PRESENCIALIDAD A TODA COSTA

 

Sin medición de CO2, sin filtros HEPA, sin mascarillas homologadas y eficientes, sin bajar la ratio, sin distancia social, sin test, sin criterios de cuando hay que confinar a un aula y bajo el mantra de “los centros educativos son seguros”, así se volverá al colegio en plena sexta ola, con una tasa de incidencia disparada. Los refuerzos COVID fueron insuficientes, una medida más disuasoria de la protesta que eficaz, pero este curso 2021-22 se han reducido hasta ser simbólicos.

 

Desde la plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” (EDC) de Sevilla seguimos preocupadas por la manera en que se sigue gestionando la pandemia en el ámbito educativo, a 2 años de convivencia con un virus del que ya se tienen algunas certezas que no parecen tenerse en cuenta cuando de educación pública se trata. Antes que el modelo de queso suizo que aparece en la foto, basado en la combinación de varias capas de protección, aquí nos hemos quedado en el quesito el Caserío.

Si ya hubo una cantidad de casos preocupantes en el final del primer trimestre cuando los contactos sociales del puente del día de la Constitución pasaban factura, ¿qué puede pasar ahora tras las reuniones navideñas con una transmisión mayor y contagios disparados con una variante del SarsCOV-2 de alta transmisibilidad?

Que la presencialidad es esencial para garantizar el derecho a la educación en equidad nadie lo discute ni lo pone en duda, como tampoco que los niños y niñas necesitan ir a la escuela, aprender y socializar con sus iguales. La semipresencialidad fue un fiasco y los recursos tecnológicos no compensan ni sustituyen la relación educativa y humana que se da en las aulas, por supuesto. Pero la verdadera preocupación de quienes toman las decisiones de mantener los centros educativos abiertos no es esta, sino la conciliación laboral. Si no fuera así, las políticas educativas pondrían el acento en medidas que de verdad apuestan por el derecho a la educación, por la equidad y la calidad educativa: inversión, bajada de ratio, atención a la diversidad, más docentes, infraestructuras educativas dignas y un largo etcétera. Y nada más lejos de la realidad.

La comunidad educativa es diversa y las voces son variadas, sin embargo, sólo se da altavoz a las que van en una dirección y que se consideran representantivas de toda la comunidad educativa. Y sí, en sus declaraciones apuntan en la dirección correcta, pero a sabiendas de que la Administración de turno las desoirá e ignorará por enésima vez. Habrán cumplido con decirlo y no irán más allá. Cada una representa el papel que se espera de ella y todas contentas. La comunidad educativa tragará de nuevo con lo que impongan desde arriba, que en el futuro inmediato será presencialidad a cualquier coste.

Desde que llegó la pandemia ha habido familias y docentes críticos, que hemos denunciado que los protocolos eran insuficientes, que han faltado recursos, que no se han cumplido en los centros educativos las medidas que se daban en otros ámbitos, pero todo eso se ha venido callando en aras de la conciliación, y para eso ha sido y es necesario repetir hasta la saciedad el mantra “los centros son seguros”. Se han priorizado la conciliación y la economía sobre la educación y la seguridad.

Pero la escuela no debe ser la herramienta con la que el sistema económico solucione la necesaria conciliación laboral. Es una cuestión feminista, de una sociedad que apuesta por ser igualitaria. ¿Estamos aceptando que los cuidados hay que delegarlos en una institución como la escuela para conciliar pase lo que pase (pandemia) y en las condiciones que sea (valga como ejemplo la precaria atención al alumnado con NEAE por escasez de recursos o la elevada ratio en las aulas)? ¿Cuándo va a solucionar el sistema este problema (existente desde que la mujer se incorpora al trabajo visible) sin “pervertir” la labor educativa de la escuela? ¿Es la función social más relevante de la escuela servir a la conciliación? Como sociedad va siendo hora que reflexionemos sobre estas cuestiones. La conciliación es una trampa más y no se resuelve con equidad porque se use a la escuela para compatibilizar trabajo y cuidados, ni se garantiza el derecho a la educación porque los centros educativos estén abiertos; sólo hay que hacer un estudio comparativo entre escuelas y entre familias de distintas clases sociales para verlo.

Desde que volvimos a la actividad educativa presencial bajo el mantra de que contábamos con protocolos eficaces y que, por tanto, los centros eran seguros, EDC ha venido denunciando que las medidas han sido escasas, casi inexistentes, por no poner a disposición de la educación pública la inversión necesaria y ello se ha traducido en parches y exposición al riesgo de contraer la COVID-19 para toda la comunidad educativa y la sociedad en general. Llegamos incluso a abanderar una campaña de presión bajo el hastag #SinSeguridadNoVolvemos en el verano previo a la primera vuelta al cole tras el confinamiento, que fue apoyada por centenares de familias en solitario acusadas de absentismo y a las que lograron doblegar con amenazas de no evaluación y desatención educativa, sin apoyo expreso de sectores más “oficialistas”. Lo que pedíamos entonces se ha revelado como lo necesario para que los centros sean de verdad seguros y no es algo circunstancial por la pandemia, sino que es hacia donde se debe caminar: bajar la ratio (con los cambios en plantilla y organización necesarios) y garantizar la calidad del aire de las aulas combinando las soluciones técnicas y constructivas disponibles.

El 1 de enero el consejero Javier Imbroda refiriéndose a la vuelta al colegio tenía el cuajo de decir que los centros educativos “habían abierto en peores circunstancias que esta” (https://acortar.link/yNFdSO ), o sea, que de alguna manera reconocía que no había tanta seguridad como se dijo en su momento. Pero allá vamos, ahora se fia todo a unas vacunas que no evitan el contagio aunque sí la gravedad de la COVID y salga el sol por Antequera.

No se está teniendo mirada amplia, ni en sanidad (con una atención primaria colapsada y despidos de personal sanitario), ni en educación, ahora que un virus que se contagia por aerosoles pone de manifiesto la importancia de tener infraestructuras educativas que garanticen calidad en el aire interior de las aulas. Ni siquiera siendo Andalucía la única comunidad autónoma del Estado que tiene una ley de bioclimatización de centros educativos en vigor desde hace más de un año que lo contempla (artículo 8) y que la Junta de Andalucía tiene la obligación de cumplir.

Presencialidad sí, pero con seguridad, y esa es imposible sin rastreos de casos, sin la distancia social que permitiría la bajada de ratio, sin más docentes, sin mascarillas eficaces y bien usadas, sin filtros de aire, sin mediciones de CO2, sin adecuada ventilación. Sin la inversión necesaria, en definitiva. 

La inversión en Educación Pública es lo que garantiza que el derecho a la educación y la equidad se cumplan.