Desde que se cerraron las aulas a mediados de marzo y hubo que convertir los domicilios en pseudoaulas, a los padres y/o madres en aprendices docentes (¡ahí es nada! Incluso tirar de algún hermano mayor de auxiliar...) y hacer hueco en los cuidados y rutinas diarias (incluido el teletrabajo y preocupaciones añadidas como desempleo, falta de impresora, enfermedad...) para las tareas académicas, la Consejería de Educación y Deporte (CEyD) de la Junta de Andalucía se ha ido despachando con algunas instrucciones combinadas con titulares de prensa que no han hecho sino aumentar el desconcierto. Últimamente, se han centrado, por motivos obvios y de calendario, en el final de curso y la vuelta a las aulas en septiembre, siempre con el runrún del Plan de Refuerzo Estival de julio sobrevolando nuestras cabezas, y por tanto, había que actuar. Desde el confinamiento, pero actuar.
En nuestro carácter asambleario, activista y convencidas de que unir fuerzas es la mejor manera que tiene la sociedad desde abajo para lograr que los poderes públicos actúen en pro del interés general, a finales de abril hicimos un llamamiento a todos los sectores de la comunidad educativa (sindicatos docentes, Mareas Verdes provinciales, federaciones de AMPA, Sindicato de Estudiantes y Plataformas como Córdoba Incluye, Niñas del Sur...) para mantener un encuentro virtual por zoom e ir tomando posiciones respecto a lo que se nos viene encima de cara a final de curso y comienzo del 2020-2021.
Sospechamos que los planes de la CEyD pueden ir en un sentido muy distinto al que las que defendemos la Educación Pública y su calidad a capa y espada consideramos a la altura de la situación que tenemos por delante y que habría que empezar a presionar para que se tengan en cuenta nuestras aportaciones. Pero de verdad, no de la manera que lo suele hacer el consejero Imbroda y que le lleva a anunciar sus medidas como "fruto del consenso y oidos todos los sectores de la comunidad educativa". Manida frase y un trampantojo que ni siquiera engaña a la vista.
Fruto de esa reunión ha salido un comunicado para los medios de comunicación (que copiamos aquí abajo) y un próximo encuentro virtual que tendrá lugar el 13 de mayo para consensuar acciones de cara al futuro a corto, medio o largo plazo, siempre respetando las fases de la desescalada.
MÁS DE 15 COLECTIVOS ANDALUCES EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA SE UNEN
PARA EXIGIR MÍNIMOS EN LA VUELTA A LAS AULAS Y EL FINAL DE CURSO.
Sevilla, 8 de mayo de 2020.- Un total de 31
participantes representantes de más de 15 colectivos del ámbito de la Educación
Pública (Mareas verde provinciales, sindicatos -USTEA y CGT-, plataformas como
Escuelas de Calor, Córdoba Incluye, Niñas del Sur, XPrimaria, Sindicato de
Estudiantes, federaciones de AMPA de Huelva, Málaga y Sevilla,
Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz...) se reunieron en la tarde del 6
de mayo para debatir sobre la vuelta a las aulas, sin olvidar el análisis de un
final de curso marcado por la teleformación durante el confinamiento por la
COVID-19 que ha evidenciado aún más la brecha social existente (más profunda si
cabe que la tecnológica).
En la primera de la que anuncian serán una serie de reuniones
y movilizaciones conjuntas en las próximas semanas, todos los sectores de
la comunidad educativa (familias, docentes y estudiantado), han coincidido esta
semana en que en estos momentos más que nunca debe garantizarse el Derecho a
la Educación Pública de calidad para todos y todas, con todas las garantías
sanitarias.
Para empezar, esto pasa necesariamente por garantizar
una educación presencial para todos/as, la obligatoria reorganización del
currículo y una bajada de la ratio (número de alumnado por aula), pero como
medida histórica que venimos defendiendo desde hace años y no solo una medida
extraordinaria por el covid-19. Sin embargo, ninguna de estas medidas puede
llevarse a cabo simplemente con titulares de prensa o intervenciones ante los
medios de comunicación o en el Parlamento. Sin el aumento de la inversión en
la Escuela Pública y una planificación de cómo se va a llevar a cabo siendo
conscientes de la realidad de la escuela pública andaluza, las plantillas y las
infraestructuras con las que contamos. Bajar la ratio no solo para garantizar
la salud, sino para garantizar la atención individualizada y de calidad a la
que tienen derecho todos y todas las alumnas. Una bajada de la ratio que supone
una fuerte inversión económica tanto de recursos humanos como de
infraestructuras: aumento de las plantillas sí o sí y adecuación de los
espacios necesarios para que ningún alumno se quede en su casa
Rechazamos la educación telemática, las
casas no son escuelas ni las habitaciones aulas. El alumnado necesita la
escuela, sus compañeros y compañeras y a sus docentes para desarrollar de forma
adecuada su formación académica y su desarrollo personal. Si para garantizarlo
con seguridad sanitaria se requiere una inversión extraordinaria,
exigimos que todos los fondos anunciados para el fracasado Plan de Refuerzo
Estival del señor Imbroda se destinen a esa inversión extra que necesita la
escuela pública durante el próximo curso 2020/2021; y que la inversión pública
para educación vaya destinada 100% a la Pública, dejando de financiar la
privada a través de los conciertos educativos.
Otro punto de encuentro entre las organizaciones
participantes ha sido la común preocupación por la atención a las
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Durante el
confinamiento, ha sido el alumnado con NEAE el menos atendido en muchos casos,
y de cara al próximo curso se abre un incierto panorama para él por la
paralización de la evaluación psicopedagógica de los equipos de orientación y
los dictámenes de escolarización que estos deben emitir de cara a la
escolarización el curso que viene y la dotación de recursos que este alumnado
necesita (personal docente y de apoyo). El reciente decreto de libre elección
de centro es otro aspecto que perjudicará a la escolarización en estos
momentos.
La garantía alimentaria también preocupa a la
comunidad educativa andaluza. Los actuales planes SYGA y PRIA serán a todas
luces insuficientes por cuanto, dada la situación de precariedad sobrevenida de
las familias andaluzas, aumentarán los niños y niñas que necesitarán de comedor
escolar. Los criterios de admisión deben modificarse para dar la necesaria
respuesta, pues la renta que se tiene en cuenta en ellos no coincide con la
actual situación en la que ha aumentado el desempleo, y debe aumentarse también
la cantidad de monitores/as para poder bajar la ratio de los comedores, así
como la debida adecuación de los espacios.
Preocupa igualmente la seguridad del personal
docente y de administración y servicios de los centros educativos ante la
posibilidad de que se tengan que incorporar presencialmente en el mes de junio.
Deben garantizarse medidas sanitarias y de higiene que protejan su salud y la
de sus familias.
Del mismo modo consideramos que los efectos de la
pandemia han puesto de manifiesto la necesidad de garantizar los servicios
públicos y en concreto de la escuela pública. La nueva ley educativa que está
en trámite parlamentario debe apostar decididamente por la escuela
pública, a volver a establecer el carácter subsidiario de la escuela privada
concertada como paso previo hacia una única red pública a la que vaya todo el
dinero público dedicado a educación como garantía de que la educación sea un
derecho para todos/as y no un negocio de unos/as pocos/as
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