El análisis que el señor Jiménez Luna, director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía (en adelante, AAE), hizo de la Ley de Bioclimatización de centros educativos públicos en comisión parlamentaria no se sostiene si se contextualiza en las actuaciones que realiza dicha Agencia de la Junta de Andalucía y pone de manifiesto que su intención no era otra que dar argumentos al gobierno andaluz para que la Ley no salga adelante o lo haga completamente desvirtuada.
Su intervención se resume -más allá de lo cara que le parece- en que lo que plantea la ley es inútil para los objetivos que persigue y que las actuaciones bioclimáticas y de renovables que plantea no bajarán las temperaturas de los centros ni los hará más eficientes energéticamente ni reducirán el consumo de energía. No dio cuartel a la Ley más allá de valorar positivamente su exposición de motivos.
Sin embargo, la AAE que el señor Jiménez Luna dirige desde 2005 ha llevado a cabo actuaciones mucho menos ambiciosas -sobre todo porque son parciales (plan de choque y plan de climatización) y a discreción de subvenciones de la REDEJA o solicitud por parte de entidades locales- que las que plantea la Ley y que entendemos él da por válidas puesto que se han realizado con su aprobación como director gerente.
Por ejemplo y sin remontarnos a mucho tiempo atrás, en 2017 se publica el “Programa de Climatización y Eficiencia energética de centros escolares públicos en Andalucía”, en el que, entre otras cosas, se habla de energías renovables y eficiencia energética de centros educativos, así como de medidas pasivas de climatización. Se cita en este programa, entre las entidades con competencias en su desarrollo, a la Agencia Andaluza de la Energía, ¿vio bien Jiménez Luna ese Programa que tiraba de renovables y eficiencia energética pero no las ve con buenos ojos ahora en la Ley de Bioclimatización? La incoherencia es manifiesta.
Por otra parte, la “Estrategia Energética de Andalucía 2020” (aprobada en acuerdo de Consejo de Gobierno de Andalucía de 27 de oct de 2015) es el documento marco que dirige la política energética de la comunidad autónoma, haciendo avanzar nuestro sistema energético hacia un modelo bajo en carbono, seguro, de calidad y basado en el uso de los recursos energéticos limpios y autóctonos, y en línea con la política energética de la Unión Europea.
Entre los principios que se extraen de esa Estrategia están:
1. Contribuir a un uso eficiente e inteligente de la energía, priorizando el uso de los recursos autóctonos sostenibles, así como los sistemas de autoconsumo.
2. Situar a los sectores de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética como motores de la economía andaluza.
3. Garantizar la calidad del suministro energético, impulsando la transición de las infraestructuras energéticas hacia un modelo inteligente y descentralizado, integrado en el paisaje.
4. Actuar desde la demanda para hacer a la ciudadanía protagonista del sistema energético.
5. Optimizar el consumo energético en la Administración de la Junta de Andalucía, mejorando la eficiencia de sus instalaciones e incorporando criterios de gestión orientados al ahorro energético.
De esa estrategia se extraen objetivos como impulsar actuaciones de mejora de la eficiencia energética, para contribuir a una reducción un 25% la demanda de energía primaria prevista en el escenario tendencial a 2020 y aportar con renovables el 25% del consumo de energía.
La Estrategia Energética de Andalucía 2020 recoge un Programa de actuaciones dirigidas a la gestión energética en la Administraciones Públicas de Andalucía y propone que estas deben ser un actor ejemplarizante para la ciudadanía.
Desde EDC nos preguntamos, ¿no está lo que plantea la Ley de Bioclimatización en sintonía con esta Estrategia? ¿No son los centros y edificios educativos unos de esos espacios que la Junta de Andalucía tiene que gestionar energéticamente como propone el “Programa de actuaciones dirigidas a la gestión energética en la Administraciones Públicas de Andalucía” que parte de la propia AAE que dirige el señor Jiménez Luna? Si las energías renovables son válidas, como propone la Estrategia Energética de Andalucía, y un elemento a introducir en nuestro futuro energético según la propia AAE, ¿cómo dice su director gerente que no lo son útiles en los centros educativos? Si hay que lograr el objetivo de un 25% de renovables, ¿cómo puede decir el señor Jiménez Luna que no son adecuadas para los colegios e institutos? Más incoherencias.
Abundando aún más, la “Red de Energía de la Junta de Andalucía” (REDEJA) existe desde 2007 y es una de las actuaciones de las que el director gerente presumió en su comparecencia ante la comisión parlamentaria en ese afán de que parezca que todo se está haciendo y entonces la ley es innecesaria.
El objetivo de la REDEJA era trasladar a la Administración andaluza los principios de ahorro energético y energías renovables, recogidos en la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de
fomento de las Energías Renovables y del ahorro y la eficiencia energética de Andalucía que, entre otros preceptos, establecía la obligatoriedad de incorporar Renovables y de fomentar las prácticas destinadas al ahorro y a la diversificación energética de los edificios e instalaciones propiedad de la Junta de Andalucía.
En EDC volvemos a preguntarnos, ¿no son los centros educativos públicos propiedad de la Junta de Andalucía? ¿Desde 2007 y no han llegado aún a los institutos (competencia autonómica directa) soluciones integrales de eficiencia y renovables? ¿No siente la Junta de Andalucía la obligación de invertir más recursos propios en este grave problema sino que fía el grueso de los recursos a los que vengan de Europa gestionados a través de la AAE? ¿Cuánto tiempo más debemos esperar para que los centros educativos no sean los edificios olvidados entre los edificios públicos?
Seguimos viendo incoherencias, el “Plan Integral del Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía Horizonte 2020”. También se habla en él de renovables y de eficiencia energética. Lo divulga la AAE en su web. ¿Nuevamente se ven positivas estas medidas para la todos los edificios, pero miramos para otro lado si se trata de colegios e institutos?
Las “Mejoras energéticas de los centros educativos de Andalucía” que aparecen en la web de AAE vuelven a hablar de “mejora de la eficiencia energética, mayor ahorro y gestión de la energía y aprovechamiento de las energías renovables, y a través de ello conseguir un mayor confort en las aulas, de manera que ahorrando energía consigamos una mejorara en la calidad de vida de los alumnos/as y las condiciones de trabajo de nuestros docentes”. ¿No vio esto el señor Jiménez Luna antes de decir que las medidas de la Ley no iban a mejorar los centros educativos?
La clave está en que esas mejoras de la AAE se canalizan a través de fondos europeos FEDER, ya sea mediante el programa de incentivos Construcción Sostenible (que viene de
2016, para CEIP) o del REDEJA (para IES); la Junta de Andalucía no tiene que destinar inversión con la equidad, compromiso, obligatoriedad y cuantía que establecería la Ley de Bioclimatización de centros educativos para toda la red escolar andaluza. Mejor seguir con medidas a cuentagotas a demanda de las entidades locales o los propios centros, que tomar la iniciativa desde quien tiene la competencia.
Y para terminar, ¿cómo un señor que cobra 5.101,97€ al mes (61.223,70€ anuales) se permite el lujo de decir que esta Ley cuesta mucho dinero? Lleva ahí desde 2005 y, a día de hoy, cobra poco más de 500€ al mes que el presidente de la Junta.
Puede parecer demagógico, pero ¿cuánto nos cuestan los altos y medios cargos de la Administración Pública andaluza y cuántos años llevamos sosteniendo eso mientras los colegios e institutos están “para tirarlos y volverlos a construir”, como el propio señor Jiménez Luna reconoce? Un poco de decencia política estaría bien, para variar. Ya vemos que prestarse a estas incoherencias tiene un precio, pero lo pagamos el pueblo a base de renunciar a derechos. EDC no está dispuesta a tan alto precio. Son nuestros hijos e hijas los que pasan calor y frío en sus aulas.
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