Entrada publicada el 4 de diciembre de 2019
Si algo
ha quedado claro en las intervenciones del señor consejero de Educación de la
Junta de Andalucía, Javier Imbroda, es que no ve con buenos ojos a esa parte de
la comunidad educativa esencial que son las familias. No a todas, claro. Las
calladitas, las que se limitan a llevar al niño o niña al cole sin pasar de la
puerta y que se costean los recursos que la Administración no pone (desde
folios o papel higiénico hasta pizarras digitales y aires acondicionados o
calefacción) a través de rifas o tómbolas, esas sí le gustan.
Dice el
señor consejero que hay que redefinir el papel de las asociaciones de padres de
alumnos (a las madres y a las alumnas las obvia) cuya responsabilidad “acaba
en la puerta del colegio” para dejar trabajar a los docentes sin colonizar
como pasa en algunos casos en la actualidad.
Con
estas declaraciones el titular de la Consejería de Educación manifiesta una
evidente ignorancia de una de las leyes que rige el ámbito que gestiona.
Fíjense:
DECRETO 27/1988, de 10 de febrero, por el
que se regulan las asociaciones de padres de alumnos de centros docentes no
universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Art. 5º. Las asociaciones de padres de alumnos son un cauce fundamental para posibilitar la
participación de los padres o tutores de los alumnos, en su caso, en las
actividades de los centros escolares. Para ello tendrán aquellas finalidades
que se fijen en sus estatutos, dentro de las siguientes.
a) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne
a la educación de sus hijos o pupilos.
b) Colaborar en las actividades educativas de los Centros, y en
las actividades complementarias y extraescolares de los mismos.
c) Organizar actividades culturales y deportivas.
d) Promover la
participación de los padres de los alumnos en la gestión del Centro.
e) Asistir a los padres
de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y gestión
de los Centros sostenidos con fondos públicos.
f) Facilitar la
representación y participación de los padres de alumnos en los Consejos
Escolares de los Centros públicos y concertados, para lo cual
podrán presentar candidaturas en los correspondientes procesos electorales.
g) Promover el desarrollo de programas de Educación Familiar.
h) Representar a los
padres asociados a las mismas ante las instancias educativas y otros organismos.
i) Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa a que se
refiere el artículo anterior, le asignen sus respectivos estatutos.
Que a este señor le molesten las
familias, sobre todo las que actuamos de forma organizada en las AMPA, es un
problema -sobre todo para él-, pero desde luego no estamos haciendo más que
ejercer el papel que la propia ley nos reconoce.
Al margen de lo legal está lo legítimo.
Somos las madres y los padres los que, por obligación, dejamos a nuestro bien
más preciado, nuestros hijos e hijas, en manos de profesionales de la educación
(que trabajan muchas veces en contra de los elementos y en infraestructuras
indignas y obsoletas), y como es lógico no podemos desentendernos de lo que
sucede en los centros educativos.
Cuando acudimos a una tutoría no lo hacemos para
fiscalizar sino por saber qué pasa con nuestro hijo o hija, si aprende, si
tiene dificultades, si se porta bien, si se integra con sus compañeros/as de
clase, en qué podemos ayudar y cómo.
Que haya familias que vayan con otras
actitudes -de todo hay, como hay buenos y malos docentes- no justifica que se
generalice y se meta a todas las familias en el mismo saco. Porque no es
verdad. Y porque muchas de nosotras sabemos que no hay que buscar culpables en
los centros, generalmente los culpables están en los despachos como el del
señor consejero y similares. Son pésimos gestores, como Javier Imbroda -que no
es pionero, ya los hubo antes-, los que se están cargando la educación pública.
La exigencia al profesorado que el
señor consejero tilda de “inhumana” no viene por parte de las familias que
están, según su parecer, examinando la actuación de los y las docentes. Viene
por la ingente burocracia a la que están sometidas, porque no paran de
cambiarles instrucciones (en muchos casos absurdas) con las que desarrollar su
trabajo, porque las plantillas son inestables y se ven incapaces de desarrollar
su proyecto educativo, porque trabajan muchas horas fuera de su jornada, porque
no se cuenta con ellos para nada que no sea obedecer, porque el que más y la
que menos ha pasado por varios centros y varias provincias, porque las ratios
son inabarcables, porque tiene alumnado con necesidades educativas especiales
al que no puede atender sin apoyo de personal especializado, porque se le
obliga a aprobar alumnado que no ha cumplido los objetivos educativos exigibles
en aras del PISA y demás rankings, porque soportan temperaturas que no respetan
su salud laboral… ¿Seguimos?
El señor Imbroda yerra el tiro. Las
AMPA no somos colonizadoras porque los centros educativos son un terreno tan
nuestro como del resto de la comunidad educativa. Lo que le molesta es que
“algunas AMPA” seamos exigentes en que se cumpla lo que marca la ley, que
tengamos claro nuestro papel en los colegios e institutos reivindicando
nuestros derechos (igual que la mayoría cumplimos con nuestras obligaciones) y
defendiendo una educación pública de calidad.
Pero al señor consejero le gustan las
AMPA que se organizan para sacarle las castañas del fuego y buscan recursos
para comprar pizarras digitales, arreglar desperfectos o climatizar las aulas.
Eso es un copago que genera desigualdad y desde Escuelas de Calor no vamos a
ser cómplices. Pagamos impuestos para recibir una contrapartida en servicios
públicos de calidad. (Ya escribimos sobre esto una vez http://ampasdesevilla.blogspot.es/categoria/repago/)
La educación pública es un derecho y
no vamos a bajar la guardia. Le vamos a poner todas las dificultades que
podamos para que el #PlanImbroda de deteriorarla y desmantelarla no salga
adelante. Se va a “jartá” de AMPA. ¡Todavía más!
