La ley requiere de un desarrollo
reglamentario que no se ha hecho.
La ley de bioclimatización exige
la realización de auditorías o evaluaciones energéticas, que no se han hecho,
en los centros considerados prioritarios teniendo en cuenta criterios técnicos.
La ley
de bioclimatización establece que la Junta de Andalucía
dotará de financiación suficiente para llevar a cabo las valoraciones o
auditorías energéticas, las medidas correctoras recomendadas, la formación del
personal y la elaboración de las guías técnicas; presupuesto CERO hasta ahora.
La ley de bioclimatización exige
la elaboración de una “Guía técnica para la adecuación y la rehabilitación
ambiental bioclimática y el uso de energías renovables de los centros
educativos andaluces” en el plazo de 18 meses; cumplieron en febrero de 2022 y
seguimos sin ella.
La ley de bioclimatización exige no
sólo bajar la temperatura de los espacios educativos interiores sino también la
renovación del aire para que sean saludables; ni en pandemia con un virus que
se transmite por aerosoles se ha dado importancia a este aspecto de la ley.
La ley
de bioclimatización contempla el acondicionamiento del
entorno exterior de los centros educativos con vegetación y arbolado. Y el
planeta nos está gritando que ya vamos tarde.
La ley habla
de participación de la comunidad educativa y de transparencia, y lo que tenemos
es propaganda y llamar a las cosas lo que no son.
Pues esto
es lo que hay.
El lamentable apaño que están haciendo en los colegios e institutos públicos aprovechando que Europa arrima alegremente dinero para regenerar la economía tras la COVID, no ha
llovido del cielo, ni es una repentina preocupación por las infraestructuras educativas
públicas. Es que miles de familias lo pelearon, generaron un derecho para la
comunidad educativa y una obligación para la Administración. Una obligación que Don Juan Manuel Moreno Bonilla está incumpliendo.
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