No es una errata. ¿Mal gusto? Quizás, pero desde luego a la misma altura que la enésima tomadura de pelo de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP. Es fruto de nuestra indignación.
Indignación, no puede haber otro sentimiento que ese. Las familias de la plataforma “Escuelas de Calor” consideramos una vergüenza que tras 6 años de arrancar nuestra lucha y poner el problema del calor en las aulas en la agenda política y de noticias de Andalucía, sigamos en la misma situación y los responsables políticos de la Junta de Andalucía se despachen con un "protocolo" para gestionar las altas temperaturas.
La Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y energías renovables, popularmente conocida como ley de Bioclimatización, lleva 3 años en vigor, pero la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla (firmante de la ley
aprobada por unanimidad en el Parlamento Andaluz) sigue sin aplicarla y se
conforma con actualizar un protocolo ante las altas temperaturas en el ámbito
educativo.
El protocolo en 2017 fue una medida de urgencia porque nada había y los equipos directivos tenían dificultades para tomar decisiones organizativas en los centros educativos, que eran verdaderas saunas incompatibles con la salud y el trabajo que se desarrolla en ellos. Aquello se gestó como respuesta a una "ola de calor", pero no son olas, es el clima de Andalucía y es el cambio climático. Y la Ley de Bioclimatización es la única respuesta ética y responsable con la salud de la comunidad educativa y con el planeta.
6 años después, cuando dicha ley en vigor tiene medidas para solucionar este problema en los colegios e institutos
andaluces, que todo lo que se plantee hacer sea actualizar ese protocolo revela
que la Junta de Andalucía no ha hecho los deberes. Lo menos que tenían que
haber hecho es desarrollar reglamentariamente la ley para poder aplicarla y
llevan 3 años sin hacer nada, excepto disfrazar de bioclimatización lo que no
lo es en algunos centros.
Nos quieren hacer creer que están trabajando para resolver el problema de que las aulas sigan siendo saunas y los patios páramos sin sombra, pero no nos vamos a tragar ese insultante protocolo. No nos tomen por idiotas, no olvide que les vimos tramitar la ley y que sabemos que han pasado 3 años sin que hagan nada, porque esto requiere inversión y hacerla en la Pública no está entre sus prioridades. Este paripé de protocolo no les servirá para apaciguar nuestro enfado ni para desmovilizarnos. Ya son 6 años y llegadas a este punto no vamos a tirar la toalla.
¿Acaso creen que las familias andaluzas no sabemos cómo vestir a nuestros/as hijos/as cuando hace calor? ¿Nos lo tiene que recomendar el protocolo? Que los pongamos a la sombra, ¿en qué sombra si en los patios no hay?¿En serio creen que el personal docente andaluz no sabe lidiar con las altas temperaturas y que tienen que darle "formación" para ello? Un personal docente y directivo de la Educación Pública que se echó a la espalda educar durante una pandemia, sin recursos, ¿necesita un curso online de 15 horas para lidiar con lo que llevan décadas padeciendo, la calor de Andalucía en sus centros de trabajo? Decididamente insultan nuestra inteligencia.
Y qué decir de la reducción del horario lectivo cuando haya alerta naranja o roja de la AEMET, por supuesto opcional y a criterio de equipos directivos y familias. Faltaría más. Otro parche que genera desigualdad entre alumnado (los que pueden ser recogidos a media mañana y los que no), caos en la impartición de las materias curriculares a lxs docentes (unos niños se van y otros se quedan en clase) y problemas de conciliación a las familias. ¿No lo han pensado, señora Patricia del Pozo?
Desde Escuelas de Calor mostramos nuestra más absoluta repulsa
hacia el comportamiento irresponsable de la Junta de Andalucía respecto a este
tema y exigimos que de una vez saque la ley del cajón y la aplique en los
centros educativos andaluces. Ya no se trata de olas de calor, se trata de
emergencia climática, se trata de que en marzo ya tenemos temperaturas de
verano y que se van en noviembre. Y se trata de que el mínimo de cualquier
gobernante es respetar las leyes y respetar a la ciudadanía, que en este caso
son nuestros escolares -1´8 millones aproximadamente de menores, cuyo interés
es superior a todo- y sus más de 200.000 docentes.
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