ESCRITO A LA ASOCIACIÓN JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA

Hemos dirigido a la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia este escrito junto a nuestras compañeras de Cádiz, Córdoba y Málaga. Puede ser sólo un gesto, pero es bueno que este despropósito se conozca en instancias judiciales.

Muy señoras/señores nuestras/os,

Somos madres y padres que tenemos a nuestros hijos e hijas escolarizados en la educación pública de la Comunidad Autónoma andaluza, concretamente de las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla.

Estamos organizadas en plataformas para la defensa de una educación pública, de calidad y segura, unas con más trayectoria en el tiempo que otras, pero que nos hemos coordinado en nuestro activismo desde que vimos cómo se planteaba la vuelta a las aulas en el curso que ahora comienza, en plena pandemia y cuando las autoridades sanitarias de dentro y fuera de nuestro país muestran una seria preocupación por el repunte de la COVID-19. Ya se habla de segunda oleada más que de brotes aislados y la tasa de contagio por cada 100.000 habitantes supera con creces la recomendada para volver a la actividad educativa presencial en las escuelas. Así y todo, hemos vuelto.

El confinamiento del estado de alarma nos obligó a cerrar todos los centros educativos y a adaptarnos de manera inmediata a una educación a distancia que hubo que improvisar de viernes a lunes, literalmente.

Durante ese proceso de educación confinada, las familias tuvieron que simular labores docentes con sus hijos/as, tutorizar sus tareas, poner a disposición de las actividades escolares sus pocos o muchos recursos tecnológicos e intelectuales. De igual manera, el profesorado tuvo que organizarse con sus propios medios para que el proceso de enseñanza se resintiera lo menos posible y su alumnado continuara teniendo una rutina “escolar” diaria en sus hogares.

Fue complicado, pronto se vio que el sistema educativo, pese a años de programas TIC, no estaba preparado para la teleformación, ni muchos/as docentes manejaban herramientas digitales, ni había plataformas en la mayoría de los centros educativos, ni todas las familias estaban preparadas para esta nueva etapa, ni tenían los dispositivos electrónicos necesarios para que sus hijos/as (algunas con más de un escolar en casa) siguieran conectados con sus profesores/as. En demasiados casos era el teléfono móvil o un ordenador compartido, incluso con el teletrabajo de los progenitores, toda la tecnología disponible.

La brecha social se manifestó en toda su crudeza y la desigualdad fue la nota dominante de esa etapa, un porcentaje significativo del alumnado se quedó atrás, su proceso de enseñanza-aprendizaje se interrumpió bruscamente, y ello afectó al alumnado más vulnerable por su origen socioeconómico y/o por tener necesidades específicas de apoyo educativo (discapacidad).

Es por ello que, desde finales de curso 2019-20, ya alertábamos de la necesidad de planificar el curso 2020-21 con rigor, partiendo de las necesidades detectadas y previendo que estaríamos aún con la COVID-19 entre nosotras. Ya hablábamos de inversión en la Educación Pública, de la necesidad de contar con más docentes para recuperar aprendizajes y bajar la ratio, de adaptaciones curriculares, de la necesidad de más infraestructuras educativas, etc. No puede olvidarse que el sistema educativo está debilitado, que las ratios han ido subiendo, las plantillas docentes han sido recortadas, hay servicios educativos privatizados, la atención a la diversidad es deficiente, los presupuestos de funcionamiento de los centros educativos han ido disminuyendo, etc. Todo producto de políticas de recortes y deterioro de lo público que vienen denunciándose por parte de la Marea Verde hace muchos años ya.

El adelanto del repunte de la COVID-19 -que no ha llegado en otoño y con los primeros fríos, sino en pleno verano-, así como el mayor conocimiento científico sobre las medidas necesarias para evitar el contagio, han venido a poner de manifiesto que las reivindicaciones que dábamos por imprescindibles por motivos pedagógicos, algunas históricas, lo son ahora también por motivos sanitarios y de salud pública.

El Gobierno y las comunidades Autónomas han decretado ya diferentes leyes que suponen, entre otras, el cumplimiento de algunas normas de seguridad para evitar la transmisión, como puede ser el uso obligatorio de las mascarillas tanto en espacios interiores como exteriores en mayores de 6 años y el aforo limitado en espacios públicos, que son de obligatorio cumplimiento, además de diferentes recomendaciones, como el distanciamiento social de 1,5-2 metros y el no agrupamiento de más de 10 personas en espacio públicos, esto último ha sido endurecido a no permitir reuniones de más de 6 personas en Andalucía.

Estas normas y recomendaciones se basan en el conocimiento científico, pues se ha demostrado ya que el SarsCov-2, al igual que otros coronavirus, se transmite no solamente vía góticulas, sino también vía aerosoles en los que también se encuentra carga vírica (Hamner, 2020; Liu, Ning, Chen, Guo, Liu, Gali, Sun et al., 2020; Morawska y Milton, 2020; Stadnytskyi, Bax, Bax y Anfinrud, 2020). En este sentido, diferentes científicos destacan 6 principales factores o elementos que aumentan el riesgo de transmisión del virus, a saber: el estar en espacios cerrados, mala o inexistente ventilación para el recambio de aire, el no uso de la mascarilla, el alto número de personas en dicho espacio (imposibilitando guardar el distanciamiento social), el hecho de que se hable mucho y/o alto en dicho espacio (lo que supone mayor exhalación del virus), y el hecho de pasar mucho tiempo en dicho espacio. Por ello, una de las recomendaciones que hace la OMS es efectuar en espacios abiertos las máximas actividades que anteriormente se hacían en espacios cerrados. Sin embargo, cuando eso no es posible, se hace primordial que los espacios cerrados estén bien ventilados, el uso en dichos espacios de filtros HEPA en los que se quede atrapado el virus, el uso de las mascarillas (aunque con poca claridad en cuanto a qué especificaciones técnicas debe tener) y el mantenimiento de la distancia de seguridad. 

Si repasamos los 6 factores de riesgo citados, que incrementan los niveles de virus en el aire y hacen más fácil su transmisión, se evidencia cómo un aula de infantil, primaria o secundaria, en condiciones normales, se vuelve un lugar de alto riesgo de contagio. De ahí que las familias nos hayamos posicionado en contra de que nuestros hijos e hijas vuelvan a la educación presencial sin seguridad y hasta que la Consejería de Educación tome las medidas necesarias.

¿Y qué ha hecho la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en todo este tiempo desde que acabó el curso pasado? Prácticamente nada, y lo poco que ha hecho, tarde y mal.

El 6 de julio, la Viceconsejería saca unas Instrucciones relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, que obtuvo una rápida respuesta por parte de centenares de direcciones de centros educativos a lo largo de toda Andalucía que expresaron a través de comunicados que las instrucciones eran inviables por falta de recursos humanos y materiales y que no podían garantizar un entorno escolar seguro.

Posteriormente, la viceconsejería publica un decálogo y un documento aclaratorio de todas las dudas suscitadas por aquellas instrucciones y empieza la ofensiva contra las familias que nos habíamos posicionado en un llamamiento a vaciar las aulas los primeros días de curso como medida de presión para poner el foco en lo que consideramos una vuelta al cole temeraria e irresponsable.

En el citado documento, se amenaza a las familias con iniciar el protocolo de absentismo escolar con las consecuencias civiles y penales que ello implica (multas, cárcel o retirada de la patria potestad). Asimismo, se niega la atención educativa a distancia para el alumnado cuyas familias estén optando por proteger su salud sacrificando la educación presencial; esto es casi más preocupante que lo anterior, pues quizás el absentismo no puedan demostrarlo nunca, pero privar a nuestros hijos e hijas de la evaluación (perderían el año escolar) es una manera de presionar e imponer a las familias la vuelta a las aulas por encima de sus decisiones como padres y madres en el uso de su responsabilidad. Se nos veta la justificación de las ausencias de nuestros/as hijos/as con el documento que hemos preparado para todas las familias que lo deseen utilizar y se flexibiliza el comienzo de curso para minimizar la legítima protesta social (vaciado de aulas por parte de las familias y huelga estudiantil).

Recientemente ha sido publicado un informe de la Abogacía del Estado que aclara algunos supuestos pero que no descarta que las denuncias por absentismo prosperen en algunos casos previo estudio de sus circunstancias particulares por parte de la judicatura.

Nuestras denuncias públicas son claras y objetivas al igual que nuestras reivindicaciones:

- Los protocolos COVID para organizar el arranque y desarrollo de curso escolar 2020-21 no han sido elaborados por personal experto y ni siquiera cuentan con visado o inspección técnica, sino que son los propios equipos directivos -todos docentes, no epidemiólogos ni técnicos de PRL- los que los han realizado con una formación online de apenas 10 horas de duración. En ellos no hay medidas de calado como sí se establecen en otros ámbitos de la vida social porque no son posibles sin inversión, habilitación de espacios para uso educativo y contratación de personal docente y no docente (sanitario, de limpieza y servicios).

-  -No se ha bajado la ratio, lo que impide que haya la distancia social de seguridad recomendada en las aulas.

-    - No se ha contratado la cantidad de docentes necesarios para desdoblar los grupos-clase con ratio alta.

-    - No hay mecanismos de ventilación y recambio de aire en las aulas, pese a que el contagio por aerosoles tiene cada vez más apoyo entre la comunidad científica.

-  - No se garantiza la limpieza e higienización de los pupitres y espacios de los centros educativos durante la jornada escolar.

-    - No hay personal sanitario en los colegios e institutos que pueda valorar la sintomatología que pueda producirse en algún niño/a o persona adulta durante el tiempo lectivo.

-   - No se han habilitado espacios para uso educativo que puedan complementar las insuficientes infraestructuras escolares.

-   - Los criterios de actuación cuando se dan positivos en las aulas han ido cambiando desde el aislamiento de todo el grupo-clase, a sólo el alumnado/profesorado de “contacto estrecho” (alumno sentado delante, detrás, derecha e izquierda) con el positivo y ya vamos por sólo el positivo, sin duda para que la alteración de la actividad lectiva en los centros sea la mínima.

Consideramos que hemos hecho lo que como padres y madres era nuestro deber, denunciar la gestión demencial e irresponsable de la vuelta a las aulas, porque si estamos obligadas a llevar a nuestros hijos e hijas de 6 a 16 años a los centros educativos, también lo estamos a proteger su integridad física y su salud.

Pero la respuesta de la administración educativa andaluza nos deja en una situación de absoluta indefensión -sea por denunciarnos por absentismo, sea por negarse a la atención educativa a distancia de nuestros hijos e hijas en lo mínimo: comunicación de tareas y evaluación de control y trimestral- y vulnera el derecho a tomar decisiones sobre nuestros hijos e hijas, que deben ser respetadas siempre que no vayan en contra del bien del menor, y en este caso nuestra decisión es hacer prevalecer su salud sobre una educación presencial que la pone en riesgo.

Por tanto, apelamos a su criterio como parte de la judicatura para que, como colectivo  competente en administrar la justicia -que será posible con la ejecución de las leyes en beneficio del interés general y la igualdad- adopten alguna medida que haga a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía asumir la responsabilidad que como poderes públicos tienen a fin de  dotar a las aulas y a los profesionales de la Educación de los recursos  necesarios para el ejercicio del derecho a la Educación de forma presencial, protegiendo la salud e impidiendo la exclusión y la brecha  social. Les agradeceríamos también que nos informaran si la actitud de dicha Consejería podría ser calificada como coactiva, intimidatoria e improcedente en un Estado social y democrático de Derecho.

Sin otro particular y en espera de sus noticias, les saludan atentamente,

AMPA Cádiz

AMPA En Pie (Málaga)

Escuelas de Calor (Sevilla)

Grupo Activo de vuelta al cole segura (Puerto Real, Cádiz)

Niñ@s del Sur (Córdoba)