya vamos tarde.

La ley habla de participación de la comunidad educativa y de transparencia, y lo que tenemos es propaganda y llamar a las cosas lo que no son.

Pues esto es lo que hay.

Y a quien le haya tocado el premio, que lo disfrute, pero siendo conscientes de que no ha llovido del cielo ni es una repentina preocupación de nuestros gestores por las infraestructuras educativas públicas. Es que miles de familias lo pelearon, generaron un derecho para la comunidad educativa y una obligación para la Administración. 

No olvidadlo, si se hizo una vez, se puede repetir. Es cuestión de creer en el poder que tenemos las personas, la gente pequeña cuando se organiza y lucha por el bien común.

PLAN DE REFUERZO ESTIVAL EN AULAS-SAUNAS

 

La Consejería de Educación en funciones de la Junta de Andalucía saca pecho de la exitosa aplicación del Plan de Refuerzo Educativo Estival sin que nadie repare en que los casi 9 mil niños y niñas y los 1030 docentes que participan en el Plan lo hacen en 211 centros educativos no preparados para soportar las inclementes temperaturas del verano andaluz. Mientras, seguimos asistiendo al flagrante incumplimiento de la ley de bioclimatización -de cuya entrada en vigor se cumplirán 2 años la semana próxima-, por parte de la indolente e inoperante Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla.

 

El señor Cardenete, consejero de Educación en funciones, ha visitado recientemente un aula de uno de los 211 centros en los que se desarrolla el Plan de Refuerzo Estival, donde un triste ventilador hacía el intento de mejorar el calor sofocante. Así lo ha publicado en las redes sociales, sin sonrojarse. Desde Escuelas de Calor nos preguntamos si ese es el protocolo de actuación de su consejería frente a las olas de calor y altas temperaturas en el ámbito educativo. Es a todas luces insuficiente y un parche frente a lo que debió ser la manera de afrontar esta problemática que desde Escuelas de Calor pusimos de manifiesto hace ya 5 años: la bioclimatización de los colegios e institutos.

 

Seguir sometiendo a los escolares andaluces y sus docentes a condiciones térmicas insanas es intolerable, pero hacerlo además en verano cuando se desarrolla el Plan de Refuerzo es una temeridad, cuando los responsables sanitarios advierten que estar expuestos a altas temperaturas (como las que se alcanzan en las aulas) tiene elevados riesgos para la salud.

 

La ola de calor es noticia en toda la prensa y la AEMET alerta de que el episodio actual se alargará y alcanzará temperaturas extremas con avisos rojos en Andalucía, donde se puede llegar a los 44 grados. El panel de expertos de las Naciones Unidas sobre cambio climático (IPCC) señala que las temperaturas en Europa seguirán subiendo a un ritmo superior al global y que los eventos cálidos extremos aumentarán su frecuencia, sobre todo en la cuenca Mediterránea. De hecho, la experiencia nos confirma que esas observaciones son rigurosamente ciertas, pues las llamadas olas de calor son cada vez más frecuentes y agresivas y no episodios aislados.

 

En este contexto, se hace urgente que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se tome en serio la aplicación de la Ley de Bioclimatización y deje de conformarse con las actuaciones parciales de climatización dentro del plan de infraestructuras anual, que es lo que ha venido haciendo hasta ahora. La salud de la población escolar y docente andaluza y el cambio climático lo exigen, no se puede olvidar que esta Ley es una herramienta para paliar sus efectos y convierte los edificios educativos en eficientes y resilientes frente a la emergencia climática.

 

Desde Escuelas de calor seguimos insistiendo en que la Ley de Bioclimatización sigue aparcada por la Junta de Andalucía. No se ha acometido su desarrollo reglamentario -imprescindible para su aplicación-, ni se ha iniciado la redacción de su Guía técnica en colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía, ni se han realizado las valoraciones y/o auditorías de los centros -el plazo era 18 meses, ya han pasado, para los centros prioritarios-, ni se la ha dotado de presupuesto, ni se ha llevado a cabo la formación en gestión energética ni la creación de equipos de gestores energéticos en los centros, ni se han aplicado las medidas para la correcta ventilación de los interiores (algo que habría sido crucial con la llegada de la pandemia de Covid), no se ha intervenido en los espacios exteriores de los edificios (patios) con vegetación y arbolado.

 

Parece que esperan a que las familias y las AMPA sigan climatizando aulas, pero no debe olvidarse que ya pagamos impuestos para tener un servicio educativo público de calidad, lo que incluye el estado digno de los colegios e institutos. La responsabilidad y la competencia es de la Junta de Andalucía, como establece la Ley de Bioclimatización, gobierne quien gobierne.

HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA: CIERRAN UN CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO.

 

Se viene marzo. Antes de que nos demos cuenta estará abierto el plazo de matrícula en los centros educativos andaluces. Y volveremos a vivir lo que ya es tan tradicional en primavera como el olor a azahar de los naranjos: se pierden plazas en la educación pública. Detrás de perder plazas viene perder centros. Y cada vez que se cierra un centro, un trocito de la Educación Pública se muere y el derecho inalienable a la educación retrocede.

Recientemente hemos tenido noticias del cierre de un centro en Huelva, el Tres Carabelas. Y en esta misma semana, otro en Castilleja de Guzmán, el Argantonio. Y no serán los únicos porque tienen la excusa de oro: baja la natalidad.

El caso de Castilleja de Guzmán merece un análisis profundo por 2 cosas: porque la Junta de Andalucía ha logrado dividir la opinión en este municipio y llevar a su terreno a gran parte de la comunidad educativa afectada, que no sólo es la del CEIP Argantonio, y porque revela el nivel de conciencia o actitud con que las de abajo percibimos la realidad que nos trasladan los de arriba.

Dicho sea de paso y por dejar constancia, que este análisis no lo hacemos desde el juicio, desde la acritud, ni desde ninguna posición de superioridad ni moral ni analítica. Lo hacemos desde la empatía y el respeto hacia todas las partes -todas tienen algo de “víctimas” porque todas pierden algo, todas, hasta las que aparentemente ganan- pero siendo conscientes de la necesidad de que los de abajo abramos los ojos y cambiemos de perspectiva. Por el bien común.

Resumimos la cuestión. Castilleja de Guzmán, municipio del Aljarafe sevillano, no llega a 3000 habitantes; tiene 2 centros de infantil y primaria. Linda con Valencina de la Concepción, casi 8000 habitantes; tiene 1 centro de infantil y primaria y un instituto de Secundaria. CEIP Argantonio, de Castilleja de Guzmán, escasa matrícula en los últimos años. Eso lo pone en el punto de mira de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, cuyas políticas son de desmantelamiento de la educación pública (de esta Junta del PP, como de las anteriores en manos del PSOE). IES Las Encinas de Valencina, masificado, pues recibe alumnado de varias localidades, sobre todo la propia Valencina y Castilleja de Guzmán.

La propuesta de la Consejería de Educación es transformar el CEIP Argantonio en IES y trasladar su alumnado al otro CEIP de la localidad, el Monteolivo, que también tiene ratio baja. Con ello, el alumnado de Secundaria de Castilleja de Guzmán no tendría que ir al IES de Valencina, que desde hace ya varios años reclama la ampliación del centro para bajar ratio y tener mejores infraestructuras.

Aparentemente, es buena solución. Tan buena, que ha sido bien recibida por gran parte de la comunidad educativa afectada. Esta parte comprende que no se puede tener abierto un centro con tan baja matrícula; comprende que es una solución parcial, mientras llega la ampliación del IES; comprende que Castilleja de Guzmán tendrá su propio IES para asumir la demanda de plazas de Secundaria; comprende, en definitiva, las razones de la Consejería. Esta ha logrado que los de abajo vean la cuestión con los ojos de los de arriba. El Argantonio se queda prácticamente solo porque pocos comprenden sus razones.

La Consejería con mucha habilidad ha sacado del foco que hay un centro de Primaria que se cierra, que hay plazas de la Pública que se pierden, que en el CEIP Monteolivo subirá la ratio, que hay un alumno con NEAE que necesita estar cerca de su centro de salud que ahora tiene que cambiar de colegio sin tener los recursos garantizados en el nuevo, que quizás la reconversión de CEIP a IES no llegue tan pronto o ni llegue (la Consejería no es precisamente muy cumplidora de sus “promesas” y más si requieren inversión, como esta), que ampliar el IES Las Encinas de Valencina ya no será tan necesario -según la Consejería- ni urgente porque ya no tiene alumnado de Castilleja de Guzmán asignado, que la plantilla de profesorado de un CEIP se queda sin destino o tendrá que ser trasladada removiendo a otro personal de sus puestos, que la Consejería se ahorra presupuesto e inversión en la Pública. Y sobre todo ha logrado que los de abajo no vean que la bajada de la natalidad es una oportunidad que nos ofrece la demografía para bajar la ratio y subir la calidad educativa.

Tenemos un problema cuando miramos estos temas desde la posición individual o el corto plazo y perdemos la visión de conjunto. Tenemos un problema cuando vemos la realidad comprendiendo a quienes no gestionan pensando en el interés general, aunque lo parezca. Los de arriba no son de nuestra clase, nuestra clase no puede renunciar a dar la batalla por sus derechos. Cada paso que retrocedemos, lo avanzan ellos. Cada batalla que no damos, la ganan ellos.

La solución pasaría por comprender nuestras razones, las de los de abajo, por plantarnos y exigir que la Consejería tome las decisiones que benefician a todas las partes a corto y a largo plazo: que se redistribuya el alumnado de infantil y Primaria de Castilleja de Guzmán entre sus dos CEIP y que se amplíe el IES Las Encinas para terminar con la masificación que padece. Solidariamente, toda la comunidad educativa unida debería luchar para lograr lo necesario y que todas ganen. Por el bien común.

La educación pública de calidad es un derecho y su defensa es una cuestión colectiva, porque en el barco de la Pública vamos todas y todos. Nos tocan un centro, nos tocan a todos.

Si baja la natalidad, que baje la ratio, pero que no se pierda ni una plaza ni un euro de inversión en la Pública.

NO al cierre del Argantonio.

SÍ a la bajada de ratio.

SÍ a la ampliación del IES Las Encinas.

SÍ a una Educación Pública y de calidad.

PRESENCIALIDAD A TODA COSTA

 

Sin medición de CO2, sin filtros HEPA, sin mascarillas homologadas y eficientes, sin bajar la ratio, sin distancia social, sin test, sin criterios de cuando hay que confinar a un aula y bajo el mantra de “los centros educativos son seguros”, así se volverá al colegio en plena sexta ola, con una tasa de incidencia disparada. Los refuerzos COVID fueron insuficientes, una medida más disuasoria de la protesta que eficaz, pero este curso 2021-22 se han reducido hasta ser simbólicos.

 

Desde la plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” (EDC) de Sevilla seguimos preocupadas por la manera en que se sigue gestionando la pandemia en el ámbito educativo, a 2 años de convivencia con un virus del que ya se tienen algunas certezas que no parecen tenerse en cuenta cuando de educación pública se trata. Antes que el modelo de queso suizo que aparece en la foto, basado en la combinación de varias capas de protección, aquí nos hemos quedado en el quesito el Caserío.

Si ya hubo una cantidad de casos preocupantes en el final del primer trimestre cuando los contactos sociales del puente del día de la Constitución pasaban factura, ¿qué puede pasar ahora tras las reuniones navideñas con una transmisión mayor y contagios disparados con una variante del SarsCOV-2 de alta transmisibilidad?

Que la presencialidad es esencial para garantizar el derecho a la educación en equidad nadie lo discute ni lo pone en duda, como tampoco que los niños y niñas necesitan ir a la escuela, aprender y socializar con sus iguales. La semipresencialidad fue un fiasco y los recursos tecnológicos no compensan ni sustituyen la relación educativa y humana que se da en las aulas, por supuesto. Pero la verdadera preocupación de quienes toman las decisiones de mantener los centros educativos abiertos no es esta, sino la conciliación laboral. Si no fuera así, las políticas educativas pondrían el acento en medidas que de verdad apuestan por el derecho a la educación, por la equidad y la calidad educativa: inversión, bajada de ratio, atención a la diversidad, más docentes, infraestructuras educativas dignas y un largo etcétera. Y nada más lejos de la realidad.

La comunidad educativa es diversa y las voces son variadas, sin embargo, sólo se da altavoz a las que van en una dirección y que se consideran representantivas de toda la comunidad educativa. Y sí, en sus declaraciones apuntan en la dirección correcta, pero a sabiendas de que la Administración de turno las desoirá e ignorará por enésima vez. Habrán cumplido con decirlo y no irán más allá. Cada una representa el papel que se espera de ella y todas contentas. La comunidad educativa tragará de nuevo con lo que impongan desde arriba, que en el futuro inmediato será presencialidad a cualquier coste.

Desde que llegó la pandemia ha habido familias y docentes críticos, que hemos denunciado que los protocolos eran insuficientes, que han faltado recursos, que no se han cumplido en los centros educativos las medidas que se daban en otros ámbitos, pero todo eso se ha venido callando en aras de la conciliación, y para eso ha sido y es necesario repetir hasta la saciedad el mantra “los centros son seguros”. Se han priorizado la conciliación y la economía sobre la educación y la seguridad.

Pero la escuela no debe ser la herramienta con la que el sistema económico solucione la necesaria conciliación laboral. Es una cuestión feminista, de una sociedad que apuesta por ser igualitaria. ¿Estamos aceptando que los cuidados hay que delegarlos en una institución como la escuela para conciliar pase lo que pase (pandemia) y en las condiciones que sea (valga como ejemplo la precaria atención al alumnado con NEAE por escasez de recursos o la elevada ratio en las aulas)? ¿Cuándo va a solucionar el sistema este problema (existente desde que la mujer se incorpora al trabajo visible) sin “pervertir” la labor educativa de la escuela? ¿Es la función social más relevante de la escuela servir a la conciliación? Como sociedad va siendo hora que reflexionemos sobre estas cuestiones. La conciliación es una trampa más y no se resuelve con equidad porque se use a la escuela para compatibilizar trabajo y cuidados, ni se garantiza el derecho a la educación porque los centros educativos estén abiertos; sólo hay que hacer un estudio comparativo entre escuelas y entre familias de distintas clases sociales para verlo.

Desde que volvimos a la actividad educativa presencial bajo el mantra de que contábamos con protocolos eficaces y que, por tanto, los centros eran seguros, EDC ha venido denunciando que las medidas han sido escasas, casi inexistentes, por no poner a disposición de la educación pública la inversión necesaria y ello se ha traducido en parches y exposición al riesgo de contraer la COVID-19 para toda la comunidad educativa y la sociedad en general. Llegamos incluso a abanderar una campaña de presión bajo el hastag #SinSeguridadNoVolvemos en el verano previo a la primera vuelta al cole tras el confinamiento, que fue apoyada por centenares de familias en solitario acusadas de absentismo y a las que lograron doblegar con amenazas de no evaluación y desatención educativa, sin apoyo expreso de sectores más “oficialistas”. Lo que pedíamos entonces se ha revelado como lo necesario para que los centros sean de verdad seguros y no es algo circunstancial por la pandemia, sino que es hacia donde se debe caminar: bajar la ratio (con los cambios en plantilla y organización necesarios) y garantizar la calidad del aire de las aulas combinando las soluciones técnicas y constructivas disponibles.

El 1 de enero el consejero Javier Imbroda refiriéndose a la vuelta al colegio tenía el cuajo de decir que los centros educativos “habían abierto en peores circunstancias que esta” (https://acortar.link/yNFdSO ), o sea, que de alguna manera reconocía que no había tanta seguridad como se dijo en su momento. Pero allá vamos, ahora se fia todo a unas vacunas que no evitan el contagio aunque sí la gravedad de la COVID y salga el sol por Antequera.

No se está teniendo mirada amplia, ni en sanidad (con una atención primaria colapsada y despidos de personal sanitario), ni en educación, ahora que un virus que se contagia por aerosoles pone de manifiesto la importancia de tener infraestructuras educativas que garanticen calidad en el aire interior de las aulas. Ni siquiera siendo Andalucía la única comunidad autónoma del Estado que tiene una ley de bioclimatización de centros educativos en vigor desde hace más de un año que lo contempla (artículo 8) y que la Junta de Andalucía tiene la obligación de cumplir.

Presencialidad sí, pero con seguridad, y esa es imposible sin rastreos de casos, sin la distancia social que permitiría la bajada de ratio, sin más docentes, sin mascarillas eficaces y bien usadas, sin filtros de aire, sin mediciones de CO2, sin adecuada ventilación. Sin la inversión necesaria, en definitiva. 

La inversión en Educación Pública es lo que garantiza que el derecho a la educación y la equidad se cumplan.

 

SEXTA OLA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

 

La plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” de Sevilla muestra su preocupación por la alta incidencia de COVID que está habiendo en los espacios educativos a 2 años de aquel #SinSeguridadNoVolvemos, campaña que denunció las condiciones en que se produjo la vuelta al cole en el curso 2020-21. Que ahora se den las cifras que se están dando cuando la mayoría de los adultos están vacunados indica que en los centros educativos nunca fueron seguros y que las medidas que se tomaron eran y son insuficientes.

Desde que volvimos a la actividad educativa presencial sin seguridad, pero bajo el mantra de que contábamos con protocolos eficaces y que, por tanto, los centros eran seguros, venimos denunciando que las medidas han sido escasas, casi inexistentes, por no poner a disposición de la educación pública la inversión necesaria y ello se ha traducido en parches y exposición al riesgo de contraer la COVID-19 para toda la comunidad educativa y la sociedad en general.

Estas medidas debieron planificarse desde el primer momento, pero nada se hizo salvo improvisar cómo echar la responsabilidad a equipos directivos, docentes, familias (a estas con el extra de la amenaza de absentismo, desatención educativa o no evaluación) y alumnado. La prioridad se puso en tener los centros abiertos para “conciliar”.

Cuando fue evidente que el SARS-CoV-2 se contagiaba por aerosoles, se metió en los protocolos la ventilación natural, es decir, abrir puertas y ventanas, y cuando el frío y las inclemencias climatológicas arreciaron, se añadió el estrés térmico como otra condición a soportar. Pero nunca se bajó la ratio, no se hizo rastreo riguroso de casos positivos, se definió “contacto estrecho” y se aisló como convino, no se hicieron mediciones de CO2, ni se instalaron filtros, ni se vigiló que las mascarillas fueran las oportunas para un espacio con alto aforo, cerrado y de larga permanencia, donde se habla en voz alta. Ni siquiera siendo Andalucía la única comunidad autónoma del Estado que tiene una ley de bioclimatización de centros educativos en vigor desde hace más de un año que la Junta de Andalucía tiene la obligación de cumplir.

Que ahora, con más vacunas (que no evitan el contagio pero sí la gravedad de la enfermedad), se disparen los casos no indica sino que el cómputo en el ámbito educativo que se hizo en otras oleadas de COVID no fue escrupuloso y que fue interesado. Estamos viendo lo que se nos ocultó.

Seguimos teniendo la triste sensación de que lo que verdaderamente interesa a la Administración es mantener los colegios abiertos a toda costa para que los padres y madres trabajen con la prole atendida y que la máquina de la economía no pare. Si no fuera así, actuarían con mirada larga -porque esto tiene pinta de que ha venido para quedarse- y tomarían las medidas que verdaderamente son importantes: bajada de ratio, bioclimatización rigurosa, medidores de la calidad del aire...

La experiencia actual como familias es que está habiendo casos positivos en los colegios y que el miedo empieza a abrirse paso en la comunidad educativa como demuestra el vaciado espontáneo de algunas aulas y la venta disparada de test de antígenos, que las farmacias acusan ya con desabastecimiento. La viceconsejera de Educación, Carmen Castillo, lo niega en prensa, "no les constan" esas ausencias de alumnado en las aulas en estos días de fin de trimestre antes de las vacaciones de navidad; pero no nos sorprende: viven las aulas andaluzas desde sus despachos, sin el mínimo contacto con la realidad. 

Las mediciones de CO₂ realizadas por Escuelas de Calor el curso pasado demostraron que los niveles de aire respirado, potencialmente cargado con aerosoles con carga vírica, superaban las 700 ppm en apenas 10 minutos de aula cerrada. También reveló que no existía una pauta de ventilación válida para todas, sino que elementos constructivos como posición de las ventanas, cantidad de estas, orientación del edificio… influyen.

Esta mala calidad del aire con aulas cerradas ha sido la “normalidad” en los centros educativos antes de la COVID-19 y seguirá siendo así si no se pone remedio. La ley de bioclimatización vigente que prevé actuaciones en este sentido, debe cumplirse desde ya por situación de emergencia sanitaria, pero será una inversión a presente y a futuro que la Consejería de Educación tiene la obligación de acometer cuanto antes. ¿Lo va a hacer o va a seguir de brazos cruzados con la ley varada en el BOJA?

A dos años de convivencia y lidia con el virus SarsCov-2 queda claro que la protección nos la ofrecen la combinación de varias capas: ventilación, filtro del aire, mascarillas eficaces y bien usadas, distancia social y limitación de aforo. Pero esto no se ha tenido nunca en cuenta en los centros educativos, y alumnado y personal docente y no docente siguen siendo los grandes olvidados.

Se pide “pasaporte covid” para restaurantes, ocio, centros sanitarios (en estos incluso prohíben mascarillas de tela) y geriátricos. ¿Por qué no en centros educativos? Pero no pasaporte para las usuarias del espacio (podrían ser asintomáticas con o sin vacunas), sino para el edificio en sí, una especie de “ITE Covid” que contemple la doble pauta esencial: bajada de ratio que permita la distancia social (lo que en otros espacios es limitar el aforo) + filtros HEPA, medidores CO2, mascarillas eficaces y ventilación. 

Sí, invertir en la educación pública protege del virus y de mucho más. 

 

¿HABRÁ DINERO PARA LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS DE ANDALUCÍA PARA 2022?

 

La plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” ha registrado una petición de reunión con la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía de cara a conocer qué dotación de fondos prevé el gobierno andaluz destinar a la puesta en marcha de la Ley de Bioclimatización durante el ejercicio 2022.

La Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, en vigor desde hace más de un año y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz, sigue sin aplicarse porque no se ha iniciado su desarrollo reglamentario. Falta voluntad política, obviamente.

Y ello, a pesar de que se han dado hasta condiciones extremas para tomar medidas con urgencia (una pandemia cuyo agente patógeno se transmite por aerosoles en espacios interiores mal ventilados y sin distancia social, condiciones que cumplen las aulas andaluzas), y a pesar de que persisten condiciones laborales contrarias a la salud, disconfort térmico en las aulas, falta de eficiencia energética y muchos patios escolares hostiles por ser desiertos de cemento y faltos de vegetación. La ley de bioclimatización sigue sin desarrollo reglamentario y sin aterrizar en los colegios e institutos.

No podemos olvidar que, cuando en el Parlamento Andaluz se tramitó esta ley, los partidos en el gobierno (PP y Ciudadanos) adujeron para alargar los plazos de su aplicación la excusa perfecta: una ley no se puede llevar a cabo sin un desarrollo reglamentario, o sea, sin crear órdenes e instrucciones que concrete sus medidas y las haga aplicables. Nosotras, a 14 meses de su entrada en vigor, nos preguntamos: ¿Cuándo piensan empezar a generar esa normativa? Su pasividad les retrata.

Conscientes de que, además, son necesarios recursos económicos para su aplicación, la plataforma Escuelas de Calor ha optado por llamar a la puerta de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea para conocer de primera mano la previsión que el gobierno andaluz hace a nivel presupuestario de la puesta en marcha de las medidas que esta ley contempla. De ello podrán inferirse las intenciones del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla al respecto y con qué seriedad se toma la Consejería de Educación y Deporte de Javier Imbroda esta ley y, por tanto, las condiciones en que alumnado, docentes y resto de personal no docente trabaja en los centros educativos públicos andaluces.

El escenario que paralelamente se ha encontrado la plataforma es el de una Administración Pública poco accesible, pues el sistema de cita previa para el registro, de gestión telemática, hace casi imposible registrar un documento antes de un mes en esa Consejería concreta. Ello complica enormemente a la ciudadanía relacionarse con quienes están al frente de la gestión de nuestros servicios públicos. Toda una declaración de dónde y cómo nos quieren.

Escuelas de Calor no da por terminada la lucha por la bioclimatización de colegios e institutos por que haya una ley en BOJA, queremos ver que se aplica y que se aplica con rigor y equidad. ¡No vamos a parar hasta conseguirlo!  

14 OCTUBRE 2021, PIDE TU PÉRGOLA EXPO'92

 

El pasado mes de mayo, desde la plataforma de familias y AMPA “Escuelas de calor” solicitamos a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y a la Agencia Pública Andaluza de Educación, que realizaran las gestiones necesarias para que las pérgolas que dieron sombra al recinto de la Expo’92 salgan del abandono y sean reutilizadas para sombrear los patios escolares andaluces, sobre todo en aquellas zonas donde el calor más combate.

Muchas AMPA se hicieron eco de ella y realizaron la misma petición a lo largo de las semanas que siguieron a nuestra iniciativa. Pero la respuesta del señor consejero ha brillado por su ausencia. Ni el consejero Javier Imbroda, ni nadie en quien haya delegado, ni la APAE respondieron a nuestra petición de reutilizar las pérgolas de la Expo’92 para dar sombra a los patios escolares. No han tenido ni siquiera la decencia de enviar un “estamos estudiando la propuesta” y eso es intolerable en un cargo público de su responsabilidad y que gestiona un ámbito tan sensible como la Educación Pública.

Las personas que trabajan en la gestión de los servicios públicos son a su vez servidores públicos, con una alta responsabilidad por la que reciben reconocimiento, tanto a nivel social, como político y económico -cobran una pasta gansa que sale de nuestros impuestos- que no vamos a entrar a valorar. Pero lo que sí debemos valorar es su competencia en las obligaciones que deben cumplir.

La ignorancia a las peticiones que les hacen sus “administrados/as”, o sea, nosotros/as, aquellos/as en quienes influye su gestión, es una absoluta falta de respeto a las personas y organizaciones que se las hacen llegar. Y a nosotras corresponde, en aras de nuestra dignidad, insistir y reclamar una respuesta, la que sea, pero una respuesta.

Desde Escuelas de Calor consideramos que reacondicionar e instalar dichas pérgolas en los patios de recreo de los colegios e institutos andaluces constituye una solución sostenible y ecológica que encaja a la perfección con el espíritu contenido en la Ley de Bioclimatización, pues esta propone en su artículo 9 actuaciones de revegetación en los patios escolares para paliar las temperaturas inclementes del verano a las horas de recreo y deporte. Reciclar este material y ponerlo al servicio de los centros educativos de toda Andalucía sería una medida muy positiva tanto desde un punto de vista medioambiental y ecológico, como desde lo presupuestario o económico.

Por todo ello, el 14 de octubre volveremos a realizar la petición y a recordarle a Javier Imbroda que:

1. Es un servidor público del que esperamos una respuesta.
2. Que tiene en BOJA la Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables en vigor desde hace más de un año y no nos consta que siquiera haya iniciado su desarrollo reglamentario.
3. Que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz porque estaba ganada en las calles, con la lucha de la comunidad educativa.
4. Que es de su competencia y que se han dado hasta condiciones extremas para tomar medidas con urgencia: una pandemia cuyo agente patógeno se transmite por aerosoles en espacios interiores mal ventilados y sin distancia social, condiciones que cumplen las aulas andaluzas, y a lo que hay que sumar condiciones laborales contrarias a la salud, disconfort térmico, falta de eficiencia energética y patios escolares cuya reforma propuesta en la ley supondrá la mejora en la emergencia climática ante la que nos encontramos como especie.
5. Que los parches que la Consejería de Educación llama “climatización” en sus planes de infraestructuras no es aplicar la ley de Bioclimatización con el rigor que esta contiene.

Recordemos que la ley no se aprobó porque creyeran en ella, sino porque sabían que no íbamos a parar hasta conseguir generar ese derecho en la comunidad educativa y esa obligación en quienes gobiernen. Del mismo modo, no la aplicarán si nos rendimos ahora. Hay que seguir hasta verla aplicada en todos los centros andaluces.

Ante la falta de respuesta de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, la plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” llama a concentrarse en Torretriana el próximo 14 de octubre de 2021 a las 10:00 h. de la mañana para registrar de nuevo las solicitudes y exigir una respuesta. Este acto será una antesala de su participación en la manifestación en defensa de la Educación Pública que han convocado junto a la Marea Verde y casi 20 colectivos más de todos los sectores de la comunidad educativa.

¡No faltes el 14 de octubre! Trae tu solicitud y la meteremos juntas por registro. Usa este escrito o uno similar https://docs.google.com/document/d/1hbUyV8r7Ezlxx6tW8WVpeAiouMTGWD2KKMVE9j-Uzfw/edit?usp=sharing Llevaremos copias por si no lo has podido imprimir tú.

 

¡Te esperamos el 14 de octubre a las 10:00 h en Torretriana!

Vendrá Curro, la mascota de Expo’92 y más…

EDUCACIÓN: CONSEJERÍA “NINI”, NI SEGURIDAD NI CALIDAD

 

A tan sólo 4 días del comienzo de curso 2021-22 en Primaria, la Consejería de educación y Deporte capitaneada por Javier Imbroda se deshace en propaganda para instalar en la opinión pública y en especial de la comunidad educativa sus mantras de que Andalucía está preparada para volver a las aulas con seguridad y todas las necesidades cubiertas. Pero lo cierto es que nuestro sistema educativo andaluz adolece de carencias crónicas a las que se suman las originadas por la pandemia. Desde “Escuelas de Calor”, plataforma de familias de la Educación Pública, no compramos el discurso al señor consejero.    

Más allá de la permanente retahíla de anuncios, datos y cifras que maneja la Consejería de Educación y Deporte y que la realidad de las aulas desmiente de manera descarnada, la realidad es que el curso 2021-22 se presenta con la misma carestía de recursos humanos y materiales que viene siendo la norma desde hace ya una década. El autoproclamado “gobierno del cambio” de Juanma Moreno no ha hecho sino agudizar las políticas de desmantelamiento de la Educación Pública andaluza, en la que se soportan ratios imposibles, faltan docentes y la atención a la diversidad se hace inviable. Si a este escenario se le añade el contexto de la pandemia, la situación se agrava de manera alarmante.

Para Escuelas de Calor, las medidas tomadas el curso pasado frente a la COVID fueron del todo insuficientes y no sirvieron para bajar la ratio, ni hicieron los centros seguros. Es una falacia pese a que se repita una y mil veces que lo posibilitaron, porque la plantilla de refuerzo COVID fue muy escasa y porque en la mayoría de los centros no había espacio para los ansiados desdobles. Sólo bajó la ratio en los cursos finales de Secundaria y Bachillerato y pagando el alto precio de presencialidad, tiempo lectivo y aprendizajes, pues ese es el coste de fórmulas como la semipresencialidad. Si con los refuerzos de curso pasado no hubo seguridad, ni bajó la ratio, tampoco eso pasará este curso en el que se recortan los refuerzos COVID pese a que seguimos en pandemia.

Se olvida que para protegernos del contagio en las aulas siempre hicieron falta varias capas de seguridad (ventilación, medición de CO2, filtrado de aire, mascarillas homologadas, distancia social, bajar la ratio, adecuado rastreo de positivos…) y en los centros educativos, salvo excepciones como en toda regla, nunca se aplicaron como en otros ámbitos de la vida social. La prioridad fue mantenerlos abiertos y en uso, trasladando la responsabilidad y la presión a equipos directivos, docentes y familias.

Nos parece peligroso además que se estén reivindicando los refuerzos del curso pasado. Es perverso que nos den migajas, luego nos las quiten y que bajemos el listón reivindicativo a pedir esas migajas. Caer en esta trampa es dar por válidas las cicateras políticas de la Consejería de Javier Imbroda, que no ofrecen ni seguridad ni calidad a la comunidad educativa andaluza.

Echamos en falta indignación y rebeldía más allá de comunicados y redes. Pero si el curso pasado cuando todo era incertidumbre y había miedo, la Consejería consiguió convertir el #SinSeguridadNoVolvemos en absentismo, donde poco a poco hicieron tragar el mantra de "los centros son seguros y necesarios para la vuelta a la normalidad", donde los refuerzos COVID fueron casi un sorteo y los contagios siempre externos al centro, poco cabe esperar este. Muchas familias nos decían: ¿Dónde están las AMPA? ¿Y las “representantes” de las familias? Parece que vieron la #VueltaSegura como la mejor opción y que les pareció que #VueltaSegura era aquello: unos pocos docentes más -no en todos los centros-, gel y flechas en el suelo.

Escuelas de Calor no valida migajas porque la Pública es un derecho de nuestros niños y niñas y una obligación para quienes la gestionan desde la Junta de Andalucía. Nuestra lucha y defensa de la Pública es y va a seguir siendo por la aplicación de la Ley de Bioclimatización (no luchamos para tenerla en BOJA sino en las aulas y los patios), por la bajada de ratio (alta también sin pandemia), por plantillas docentes adecuadas a las necesidades (faltan docentes hasta sin COVID), por los recursos que permitan la digna atención al diverso alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, por mejorar las infraestructuras educativas y un largo etcétera que hagan de la Educación Pública andaluza lo que merece su comunidad educativa y aspiraciones de futuro.

 

1-S. EMPIEZA EL CURSO, EMPIEZA LA LUCHA

Señor Imbroda, Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía:

Ya nos conoce, somos uno de esos colectivos -pero dicho sin el tono despectivo que usted usa para aludir a nosotros/as- que el 1 de septiembre estuvo en el Parlamento, junto a otros 18, algunos de ellos también participantes de la Marea Verde. Hemos escuchado sus recientes declaraciones y no podemos sino compartir con ud. algunas reflexiones.

Para empezar, sepa que ha ninguneado usted a la Marea Verde y demostrado ignorar qué es ese movimiento. Marea Verde es más que un colectivo, es un movimiento social en el que nos encontramos muchas organizaciones y personas de los distintos sectores de la comunidad educativa para defender algo tan necesario en un país como es un sistema educativo público y de calidad, porque en él se basa el efectivo cumplimiento del derecho inalienable a la educación.

Dice usted que hay colectivos que se arrogan la voz de la comunidad educativa. Sin duda, algunos lo hacen. Y ud. mismo legitima esa representatividad cuando le interesa, para decir que sus medidas llevan el acuerdo de ciertas entidades con las que gusta en esas ocasiones reunirse y hacerse fotos. Tenga un poco de decencia, señor consejero.

Ha dicho usted que “los refuerzos extraordinarios no dependen de una cantidad, de un número, sino de las necesidades del sistema educativo”. Pues aplíquese el cuento, porque en el sistema educativo hay necesidades por cubrir que no dependen de la COVID, ni de situaciones extraordinarias, ni sobrevenidas, sino de la “normalidad”, porque la tozuda realidad es que normalmente faltan docentes, infraestructuras dignas, personal de apoyo al alumnado con NEAE (PTIS, ILSE, MECO, AL, Educadoras/es Sociales), orientadoras/es y personal de administración y servicios.

Y encima tiene ud. la vergüenza torera de decir que los refuerzos que puso el curso pasado fueron para seguir las indicaciones sanitarias de distancia, bajada de ratio y desdobles. Si no fuera tan grave, cabría la carcajada. ¿Dónde bajó la ratio? ¿Dónde hubo distancia entre los pupitres? ¿Dónde hubo desdobles? ¿Han calculado el porcentaje de centros donde eso se pudo hacer con “los refuerzos COVID”? A ver si ahora vamos a tomar la excepción por la regla. 

¿Dónde hubo mascarillas seguras (tipo y tiempo de uso recomendados por Sanidad)? ¿Dónde hubo mediciones de CO2? ¿Dónde hubo cribados? ¿Dónde filtros HEPA? ¿Dónde espacios alternativos a las aulas para desdobles? ¿Dónde los grupos burbuja fueron reales? No hemos tenido centros seguros, por mucho que lo repita, hemos hecho de la necesidad virtud.

Dónde bajó la ratio se lo decimos nosotras: en los institutos que aplicaron la semipresencialidad, o sea, el robo de tiempo lectivo al alumnado que iba la mitad de horas a clase, bien fuera yendo una semana sí y otra no, o días alternos o lo que cada centro decidió. Por supuesto, el profesorado tuvo también que hacer encajes de bolillos con su tiempo para atender en este desquiciante escenario al alumnado y los equipos directivos para dotar de tecnología a las aulas (le garantizamos que fue meritorio para unos dar clase así y para otros seguirlas desde casa). Se le olvida que, igual que no todo el monte es orégano, tampoco todos los centros son MEDAC.

La ratio dice ud. que es un debate fácil, recurrente… y que en la conferencia sectorial se ha acordado que hay que crear una mesa técnica para tener un debate sereno sobre ese tema buscando las evidencias científicas que fundamenten una bajada de ratio. ¡Acabáramos! No, lo que falta es voluntad política aquí y en Madrid para invertir en la Pública e ir caminando hacia ratios acordes con lo que llevan décadas diciendo y fundamentando las Ciencias de la Educación.

La gota que ha colmado el vaso es que deje caer que los “colectivos” no nos preocupamos del abandono escolar o que sugiera que los problemas de convivencia en el centro son debidos a que las familias hacemos dejación de nuestras obligaciones educadoras. Exigir a las familias lo que usted llama las 3 R -respeto, responsabilidad y rendimiento- estaría bien si su Consejería cumpliera con esas 3 R y el resto del abecedario. Nos parece una simplificación injusta y ofensiva que no habla sino del concepto clasista y estereotipado que tiene de las familias de la Educación Pública.

Claro que esos problemas son reales y preocupantes, pero no se van a solucionar con una ley de autoridad del profesorado como usted pretende. Rechazamos la violencia en todas sus manifestaciones, también la que sucede en las aulas, pero ella no es sino un síntoma de problemas que hay que atajar de raíz. Quizás podría usted reconocer al profesorado de otra manera, dotándole de recursos, reduciendo burocracia inútil, respetando las especialidades docentes, reduciendo la precariedad de ciertas profesionales, dotando de PAS a los centros para que no tengan que hacer a la vez de administrativos o conserjes, ampliando plantilla, atendiendo a la amplia diversidad, bajando ratio… eso es R de respeto y R de respuesta, la que se espera de alguien de su nivel de responsabilidad pública. Si en Educación se habla de “sistema educativo” es porque hay muchas variables imbricadas que condicionan la realidad de las aulas. Sobran las explicaciones, ¿verdad?

Pues nada, nos volveremos a ver en las calles, movilizaciones que dice usted respetar como no podría ser de otra manera. No nos dé usted motivos y despareceremos. ¡Ojalá!

Atentamente, 

Escuelas de Calor, familias de la Pública.

P.D.: Nos sorprende también el anuncio de 300 millones de euros para bioclimatización de los centros educativos en 2021 y 2022 para aplicar una ley que ni siquiera ha tenido desarrollo reglamentario y que a todas luces sigue sin ser aplicada con el rigor que su texto contempla. Hasta pronto.

Más, aquí https://www.facebook.com/100057430479765/posts/306889901235357/

EL TRAMPANTOJO DE LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN

 

Un trampantojo es una trampa para el ojo. Se usa por ejemplo cuando en una pared se pinta una puerta, pero no la hay por más que tus ojos la vean. O sea, como dice el diccionario al definir esta curiosa palabra: trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es.

Pues justo eso es el plan de infraestructuras de la Consejería de Educación cuando incluye medidas de climatización con refrigeración adiabática e instalación de placas fotovoltaicas. Quieren vendernos eso como aplicación de la ley de bioclimatización, pero no lo es.

Y no lo es porque la ley establece una serie de actuaciones previas que no nos constan que se estén llevando a cabo. Y eso nos coloca en una situación de arbitrariedad que desde luego no es deseable cuando se tata de gestión pública, donde tiene que haber transparencia, rigor y equidad.

Durante la tramitación de la ley, entre otros cambios sobre el texto original de la propuesta, se alargaron mucho los plazos de las actuaciones que contiene. Los asesores del gobierno andaluz se justificaban para ello en que una ley necesariamente debía tener un desarrollo reglamentario posterior que, como mínimo, tenía una duración de 1 año. ¿Dónde están esas órdenes o reglamentos? (art. 3.1.) ¿Se han iniciado? De no ser así, se han perdido ya 9 meses.

¿Dónde están las valoraciones y auditorías energéticas? (art. 3) 

¿Con qué criterios se ha seleccionado a unos centros sobre otros? (art. 3.2.) 

¿Se han licitado las auditorías energéticas? (art. 3.2.) 

¿Cuál es la relación anual de centros a incluir en esas auditorías? (art. 3.3.) 

¿Se ha dotado de financiación a esas auditorías o valoraciones de centros? (art. 5) 

¿Se han creado los equipos de gestores energéticos? ¿Se ha iniciado la formación para una gestión eficiente del consumo de energía a equipos directivos, personal docente, PAS y demás comunidad educativa? (art. 6) 

¿Se está haciendo la Guía Técnica para la adecuación y rehabilitación ambiental bioclimática y el uso de energías renovables en los centros educativos andaluces? (art. 7) 

¿Dónde están las actuaciones para renovar y mejorar la calidad del aire interior de los espacios educativos? (art. 8.1. Ni con un virus que se contagia por aerosoles las han aplicado) 

¿Dónde está la revegetación de los patios escolares y demás actuaciones en los exteriores de colegios e institutos? (art. 9) 

¿Dónde están las medidas de transparencia e información a las comunidades educativas sobre las actuaciones? (art. 11).

Por todo ello, por más que Elías Bendodo, Javier Imbroda y demás voceros de la propaganda del gobierno de Juanma Moreno hablen de bioclimatización y energías renovables en sus planes de infraestructuras -bienvenidos sean-, ESO NO ES LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN. ES SU TRAMPANTOJO.

Pero la lucha por la Ley de Bioclimatización no se dio para dejarla en BOJA, sino para que se aplicara. Con ella nacieron un derecho y unas obligaciones, y saben ustedes que somos muy “jartibles” en exigirlas.

Pronto nos veremos. Aquí tienen pistas de por donde van a ir las preguntas, para que vayan buscando las respuestas ;)

NOS TOCAN LA PÚBLICA, NOS TOCAN A TODAS

Este curso, el proceso de escolarización que arranca en marzo y con el que las familias solicitamos plaza en los colegios para nuestros hijos e hijas ha llegado como ya suele ser habitual desde hace muchos años, con la amenaza que suele cumplirse casi al 100% de pérdida de plazas en la Educación Pública. Se equivocan quienes quieren atribuir esto al gobierno actual de la Junta de Andalucía, aunque es verdad que este lo ha hecho con un desparpajo inusitado. Las políticas que se vienen aplicando sobre los servicios públicos, y la Educación lo es, son de deterioro y desmantelamiento a base de recortes en inversión, recursos y plazas.

Es un error también pensar que esto es algo que afecta a “equis” centros y sus AMPA o al profesorado que pierde la oportunidad de incorporarse a su plantilla. Este año les ha tocado a ellos directamente, pero el año que viene te puede tocar a ti.

El enfoque es otro. Esto nos afecta a TODAS, a toda la comunidad educativa, en primer lugar, y a la sociedad en general, en definitiva, porque nadie duda que el futuro y las posibilidades de desarrollo de un país -y el sentido en que lo haga- dependen directamente de la educación de las nuevas generaciones. Ampliemos la mirada: los barrios donde se cierra un colegio pierden servicios, menos gente querrá vivir en ellos, parques que se vacían, comercios que cierran… nos jugamos mucho.

La excusa para este enésimo recorte, tampoco nueva, es la bajada de la natalidad. Siendo esto así, la demografía nos sirve en bandeja una oportunidad para bajar la ratio y aumentar la calidad de la enseñanza. Con ello darían respuesta a una demanda histórica de la Marea Verde y quienes en ella defendemos la Educación Pública de calidad. Ello permite mejor atención educativa, más individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje, mejor atención a la diversidad, más inclusión, la innovación metodológica, mejores condiciones para la práctica docente, más equidad, etc. No lo hacen porque la Educación Pública no les importa, quieren seguir bajando la inversión en ella y engordar el negocio privado a costa de un derecho fundamental.

¿Vamos a seguir consintiendo esto?

El 10 de abril TODAS tenemos que tirarnos a la calle y marchar en manifestación desde el puente de Triana hasta la Consejería de Educación.

•        Porque es un ataque frontal más a la libertad de elección de las familias que queremos Educación Pública 100%.
•        Porque quizás ibas a solicitar plaza en el colegio de tu barrio y saber que iba a tener una línea menos te ha obligado a renunciar y solicitar la que era tu segunda opción. Es una trampa que les allana el terreno para dar el “tijeretazo” y han vulnerado tu derecho a elegir centro.
•        Porque pierde el barrio, la comunidad vecinal, la ciudad, las clases populares que no pueden ni quieren pagar “cuotas voluntarias” en la oferta concertada.
•        Porque no es verdad que la causa sea la bajada de la natalidad, porque estos recortes se aplican solo en la Educación Pública.
•     Porque si no plantamos cara, les dejamos que sigan aplicando su perverso plan de eliminar servicios públicos.
•        Porque pagamos impuestos para tener acceso a servicios públicos de calidad.
•       Porque sólo la Educación Pública de calidad garantiza el derecho universal a la educación.
•    Porque la Pública garantiza valores democráticos, igualitarios, plurales, inclusivos, no clasistas...
•        Porque nadie ocupará tu lugar en esta lucha, todas somos necesarias.
•        Porque la Pública es de tod@s y para tod@s.
•        Porque NOS TOCAN LA PÚBLICA, NOS TOCAN A TODAS.

Como ves, TODAS tenemos motivos para estar el sábado 10 de abril en la calle. ¡No faltes! #ProtegeLaPública