El pasado viernes 19 de julio tuvo lugar el siguiente paso en la tramitación de la Ley de Bioclimatización de centros educativos públicos andaluces, la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Esto se hace después de ser oidas las comparecencias de diversos agentes sociales, entidades, organizaciones... Desde Escuelas de Calor (EDC) iniciamos por tanto su lectura y análisis, como hicimos la primera vez que esta ley se tramitó.
Todos los grupos, incluido el proponente, Adelante Andalucía, han presentado enmiendas a la ley. ¿Todos? No. El PSOE ni siquiera se ha tomado la molestia. Parece que sigue sin interesarle esta ley.
Las enmiendas de PP y Ciudadanos abren la puerta, de manera velada y sutil, a financiar la bioclimatización en la concertada; proponen procedimientos para que la iniciativa privada haga negocio, limitan la participación de la comunidad educativa, eliminan mecanismos de transparencia, reducen su alcance a planes de infraestructuras -sin definir- y garantizar el suministro de energía. La eficiencia energética y las renovables como apuesta a futuro, pasan a segundo plano y se quedan en declaración de intenciones. La ley queda en un texto sin compromisos, con plazos ampliados y sin financiación con recursos propios por parte de la Junta de Andalucía.
La ley de Bioclimatización de centros educativos después que sea enmendada por el gobierno andaluz de PP y Ciudadanos y su aliado Vox ya no será la que las AMPA de la Plataforma Escuelas de Calor impulsaron, que Mario Ortega redactó con las aportaciones de AMPA, sindicatos, expertos y demás agentes sociales, y que se admitió a trámite en febrero de 2018 presentada al Pleno del Parlamento andaluz de la mano de Podemos Andalucía.
Para las AMPA de EDC esta ley ya no es nuestra ley, la que apostaba por mejorar el confort de las aulas andaluzas, asegurando la salud del alumnado y los derechos laborales de los docentes, garantizando la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética que exige la emergencia climática ante la que nos encontramos. Las enmiendas han ido a destruir el espíritu de la ley y a convertirla en algo que no será útil a sus objetivos.
Eliminan de ella la transparencia, la participación de la comunidad educativa, alarga los plazos, abre el proceso al negocio de las empresas que recibirán las adjudicaciones de las auditorías y estudios previos, sirve de excusa para abrir más subvenciones a la privada concertada (junto a beneficios fiscales) y no garantiza la financiación de la bioclimatización en la Educación Pública. A esto se suma que la Guía Técnica, que junto a las auditorías de los centros tenía que conducir las reformas y medidas a tomar, queda en un documento de
“recomendaciones” sin obligatoriedad.
Ciudadanos y PP no quieren destinar dinero a esto porque en el fondo no les importa. Les importó cuando eran oposición para aislar al PSOE, pero ahora que son gobierno la dejan sin financiación para ahogarla. Saben que es la mejor manera para dejarla sin efecto. El dinero que prevén destinar según comtienen sus enmiendas tendrá que llegar a través de fondos europeos, los FEDER.
EDC muestra su absoluta indignación ante la situación que se genera con estas enmiendas, situación que, por otra parte, no les sorprende y que se podría haber evitado de no haberse adelantado las elecciones en la Comunidad autónoma andaluza por voluntad de Susana Díaz y el PSOE. Esta ley estaba ya tramitada y dictaminada favorablemente, a falta de tan sólo un pleno. Estaría en BOJA y, sin ser el texto original pues ya fue enmendado en sentido negativo para sus objetivos, al menos no estaría tan perversamente manoseada como lo está ahora. El PSOE andaluz tampoco creyó nunca en esta ley ni la miró con aprecio, y la prueba es que ahora ni siquiera se ha tomado interés por presentar enmiendas.
La lucha no termina y EDC, junto a otras organizaciones y colectivos, promete movilizaciones y llegar hasta las instancias que haga falta para que la Ley de Bioclimatización sirva al interés general que no es otro que el de la comunidad educativa de la Educación Pública andaluza y garantice derechos inalienables como son la salud y la educación de calidad en instalaciones dignas.
