6M, NO AL CIERRE DE LÍNEAS. PERO, ¿ASÍ?

 

Un cartel reza: domingo, 6 de marzo, 12:00 h., concentración en San Telmo. Hemos participado, pese a no ser invitadas a su construcción desde abajo y lo colectivo como plataforma de familias y AMPA de la Pública, en una concentración contra el cierre de líneas. El resultado no nos ha sorprendido: escasa participación. 

Que hayamos estado allí nos permite hacer una valoración de lo sucedido, a modo de autocrítica también, porque no compartimos esta manera de construir un conflicto. Nos genera contradicción, pero hemos de reconocer que “no estar” no es entendido, de ahí que este tipo de movimientos acabe por arrastrarnos muy a nuestro pesar. 

Si el éxito de la convocatoria se mide por la suma de logos, no está mal. Catorce. No están todos los que son, sin duda. Y hasta hay convidados de piedra, como la Marea Verde, una vergüenza que no se contara con ella más que a pocos días del 6M, como el verde perejil que adorna los platos, pese a que algunas de las organizaciones que están en la pancarta participan de ese espacio que siempre fue de encuentro y plural para la defensa de la Pública. 

La foto no es de la comunidad educativa en lucha, no lo es (es más, está gente a la que no se ve casi nunca en las calles). Y eso es lo que, a nuestro juicio, debería haberse promovido. Cuando un problema es colectivo, y esto lo es pues afecta a 41 centros educativos de Sevilla capital y provincia, la pelea por la solución no puede armarse por arriba sin contar y movilizar, de verdad, a las afectadas.

Lo de hoy es el resultado de un cartel con suma de logos sin verdadero movimiento por abajo, vacío. Liberados sindicales, aspirantes a serlo, algunas juntas directivas de AMPA, simpatizantes o militantes de partidos políticos que no quieren dejar de hacerse visibles apoyando lo público y varios activistas incombustibles de colectivos no invitados pero que se sienten parte de Marea Verde. Sólo un centro ha tenido una nutrida representación de sus familias. Nada más y nada menos, pero mucho menos del músculo necesario para parar la enésima pérdida de líneas que viene padeciendo la Educación Pública andaluza.

Esto no es nuevo, es repetición del método empleado desde que lo que importa de una pancarta o un cartel es la sopa de siglas y la suma de logos. Y el resultado será el mismo: fotos en redes de los promotores lustrando sus marcas, pero líneas se perderán.

Lo que pone a los gestores de los servicios públicos contra las cuerdas de tener que recular y comulgar con rueda de molino no es un puñado de logos y una concentración de "representantes" de las afectadas por un problema. Lo que hace que den marcha atrás es la ciudadanía en lucha en la calle (si se tiene curiosidad, consúltese la Guía Activista de la matriculación en la Pública que hemos sacado desde Escuelas de Calor, aquí cutt.ly/KAv3uwN). 

De otra forma, se están quemando cartuchos de fogueo y se está deteriorando la más valiosa herramienta que tenemos lxs de abajo para mover la voluntad de lxs de arriba y ponerlos a nuestro servicio, el de lo Público.

Actuando así, enseñando que un colectivo -por grande que sea- se puede agazapar detrás de un logo, lo que se logra es desmovilizar al colectivo que se pretende representar. La gente piensa y aprende -es lo más cómodo, además- que una entidad u organización le sustituye en la lucha y que puede delegar su presencia. Y no, las primeras personas no somos nada sin el nosotras, sin el plural, sin todas las personas afectadas al lado, concienciadas de su papel, empoderadas y en la calle. Y lo sabemos porque hubo una vez que EDC fuimos miles en la calle un 30S. Otros tiempos, otros contextos, lo importante no era el logo.

La propaganda de la Consejería de Educación y Deporte cuenta la milonga de que está bajando la ratio, la única ratio que vemos bajar es la de la participación en las acciones de protesta. La media no llega ni a 10 por logo. Preocupante. Nos debe hacer reflexionar. A nosotras, las primeras.

HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA: CIERRAN UN CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO.

 

Se viene marzo. Antes de que nos demos cuenta estará abierto el plazo de matrícula en los centros educativos andaluces. Y volveremos a vivir lo que ya es tan tradicional en primavera como el olor a azahar de los naranjos: se pierden plazas en la educación pública. Detrás de perder plazas viene perder centros. Y cada vez que se cierra un centro, un trocito de la Educación Pública se muere y el derecho inalienable a la educación retrocede.

Recientemente hemos tenido noticias del cierre de un centro en Huelva, el Tres Carabelas. Y en esta misma semana, otro en Castilleja de Guzmán, el Argantonio. Y no serán los únicos porque tienen la excusa de oro: baja la natalidad.

El caso de Castilleja de Guzmán merece un análisis profundo por 2 cosas: porque la Junta de Andalucía ha logrado dividir la opinión en este municipio y llevar a su terreno a gran parte de la comunidad educativa afectada, que no sólo es la del CEIP Argantonio, y porque revela el nivel de conciencia o actitud con que las de abajo percibimos la realidad que nos trasladan los de arriba.

Dicho sea de paso y por dejar constancia, que este análisis no lo hacemos desde el juicio, desde la acritud, ni desde ninguna posición de superioridad ni moral ni analítica. Lo hacemos desde la empatía y el respeto hacia todas las partes -todas tienen algo de “víctimas” porque todas pierden algo, todas, hasta las que aparentemente ganan- pero siendo conscientes de la necesidad de que los de abajo abramos los ojos y cambiemos de perspectiva. Por el bien común.

Resumimos la cuestión. Castilleja de Guzmán, municipio del Aljarafe sevillano, no llega a 3000 habitantes; tiene 2 centros de infantil y primaria. Linda con Valencina de la Concepción, casi 8000 habitantes; tiene 1 centro de infantil y primaria y un instituto de Secundaria. CEIP Argantonio, de Castilleja de Guzmán, escasa matrícula en los últimos años. Eso lo pone en el punto de mira de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, cuyas políticas son de desmantelamiento de la educación pública (de esta Junta del PP, como de las anteriores en manos del PSOE). IES Las Encinas de Valencina, masificado, pues recibe alumnado de varias localidades, sobre todo la propia Valencina y Castilleja de Guzmán.

La propuesta de la Consejería de Educación es transformar el CEIP Argantonio en IES y trasladar su alumnado al otro CEIP de la localidad, el Monteolivo, que también tiene ratio baja. Con ello, el alumnado de Secundaria de Castilleja de Guzmán no tendría que ir al IES de Valencina, que desde hace ya varios años reclama la ampliación del centro para bajar ratio y tener mejores infraestructuras.

Aparentemente, es buena solución. Tan buena, que ha sido bien recibida por gran parte de la comunidad educativa afectada. Esta parte comprende que no se puede tener abierto un centro con tan baja matrícula; comprende que es una solución parcial, mientras llega la ampliación del IES; comprende que Castilleja de Guzmán tendrá su propio IES para asumir la demanda de plazas de Secundaria; comprende, en definitiva, las razones de la Consejería. Esta ha logrado que los de abajo vean la cuestión con los ojos de los de arriba. El Argantonio se queda prácticamente solo porque pocos comprenden sus razones.

La Consejería con mucha habilidad ha sacado del foco que hay un centro de Primaria que se cierra, que hay plazas de la Pública que se pierden, que en el CEIP Monteolivo subirá la ratio, que hay un alumno con NEAE que necesita estar cerca de su centro de salud que ahora tiene que cambiar de colegio sin tener los recursos garantizados en el nuevo, que quizás la reconversión de CEIP a IES no llegue tan pronto o ni llegue (la Consejería no es precisamente muy cumplidora de sus “promesas” y más si requieren inversión, como esta), que ampliar el IES Las Encinas de Valencina ya no será tan necesario -según la Consejería- ni urgente porque ya no tiene alumnado de Castilleja de Guzmán asignado, que la plantilla de profesorado de un CEIP se queda sin destino o tendrá que ser trasladada removiendo a otro personal de sus puestos, que la Consejería se ahorra presupuesto e inversión en la Pública. Y sobre todo ha logrado que los de abajo no vean que la bajada de la natalidad es una oportunidad que nos ofrece la demografía para bajar la ratio y subir la calidad educativa.

Tenemos un problema cuando miramos estos temas desde la posición individual o el corto plazo y perdemos la visión de conjunto. Tenemos un problema cuando vemos la realidad comprendiendo a quienes no gestionan pensando en el interés general, aunque lo parezca. Los de arriba no son de nuestra clase, nuestra clase no puede renunciar a dar la batalla por sus derechos. Cada paso que retrocedemos, lo avanzan ellos. Cada batalla que no damos, la ganan ellos.

La solución pasaría por comprender nuestras razones, las de los de abajo, por plantarnos y exigir que la Consejería tome las decisiones que benefician a todas las partes a corto y a largo plazo: que se redistribuya el alumnado de infantil y Primaria de Castilleja de Guzmán entre sus dos CEIP y que se amplíe el IES Las Encinas para terminar con la masificación que padece. Solidariamente, toda la comunidad educativa unida debería luchar para lograr lo necesario y que todas ganen. Por el bien común.

La educación pública de calidad es un derecho y su defensa es una cuestión colectiva, porque en el barco de la Pública vamos todas y todos. Nos tocan un centro, nos tocan a todos.

Si baja la natalidad, que baje la ratio, pero que no se pierda ni una plaza ni un euro de inversión en la Pública.

NO al cierre del Argantonio.

SÍ a la bajada de ratio.

SÍ a la ampliación del IES Las Encinas.

SÍ a una Educación Pública y de calidad.

¿POR QUÉ LAS AMPA Y SUS FEDERACIONES NO HAN LLAMADO A VACIAR LAS AULAS?

 

El 19 de enero de 2022 dirigimos una carta a todas las federaciones y confederaciones de AMPA de Andalucía.

En plena sexta ola, con la incidencia disparada, con la enésima versión de protocolos COVID en centros educativos (que curiosamente no dispone la misma actuación para un contacto estrecho si es dentro o fuera de un colegio, pese a ser el mismo virus), con numerosas bajas docentes (muchas más que el año pasado por estas fechas pese a “las cuentas” que hace la Consejería), el consiguiente caos organizativo porque no se están cubriendo (también pese a lo que dice la Consejería), con contagios que no cesan incluso entre alumnado (y en Secundaria donde la mayoría está vacunado), con un sistema de salud colapsado donde la Atención Primaria no da abasto y por tanto, las enfermeras de enlace tampoco… las estructuras que representan a las familias en los centros educativos no pasan de comunicados y manifiestos, alguno reciente como el de la federación sevillana más subido de tono.

¿Y ya está? ¿Vamos a seguir soportando la que está cayendo sin más? ¿Confiando en que pasará como las olas anteriores? ¿Acaso no hemos aprendido ya que las recogidas de firmas, los comunicados, los papeles por registro… sin movilización son inútiles o incluso contribuyen a la desmovilización de los colectivos? ¿Por qué las AMPA, sus federaciones y confederaciones no han llamado a que las familias se movilicen vaciando las aulas de centros donde no hay ni seguridad ni presencialidad de calidad? ¿Qué miedo hay? ¿A la crítica? Lo que molesta a la Administración es lo que visibiliza el conflicto y el descontento social. Y eso es lo que está haciendo falta ya. Por menos, los docentes en Francia se han declarado en huelga y tirado a la calle.

O se exige con contundencia o seguiremos sin las medidas necesarias cuando llegue una séptima ola. El poder que les da la representatividad no se está usando adecuadamente.

Quien nos conoce sabe que somos firmes defensoras de otro modelo de organización de las familias en la escuela, que somos muy críticas con el modelo AMPA y la representatividad, eso inmoviliza no empodera, de hecho, EDC surgió de eso y por eso, pero ya que estas estructuras están, que se note y hagan algo de verdad útil. Representar a las familias es defender sus derechos, los de todas, las de riesgo, las que trabajan fuera de casa, las que teletrabajan, las que están desempleadas, las monomarentales, las monoparentales, las que tienen hijos/as con NEAE y las que no lo tienen. El problema y el pisoteo de derechos es a todas por igual. A un problema colectivo no existen soluciones individuales. Vamos todas en el mismo barco que se hunde, el de la Educación Pública. Esperamos una respuesta: escuelasdecalor@gmail.com.

Aquí abajo la carta dirigida a CODAPA, la mayor confederación de AMPA de Andalucía. Idénticas misivas han recibido las 8 federaciones provinciales y la otra confederación anldaluza (CONFEDAMPA).

 

 

Sevilla, 19 de enero de 2022

 

Nos dirigimos a ustedes como plataforma de familias y AMPA de Sevilla para hacerles partícipes de nuestra posición respecto a lo que está sucediendo en el sistema educativo público andaluz.

Sabemos que como Confederación son ustedes plenamente conocedoras de la realidad a día de hoy en los centros educativos, no sólo por el lugar que ocupan como confederación, sino porque como padres y madres perciben lo que está pasando. Sólo hay que tener un hijo o hija en edad escolar para saber que eso de “los centros son seguros” no es cierto. No lo ha sido nunca en estos dos años que llevamos conviviendo con el SarsCov2. Que podría haber sido peor, quizás sí, pero desde luego, si no lo ha sido, no ha obedecido a la gestión que desde la Consejería se ha hecho, sino por el esfuerzo y la responsabilidad de la comunidad educativa de cada centro.

La sexta ola, con una cepa Ómicron de alta transmisibilidad predominando los contagios, ha sumido en el caos organizativo y sanitario a muchos centros educativos. Las bajas de docentes tras las vacaciones de Navidad han sido muy numerosas, sin sustituciones pese a procedimientos extraordinarios como su gestión telefónica o la cobertura exprés en 24 h. Ello ha redundado en alumnado sin clases en Secundaria y Bachillerato, o subida de ratio por tener que repartir alumnado en Primaria para que no permanezcan en aulas sin maestra/o. Los apoyos al alumnado con NEAE también sufren las consecuencias pues es de este personal del que a veces se tira para cubrir ausencias docentes. Hay ya también muchos niños y niñas contagiándose y llevando la transmisión a sus familias. Y no vamos a detenernos en los cambios en los protocolos, en la duración de las cuarentenas, en las mascarillas, la no bajada de ratio, las temperaturas gélidas y el sinfín de despropósitos que nos acompañan por acción y omisión.

No podemos permitir este escenario por más tiempo, ni siquiera siendo conscientes de que es una situación de tensión sobre el sistema educativo temporal (que se traslada a su vez al sanitario) hasta el paso de la sexta ola y la bajada de contagios. Pueden venir más olas y el derecho a la educación presencial de calidad debe protegerse y garantizarse. No se ha hecho ni se está haciendo.

La Consejería de Educación tiene que percibir nuestro rechazo a su manera de gestionar la COVID en los centros educativos, tienen que tomar nota de que no nos convencen sus anuncios, sus datos, sus “mantras”, sus instrucciones, porque la realidad en las aulas es otra. Nunca debimos tolerar que los centros educativos fueran el único ámbito social donde no ha habido medidas eficaces a la altura de las circunstancias.

Ya no basta con comunicados y notas de prensa, ni con acciones tibias, hay que hacer algo más y les invitamos a que usen su representatividad de las familias de la Pública para llamar al vaciado de aulas en señal de protesta.

Desde nuestra experiencia, las medidas o acciones que se solicitan de la Administración, las preguntas o interpelaciones que se le hacen deben ir acompañadas de tensión y pulso en la calle para que tengan mayor peso. Sin la calle, no oirán nada ni pasarán a tener en cuenta ninguna de las reclamaciones. Lo que les molesta es la visualización del conflicto, que el colectivo afectado se movilice en primera persona, no a través de sus representantes, por muy legítimas que estas sean, en mesas de despacho.

Para ejemplo, no de lucha ni de personas -sería una falta de modestia-, las acciones que se hicieron por la bioclimatización de los centros andaluces desde el año 2017, que hicieron posible la actual Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, ya en BOJA. Ley que, dicho sea de paso, recoge en su artículo 8 la puesta en marcha de medidas que mejoren la calidad del aire interior de las aulas, tan esencial como hemos visto ante un virus de transmisión aérea como el SarsCov2. De ahí que sea tan importante en este contexto exigir que esa ley en vigor se cumpla.

Vaciemos las aulas. Todas las familias son capaces de organizarse para prescindir de la escuela y cumplir sus obligaciones laborales en los periodos vacacionales, también se puede hacer un día. Pierdan el miedo a molestar y convoquen a las familias. El problema es colectivo y sólo desde la colectividad tendrá solución. Quedamos a la espera de la convocatoria.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

 

VOLVER AL COLEGIO CON LA ÓMICRON DESBOCADA, UNA IRRESPONSABLE DECISIÓN POLÍTICA

Consideramos una irresponsabilidad que la vuelta a colegio tras las vacaciones de navidad no se haya aplazado al menos una semana para poder valorar su incidencia entre la comunidad educativa. Seguimos lamentando que nunca se hayan tomado verdaderas medidas, eficaces y basadas en la evidencia científica tras 2 años de pandemia, cuando ha habido certezas que podrían haber guiado las actuaciones en los centros educativos. Alumnado y docentes han sido, junto a sanitarios y personal de geriátricos, los más olvidados durante la pandemia. Se ha primado por encima de la salud, la economía y la necesidad de “conciliar”.

En los centros educativos nunca ha habido distancia de seguridad (la elevada ratio y las dimensiones de las aulas no lo permite), nunca ha habido certeza de que la ventilación era la adecuada, nunca se han hecho test ni rastreos, nunca se ha medido el CO2, nunca se ha filtrado el aire, nunca se ha dotado de EPI seguro a docentes y no docentes, nunca se ha exigido mascarilla FPP2 (obviamente caras para un uso diario y prolongado que exigiría a la Administración ponerlas a disposición de la comunidad escolar), nunca hubo control de qué mascarilla llevaba el alumnado, nunca se ha mantenido un criterio claro y homogéneo sobre qué es “contacto estrecho” cuando de colegios se trata. Los centros educativos no han sido seguros nunca. Ningún espacio lo es al 100% en pandemia, pero desde luego menos lo son aquellos en los que no se toman medidas eficaces.

Ha campado la desinformación, la tergiversación de datos, los mantras de seguridad y el “no mirar para arriba”, ahora que esa expresión es tan conocida para saber cómo actúa la sociedad cuando ve peligrar “la normalidad”. Las evidencias científicas de que este virus es de transmisión aérea son numerosas en la comunidad científica internacional. Hay muchísimos estudios muy serios que lo avalaban desde los primeros meses de la pandemia. Muchos reputados científicos han puesto en foco desde el principio en los espacios cerrados, mal ventilados y con alta densidades: escuelas, trasportes públicos, fábricas, aviones... Todos esos espacios y servicios de los que no se puede prescindir, pero sobre los que tampoco se ha puesto la inversión porque es más sencillo decir que el virus se muere si te lavas mucho las manos y sale más barato a corto plazo.

Lo peor es que no sólo la Administración ha sido irresponsable, sino que la comunidad educativa ha “entrado por el aro”, sigamos usando expresiones entendibles por todas, y las que no lo hicieron, tuvieron que ceder a las presiones, coacciones y soledad de quienes nadan contracorriente. Aquellas familias que decidieron presionar en septiembre de 2020 con el #SinSeguridadNoVolvemos por pedir algo tan simple como presencialidad con medidas acordes a la situación de pandemia, fueron tachadas de absentistas y de vulnerar el derecho a la educación de sus hijos/as. Se vieron solas, porque las AMPA, sus federaciones y confederaciones hicieron declaraciones de protesta (qué menos) pero no pasaron a la acción, no fuera a ser que molestaran a algunas socias o a la Administración que sostiene esas estructuras “representativas”. Habría que haberse negado a entrar en las aulas así y plantar cara a una Consejería negligente. Similar actitud en los sindicatos, salvo honrosas excepciones que intentaron mantener huelgas sin mucho éxito; tampoco entre la docencia se pasa de la protesta estéril en claustros y recreos, máxime con equipos directivos presionados para “aquí no pasa nada, todo controlado o que lo parezca”.

Para sostener la necesaria presencialidad con seguridad hacía falta planificación e inversión, y ni una cosa ni la otra. Y así nos va.

La vuelta al cole puede ser caótica ahora tras las navidades con una variante de altísima transmisibilidad. Faltarán docentes, no tendrán sustitutos/as inmediatamente, el alumnado tendrá que ser repartido en otras clases, las ratios subirán (temporalmente al menos), habrá niños y niñas que se contagien de forma asintomática y quizás transmitan la ómicron del SarsCov2 a sus compañeros/as, docentes y familias. Ojalá nos equivoquemos. ¿Es esta la presencialidad que vamos a aceptar? ¿Dónde quedan en este escenario la equidad y el derecho a la educación y a la salud? Pero eso sí, las empresas recibirán a sus trabajadores/as en tiempo y forma porque habrán podido conciliar gracias a la escuela. No miremos para arriba y que la economía y el sistema se recuperen como si nada pasara. Aprender a convivir con la COVID es esto.

Nada hemos aprendido tras 2 años. Pero porque no se quiere, el aprendizaje siempre es un acto de voluntad. No se quiere ver que las infraestructuras educativas necesitan adaptarse para siempre a estas posibles pandemias y que, al menos en Andalucía, hay una ley de bioclimatización en centros educativos que debería haberse aplicado para ir caminando en esa línea (filtros de aire bien dimensionados, mediciones de CO2, ventilación forzada y/o cruzada). No se quiere ver que volver a las aulas en plena transmisión comunitaria es un riesgo inasumible si no queremos seguir comprometiendo la salud y tensando aún más la colapsada atención primaria. No se quiere bajar la ratio ni invertir en recursos humanos que mejoren la calidad educativa y tapen los “agujeros” del sistema educativo que la pandemia ha hecho más evidentes aún. Desde EDC tenemos claro que no vale cualquier presencialidad.

Nada se ha hecho y nada parece que se vaya a hacer. Seguirán desoyendo las recomendaciones de la ciencia, porque estas críticas que venimos haciendo no las hacemos por ser “mosca cojonera”, permítase la expresión, sino porque vemos cómo personas expertas van en esa línea.

Aún quedan familias desobedientes que optan por "organizarse", como se hace en periodos vacacionales cuando no hay escuelas para conciliar y escriben esto en iPasen: "Buenos días, Mónica no se incorporará a las clases esta semana. Siempre hemos acatado las normas sanitarias que se han ido tomando, tanto desde el gobierno central como desde el autonómico, no sin reservas. Durante las vacaciones de Navidad, la evolución de la pandemia ha sido incontrolable, y sigue estando descontrolada, por ello asumimos la responsabilidad de retrasar la vuelta al colegio de nuestra hija. Seguirá trabajando desde casa. Nos ponemos a su disposición si considera necesario enviarnos cualquier trabajo complementario. Esperamos su comprensión. Muchas gracias

PRESENCIALIDAD A TODA COSTA

 

Sin medición de CO2, sin filtros HEPA, sin mascarillas homologadas y eficientes, sin bajar la ratio, sin distancia social, sin test, sin criterios de cuando hay que confinar a un aula y bajo el mantra de “los centros educativos son seguros”, así se volverá al colegio en plena sexta ola, con una tasa de incidencia disparada. Los refuerzos COVID fueron insuficientes, una medida más disuasoria de la protesta que eficaz, pero este curso 2021-22 se han reducido hasta ser simbólicos.

 

Desde la plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” (EDC) de Sevilla seguimos preocupadas por la manera en que se sigue gestionando la pandemia en el ámbito educativo, a 2 años de convivencia con un virus del que ya se tienen algunas certezas que no parecen tenerse en cuenta cuando de educación pública se trata. Antes que el modelo de queso suizo que aparece en la foto, basado en la combinación de varias capas de protección, aquí nos hemos quedado en el quesito el Caserío.

Si ya hubo una cantidad de casos preocupantes en el final del primer trimestre cuando los contactos sociales del puente del día de la Constitución pasaban factura, ¿qué puede pasar ahora tras las reuniones navideñas con una transmisión mayor y contagios disparados con una variante del SarsCOV-2 de alta transmisibilidad?

Que la presencialidad es esencial para garantizar el derecho a la educación en equidad nadie lo discute ni lo pone en duda, como tampoco que los niños y niñas necesitan ir a la escuela, aprender y socializar con sus iguales. La semipresencialidad fue un fiasco y los recursos tecnológicos no compensan ni sustituyen la relación educativa y humana que se da en las aulas, por supuesto. Pero la verdadera preocupación de quienes toman las decisiones de mantener los centros educativos abiertos no es esta, sino la conciliación laboral. Si no fuera así, las políticas educativas pondrían el acento en medidas que de verdad apuestan por el derecho a la educación, por la equidad y la calidad educativa: inversión, bajada de ratio, atención a la diversidad, más docentes, infraestructuras educativas dignas y un largo etcétera. Y nada más lejos de la realidad.

La comunidad educativa es diversa y las voces son variadas, sin embargo, sólo se da altavoz a las que van en una dirección y que se consideran representantivas de toda la comunidad educativa. Y sí, en sus declaraciones apuntan en la dirección correcta, pero a sabiendas de que la Administración de turno las desoirá e ignorará por enésima vez. Habrán cumplido con decirlo y no irán más allá. Cada una representa el papel que se espera de ella y todas contentas. La comunidad educativa tragará de nuevo con lo que impongan desde arriba, que en el futuro inmediato será presencialidad a cualquier coste.

Desde que llegó la pandemia ha habido familias y docentes críticos, que hemos denunciado que los protocolos eran insuficientes, que han faltado recursos, que no se han cumplido en los centros educativos las medidas que se daban en otros ámbitos, pero todo eso se ha venido callando en aras de la conciliación, y para eso ha sido y es necesario repetir hasta la saciedad el mantra “los centros son seguros”. Se han priorizado la conciliación y la economía sobre la educación y la seguridad.

Pero la escuela no debe ser la herramienta con la que el sistema económico solucione la necesaria conciliación laboral. Es una cuestión feminista, de una sociedad que apuesta por ser igualitaria. ¿Estamos aceptando que los cuidados hay que delegarlos en una institución como la escuela para conciliar pase lo que pase (pandemia) y en las condiciones que sea (valga como ejemplo la precaria atención al alumnado con NEAE por escasez de recursos o la elevada ratio en las aulas)? ¿Cuándo va a solucionar el sistema este problema (existente desde que la mujer se incorpora al trabajo visible) sin “pervertir” la labor educativa de la escuela? ¿Es la función social más relevante de la escuela servir a la conciliación? Como sociedad va siendo hora que reflexionemos sobre estas cuestiones. La conciliación es una trampa más y no se resuelve con equidad porque se use a la escuela para compatibilizar trabajo y cuidados, ni se garantiza el derecho a la educación porque los centros educativos estén abiertos; sólo hay que hacer un estudio comparativo entre escuelas y entre familias de distintas clases sociales para verlo.

Desde que volvimos a la actividad educativa presencial bajo el mantra de que contábamos con protocolos eficaces y que, por tanto, los centros eran seguros, EDC ha venido denunciando que las medidas han sido escasas, casi inexistentes, por no poner a disposición de la educación pública la inversión necesaria y ello se ha traducido en parches y exposición al riesgo de contraer la COVID-19 para toda la comunidad educativa y la sociedad en general. Llegamos incluso a abanderar una campaña de presión bajo el hastag #SinSeguridadNoVolvemos en el verano previo a la primera vuelta al cole tras el confinamiento, que fue apoyada por centenares de familias en solitario acusadas de absentismo y a las que lograron doblegar con amenazas de no evaluación y desatención educativa, sin apoyo expreso de sectores más “oficialistas”. Lo que pedíamos entonces se ha revelado como lo necesario para que los centros sean de verdad seguros y no es algo circunstancial por la pandemia, sino que es hacia donde se debe caminar: bajar la ratio (con los cambios en plantilla y organización necesarios) y garantizar la calidad del aire de las aulas combinando las soluciones técnicas y constructivas disponibles.

El 1 de enero el consejero Javier Imbroda refiriéndose a la vuelta al colegio tenía el cuajo de decir que los centros educativos “habían abierto en peores circunstancias que esta” (https://acortar.link/yNFdSO ), o sea, que de alguna manera reconocía que no había tanta seguridad como se dijo en su momento. Pero allá vamos, ahora se fia todo a unas vacunas que no evitan el contagio aunque sí la gravedad de la COVID y salga el sol por Antequera.

No se está teniendo mirada amplia, ni en sanidad (con una atención primaria colapsada y despidos de personal sanitario), ni en educación, ahora que un virus que se contagia por aerosoles pone de manifiesto la importancia de tener infraestructuras educativas que garanticen calidad en el aire interior de las aulas. Ni siquiera siendo Andalucía la única comunidad autónoma del Estado que tiene una ley de bioclimatización de centros educativos en vigor desde hace más de un año que lo contempla (artículo 8) y que la Junta de Andalucía tiene la obligación de cumplir.

Presencialidad sí, pero con seguridad, y esa es imposible sin rastreos de casos, sin la distancia social que permitiría la bajada de ratio, sin más docentes, sin mascarillas eficaces y bien usadas, sin filtros de aire, sin mediciones de CO2, sin adecuada ventilación. Sin la inversión necesaria, en definitiva. 

La inversión en Educación Pública es lo que garantiza que el derecho a la educación y la equidad se cumplan.

 

SEXTA OLA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

 

La plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” de Sevilla muestra su preocupación por la alta incidencia de COVID que está habiendo en los espacios educativos a 2 años de aquel #SinSeguridadNoVolvemos, campaña que denunció las condiciones en que se produjo la vuelta al cole en el curso 2020-21. Que ahora se den las cifras que se están dando cuando la mayoría de los adultos están vacunados indica que en los centros educativos nunca fueron seguros y que las medidas que se tomaron eran y son insuficientes.

Desde que volvimos a la actividad educativa presencial sin seguridad, pero bajo el mantra de que contábamos con protocolos eficaces y que, por tanto, los centros eran seguros, venimos denunciando que las medidas han sido escasas, casi inexistentes, por no poner a disposición de la educación pública la inversión necesaria y ello se ha traducido en parches y exposición al riesgo de contraer la COVID-19 para toda la comunidad educativa y la sociedad en general.

Estas medidas debieron planificarse desde el primer momento, pero nada se hizo salvo improvisar cómo echar la responsabilidad a equipos directivos, docentes, familias (a estas con el extra de la amenaza de absentismo, desatención educativa o no evaluación) y alumnado. La prioridad se puso en tener los centros abiertos para “conciliar”.

Cuando fue evidente que el SARS-CoV-2 se contagiaba por aerosoles, se metió en los protocolos la ventilación natural, es decir, abrir puertas y ventanas, y cuando el frío y las inclemencias climatológicas arreciaron, se añadió el estrés térmico como otra condición a soportar. Pero nunca se bajó la ratio, no se hizo rastreo riguroso de casos positivos, se definió “contacto estrecho” y se aisló como convino, no se hicieron mediciones de CO2, ni se instalaron filtros, ni se vigiló que las mascarillas fueran las oportunas para un espacio con alto aforo, cerrado y de larga permanencia, donde se habla en voz alta. Ni siquiera siendo Andalucía la única comunidad autónoma del Estado que tiene una ley de bioclimatización de centros educativos en vigor desde hace más de un año que la Junta de Andalucía tiene la obligación de cumplir.

Que ahora, con más vacunas (que no evitan el contagio pero sí la gravedad de la enfermedad), se disparen los casos no indica sino que el cómputo en el ámbito educativo que se hizo en otras oleadas de COVID no fue escrupuloso y que fue interesado. Estamos viendo lo que se nos ocultó.

Seguimos teniendo la triste sensación de que lo que verdaderamente interesa a la Administración es mantener los colegios abiertos a toda costa para que los padres y madres trabajen con la prole atendida y que la máquina de la economía no pare. Si no fuera así, actuarían con mirada larga -porque esto tiene pinta de que ha venido para quedarse- y tomarían las medidas que verdaderamente son importantes: bajada de ratio, bioclimatización rigurosa, medidores de la calidad del aire...

La experiencia actual como familias es que está habiendo casos positivos en los colegios y que el miedo empieza a abrirse paso en la comunidad educativa como demuestra el vaciado espontáneo de algunas aulas y la venta disparada de test de antígenos, que las farmacias acusan ya con desabastecimiento. La viceconsejera de Educación, Carmen Castillo, lo niega en prensa, "no les constan" esas ausencias de alumnado en las aulas en estos días de fin de trimestre antes de las vacaciones de navidad; pero no nos sorprende: viven las aulas andaluzas desde sus despachos, sin el mínimo contacto con la realidad. 

Las mediciones de CO₂ realizadas por Escuelas de Calor el curso pasado demostraron que los niveles de aire respirado, potencialmente cargado con aerosoles con carga vírica, superaban las 700 ppm en apenas 10 minutos de aula cerrada. También reveló que no existía una pauta de ventilación válida para todas, sino que elementos constructivos como posición de las ventanas, cantidad de estas, orientación del edificio… influyen.

Esta mala calidad del aire con aulas cerradas ha sido la “normalidad” en los centros educativos antes de la COVID-19 y seguirá siendo así si no se pone remedio. La ley de bioclimatización vigente que prevé actuaciones en este sentido, debe cumplirse desde ya por situación de emergencia sanitaria, pero será una inversión a presente y a futuro que la Consejería de Educación tiene la obligación de acometer cuanto antes. ¿Lo va a hacer o va a seguir de brazos cruzados con la ley varada en el BOJA?

A dos años de convivencia y lidia con el virus SarsCov-2 queda claro que la protección nos la ofrecen la combinación de varias capas: ventilación, filtro del aire, mascarillas eficaces y bien usadas, distancia social y limitación de aforo. Pero esto no se ha tenido nunca en cuenta en los centros educativos, y alumnado y personal docente y no docente siguen siendo los grandes olvidados.

Se pide “pasaporte covid” para restaurantes, ocio, centros sanitarios (en estos incluso prohíben mascarillas de tela) y geriátricos. ¿Por qué no en centros educativos? Pero no pasaporte para las usuarias del espacio (podrían ser asintomáticas con o sin vacunas), sino para el edificio en sí, una especie de “ITE Covid” que contemple la doble pauta esencial: bajada de ratio que permita la distancia social (lo que en otros espacios es limitar el aforo) + filtros HEPA, medidores CO2, mascarillas eficaces y ventilación. 

Sí, invertir en la educación pública protege del virus y de mucho más. 

 

¿HABRÁ DINERO PARA LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS DE ANDALUCÍA PARA 2022?

 

La plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” ha registrado una petición de reunión con la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía de cara a conocer qué dotación de fondos prevé el gobierno andaluz destinar a la puesta en marcha de la Ley de Bioclimatización durante el ejercicio 2022.

La Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, en vigor desde hace más de un año y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz, sigue sin aplicarse porque no se ha iniciado su desarrollo reglamentario. Falta voluntad política, obviamente.

Y ello, a pesar de que se han dado hasta condiciones extremas para tomar medidas con urgencia (una pandemia cuyo agente patógeno se transmite por aerosoles en espacios interiores mal ventilados y sin distancia social, condiciones que cumplen las aulas andaluzas), y a pesar de que persisten condiciones laborales contrarias a la salud, disconfort térmico en las aulas, falta de eficiencia energética y muchos patios escolares hostiles por ser desiertos de cemento y faltos de vegetación. La ley de bioclimatización sigue sin desarrollo reglamentario y sin aterrizar en los colegios e institutos.

No podemos olvidar que, cuando en el Parlamento Andaluz se tramitó esta ley, los partidos en el gobierno (PP y Ciudadanos) adujeron para alargar los plazos de su aplicación la excusa perfecta: una ley no se puede llevar a cabo sin un desarrollo reglamentario, o sea, sin crear órdenes e instrucciones que concrete sus medidas y las haga aplicables. Nosotras, a 14 meses de su entrada en vigor, nos preguntamos: ¿Cuándo piensan empezar a generar esa normativa? Su pasividad les retrata.

Conscientes de que, además, son necesarios recursos económicos para su aplicación, la plataforma Escuelas de Calor ha optado por llamar a la puerta de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea para conocer de primera mano la previsión que el gobierno andaluz hace a nivel presupuestario de la puesta en marcha de las medidas que esta ley contempla. De ello podrán inferirse las intenciones del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla al respecto y con qué seriedad se toma la Consejería de Educación y Deporte de Javier Imbroda esta ley y, por tanto, las condiciones en que alumnado, docentes y resto de personal no docente trabaja en los centros educativos públicos andaluces.

El escenario que paralelamente se ha encontrado la plataforma es el de una Administración Pública poco accesible, pues el sistema de cita previa para el registro, de gestión telemática, hace casi imposible registrar un documento antes de un mes en esa Consejería concreta. Ello complica enormemente a la ciudadanía relacionarse con quienes están al frente de la gestión de nuestros servicios públicos. Toda una declaración de dónde y cómo nos quieren.

Escuelas de Calor no da por terminada la lucha por la bioclimatización de colegios e institutos por que haya una ley en BOJA, queremos ver que se aplica y que se aplica con rigor y equidad. ¡No vamos a parar hasta conseguirlo!