VOLVEMOS SIN SEGURIDAD, OTRA VEZ

 

Cuando alguien intenta venderte la moto y se la compras, das pie. Y eso es lo que se está haciendo a base de titulares de prensa que venimos observando en que la Consejería de Educación y Deporte vende la moto.

El curso pasado algunas decíamos que sin seguridad -y era seguridad algo tan avalado por la ciencia como distancia social y poco aforo- no debíamos volver a las aulas, pero se volvió. Poco a poco, la comunidad educativa fue normalizando los despropósitos continuos, anteponiendo la necesidad de conciliar a la salud y creyendo a pies juntillas lo de “los centros son seguros”. Y de aquellos polvos, estos lodos. Era y es un insulto a la lógica que las medidas que se recomendaban en cines, teatros, comercios, instituciones, oficinas… no se exigieran en los centros educativos.

La seguridad exigía buscar y habilitar para uso educativo espacios alternativos para complementar las aulas de colegios e institutos, bajar la ratio para reducir aforo en las aulas y garantizar distancia social, contratación de docentes a la altura de la nueva realidad y necesidades, aplicar medidas para mantener la calidad del aire interior de las aulas (no se olvide que hay una ley de bioclimatización de centros educativos que lo contempla) más allá de la ventilación natural (que también), garantizar el buen funcionamiento de las herramientas telemáticas y la cobertura a todo el alumnado, dotar de recursos humanos a los centros para una digna atención a la diversidad -ya que veníamos del total abandono del alumnado con NEAE durante el confinamiento- y protocolos de detección y tratamiento de los casos de COVID en el ámbito educativo uniformes y claros, con transparencia y rigor, sin retorcer los datos para que respondan a los intereses de la Administración.

Parece que se ha olvidado que los refuerzos COVID de plantilla docente fueron muy escasos, que llegaron tarde a los centros cuando ya se habían organizado los horarios y las tutorías, que apenas bajó la ratio -en la mayoría se mantuvo la que había-, que donde se bajó apreciablemente (últimos cursos de ESO y Bachillerato) fue a cambio de aprendizajes y tiempo lectivo gracias al ingenio de la semipresencialidad (disfuncional por falta de medios en muchos casos), que no hubo distancia social, que los grupos burbuja fueron una falacia, que el alumnado con NEAE que venía del limbo de la educación confinada ha seguido con recursos muy precarios que impiden la inclusión, que los centros han tenido que ir salvando los obstáculos organizativos y de medios como han podido, que la detección de casos y el seguimiento ha sido una continua redefinición del protocolo para que los contagios fuesen siempre “externos” al centro, que se prohibió el legítimo miedo y se coaccionó a las familias con un nuevo concepto de absentismo escolar... Parece que no tenemos memoria.

Como siempre, las cosas no han salido del todo mal gracias al empeño de la comunidad educativa, que opta por tirar palante y estar por encima de las “circunstancias”. Pero esas “circunstancias” no son sino la negligente y deficitaria gestión del actual consejero, don Javier Imbroda. Algunas tampoco hemos olvidado aquellas declaraciones suyas de “podemos cerrar las ventanas un poco si hace demasiado frío”, como tampoco nos consuela la capa de héroes y heroínas con que intentan agasajarnos. Queremos ejercer derechos, no ser reconocidas o aplaudidas por nuestra renuncia a ellos.

Ahora nos venden unas cifras recortadas de profesorado, menores que las del 2020-21, nos dicen que se van a mantener las medidas del curso pasado y todas contentas, como si lo del curso pasado fuera asumible. Parece que estamos abonadas al menos da una piedra sin aspirar a  lo que nos pertenece y merecemos. Y todo en plena quinta ola, con las autoridades sanitarias avisando de un otoño pandémicamente caliente con nuevas variantes aún más contagiosas. Más de lo mismo.

¿Y por qué? Porque esto requiere INVERSIÓN. Y no quieren poner dinero público, de todos y todas, en algo tan esencial como la Educación Pública, de tod@s y para tod@s.

 

 

EL TRAMPANTOJO DE LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN

 

Un trampantojo es una trampa para el ojo. Se usa por ejemplo cuando en una pared se pinta una puerta, pero no la hay por más que tus ojos la vean. O sea, como dice el diccionario al definir esta curiosa palabra: trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es.

Pues justo eso es el plan de infraestructuras de la Consejería de Educación cuando incluye medidas de climatización con refrigeración adiabática e instalación de placas fotovoltaicas. Quieren vendernos eso como aplicación de la ley de bioclimatización, pero no lo es.

Y no lo es porque la ley establece una serie de actuaciones previas que no nos constan que se estén llevando a cabo. Y eso nos coloca en una situación de arbitrariedad que desde luego no es deseable cuando se tata de gestión pública, donde tiene que haber transparencia, rigor y equidad.

Durante la tramitación de la ley, entre otros cambios sobre el texto original de la propuesta, se alargaron mucho los plazos de las actuaciones que contiene. Los asesores del gobierno andaluz se justificaban para ello en que una ley necesariamente debía tener un desarrollo reglamentario posterior que, como mínimo, tenía una duración de 1 año. ¿Dónde están esas órdenes o reglamentos? (art. 3.1.) ¿Se han iniciado? De no ser así, se han perdido ya 9 meses.

¿Dónde están las valoraciones y auditorías energéticas? (art. 3) 

¿Con qué criterios se ha seleccionado a unos centros sobre otros? (art. 3.2.) 

¿Se han licitado las auditorías energéticas? (art. 3.2.) 

¿Cuál es la relación anual de centros a incluir en esas auditorías? (art. 3.3.) 

¿Se ha dotado de financiación a esas auditorías o valoraciones de centros? (art. 5) 

¿Se han creado los equipos de gestores energéticos? ¿Se ha iniciado la formación para una gestión eficiente del consumo de energía a equipos directivos, personal docente, PAS y demás comunidad educativa? (art. 6) 

¿Se está haciendo la Guía Técnica para la adecuación y rehabilitación ambiental bioclimática y el uso de energías renovables en los centros educativos andaluces? (art. 7) 

¿Dónde están las actuaciones para renovar y mejorar la calidad del aire interior de los espacios educativos? (art. 8.1. Ni con un virus que se contagia por aerosoles las han aplicado) 

¿Dónde está la revegetación de los patios escolares y demás actuaciones en los exteriores de colegios e institutos? (art. 9) 

¿Dónde están las medidas de transparencia e información a las comunidades educativas sobre las actuaciones? (art. 11).

Por todo ello, por más que Elías Bendodo, Javier Imbroda y demás voceros de la propaganda del gobierno de Juanma Moreno hablen de bioclimatización y energías renovables en sus planes de infraestructuras -bienvenidos sean-, ESO NO ES LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN. ES SU TRAMPANTOJO.

Pero la lucha por la Ley de Bioclimatización no se dio para dejarla en BOJA, sino para que se aplicara. Con ella nacieron un derecho y unas obligaciones, y saben ustedes que somos muy “jartibles” en exigirlas.

Pronto nos veremos. Aquí tienen pistas de por donde van a ir las preguntas, para que vayan buscando las respuestas ;)

NOS TOCAN LA PÚBLICA, NOS TOCAN A TODAS

Este curso, el proceso de escolarización que arranca en marzo y con el que las familias solicitamos plaza en los colegios para nuestros hijos e hijas ha llegado como ya suele ser habitual desde hace muchos años, con la amenaza que suele cumplirse casi al 100% de pérdida de plazas en la Educación Pública. Se equivocan quienes quieren atribuir esto al gobierno actual de la Junta de Andalucía, aunque es verdad que este lo ha hecho con un desparpajo inusitado. Las políticas que se vienen aplicando sobre los servicios públicos, y la Educación lo es, son de deterioro y desmantelamiento a base de recortes en inversión, recursos y plazas.

Es un error también pensar que esto es algo que afecta a “equis” centros y sus AMPA o al profesorado que pierde la oportunidad de incorporarse a su plantilla. Este año les ha tocado a ellos directamente, pero el año que viene te puede tocar a ti.

El enfoque es otro. Esto nos afecta a TODAS, a toda la comunidad educativa, en primer lugar, y a la sociedad en general, en definitiva, porque nadie duda que el futuro y las posibilidades de desarrollo de un país -y el sentido en que lo haga- dependen directamente de la educación de las nuevas generaciones. Ampliemos la mirada: los barrios donde se cierra un colegio pierden servicios, menos gente querrá vivir en ellos, parques que se vacían, comercios que cierran… nos jugamos mucho.

La excusa para este enésimo recorte, tampoco nueva, es la bajada de la natalidad. Siendo esto así, la demografía nos sirve en bandeja una oportunidad para bajar la ratio y aumentar la calidad de la enseñanza. Con ello darían respuesta a una demanda histórica de la Marea Verde y quienes en ella defendemos la Educación Pública de calidad. Ello permite mejor atención educativa, más individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje, mejor atención a la diversidad, más inclusión, la innovación metodológica, mejores condiciones para la práctica docente, más equidad, etc. No lo hacen porque la Educación Pública no les importa, quieren seguir bajando la inversión en ella y engordar el negocio privado a costa de un derecho fundamental.

¿Vamos a seguir consintiendo esto?

El 10 de abril TODAS tenemos que tirarnos a la calle y marchar en manifestación desde el puente de Triana hasta la Consejería de Educación.

•        Porque es un ataque frontal más a la libertad de elección de las familias que queremos Educación Pública 100%.
•        Porque quizás ibas a solicitar plaza en el colegio de tu barrio y saber que iba a tener una línea menos te ha obligado a renunciar y solicitar la que era tu segunda opción. Es una trampa que les allana el terreno para dar el “tijeretazo” y han vulnerado tu derecho a elegir centro.
•        Porque pierde el barrio, la comunidad vecinal, la ciudad, las clases populares que no pueden ni quieren pagar “cuotas voluntarias” en la oferta concertada.
•        Porque no es verdad que la causa sea la bajada de la natalidad, porque estos recortes se aplican solo en la Educación Pública.
•     Porque si no plantamos cara, les dejamos que sigan aplicando su perverso plan de eliminar servicios públicos.
•        Porque pagamos impuestos para tener acceso a servicios públicos de calidad.
•       Porque sólo la Educación Pública de calidad garantiza el derecho universal a la educación.
•    Porque la Pública garantiza valores democráticos, igualitarios, plurales, inclusivos, no clasistas...
•        Porque nadie ocupará tu lugar en esta lucha, todas somos necesarias.
•        Porque la Pública es de tod@s y para tod@s.
•        Porque NOS TOCAN LA PÚBLICA, NOS TOCAN A TODAS.

Como ves, TODAS tenemos motivos para estar el sábado 10 de abril en la calle. ¡No faltes! #ProtegeLaPública 

CELAÁ E IMBRODA ALIADOS EN EL MANTRA “LOS CENTROS SON SEGUROS”

 

La plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” consideran un atrevimiento que tanto la ministra de Educación, Isabel Celaá, como el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, aseveren de manera tajante que los centros educativos son seguros sin pruebas objetivas ni estudios rigurosos del nivel de contagios que se producen en ellos, y cuando la situación que se vive en las aulas no cumple las medidas de seguridad que existen en otros ámbitos de la vida social. Retuercen los datos para que cuadre con su mantra y para legitimar la pésima gestión que ambos están haciendo cada uno desde su nivel competencial. Exigimos que la Junta de Andalucía haga un estudio honesto y con rigor de la situación COVID en el ámbito educativo y ofrezca datos reales, y no los que convienen a su discurso.

En los centros educativos el escenario más generalizado es este: hay un personal docente y no docente al que no se les facilita EPI; los espacios están masificados, son interiores, de larga ocupación (toda la jornada escolar) y en ellos se habla en tono alto; no hay distancia social; hay mascarillas de toda condición; las ventanas y puertas están abiertas (a ciegas, pues tampoco se mide el nivel de CO2), sin combinar esta medida con otras de ventilación forzada o filtrado de aire que pueda ayudar a mantener cierto confort térmico si el frío o la lluvia arrecian; no se hacen cribados ni estudios de aguas fecales que puedan ayudar a identificar tasas de COVID “en la sombra” que ayude a tomar decisiones; hay población en edades en las que la COVID suele ser asintomática (según expertas) y cuyo comportamiento natural es de cercanía y contacto; se detectan positivos pero no siempre se pone en cuarentena al resto del grupo a no ser que se haya dado “contacto estrecho”; y son espacios en los que se come, por tanto, se prescinde de la mascarilla (desayuno en las aulas o comedores escolares). ¿De verdad piensan que, después de un año de pandemia y con lo que ya sabemos, nos vamos a creer que los centros son seguros?

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía lleva ocultando y “cocinando” datos desde que comenzó el curso. Exigimos que diga la verdad, pues las familias, simplemente por lo que observamos en nuestros entornos escolares, tenemos otra percepción. ¿Cuentan en la Consejería con el alumnado que no está yendo a clase para sacar esas estadísticas? De facto, en esas clases hay otra ratio, más baja, gracias a las familias que, en legítimo y responsable ejercicio de la patria potestad, deciden proteger la salud de sus hijos e hijas. ¿Cuenta con el alumnado que ha estado en cuarentena por responsabilidad de las familias cuando se entera de que en la clase de su hijo ha habido un positivo, aunque la información no le llegue desde el centro o el enlace COVID? ¿Da por “contagio externo” más de los casos que debería (prácticamente todos)? ¿Cómo se sabe que el contagio ha sido “externo” y no en el ámbito educativo?

Hay datos objetivos y nos los han dado de nuevo las familias, esta vez de la comarca del Campo de Gibraltar. Las que valiente y responsablemente decidieron dejar a sus hijos e hijas en casa ante una tasa de incidencia de 2500 casos por 100.000 habitantes (10 veces lo considerado límite para cerrar colegios). En La Línea de la Concepción (Cádiz), donde el nivel de seguimiento de esta decisión llegó casi al 100% bajó el nivel de incidencia un 45%; no fue así donde el vaciado de aulas no fue tan secundado. Por tanto, se demuestra que el cierre temporal de los centros educativos en el momento en que la pandemia está descontrolada y hay contagio comunitario es necesario. Es una forma de protegernos como sociedad, evitar muertes, ingresos hospitalarios y bajar la curva.

Otro dato que no se facilita es el de “absentismo COVID” ni su evolución, ni el peso que esto está teniendo en los datos que maneja la Consejería. Estas familias mal llamadas absentistas, auténticas heroínas, difamadas, señaladas, que resisten a pesar de la presiones y coacciones, que están teniendo un trato desigual en cada centro, quizás están contribuyendo a la versión sesgada que puede dar la Consejería de Educación pues han contribuido a la bajada de ratio sacrificando el derecho a la educación que tienen sus hijos/as por la incompetencia y soberbia de la Consejería de Educación.

Javier Imbroda tiene pendiente cumplir con su mayor responsabilidad desde que comenzó el curso, invertir presupuesto en Educación Pública acorde a la situación de pandemia para poder tomar medidas eficaces que den la mayor seguridad posible a la labor educativa (bajada de ratio, contratación de docentes, habilitación de espacios para uso educativo y aplicar la ley de bioclimatización). Y a esa se suma ahora, decir la verdad -con datos reales y fundamentados-, sobre la COVID en el ámbito sobre el que tiene competencias plenas. 

En vez de eso, intenta distraernos con actualizaciones de protocolos -como el recién salido del horno, del 8 de febrero- que no hacen sino abundar en falacias como grupos de convivencia, burbujas, compartimentaciones de espacios interiores o dar uso educativo a espacios municipales (página 20 del recién estrenad protocolo), ¿con qué profesorado? Señor Imbroda, si nos esá leyendo, un poco de respeto, no nos insulte ¿de qué sirven más aulas sin docentes? ¿nos toma el pelo?

Isabel Celaá, por su parte, debió dejar de ponerse de perfil y dar instrucciones claras desde su ministerio para que la gestión de la pandemia pusiera en el centro la salud de la comunidad educativa y el derecho a una educación pública de calidad. 

VALORACIÓN DEL VACIADO DE AULAS DE 25 Y 26 DE ENERO

 

Concluidas las 2 acciones que desde “Escuelas de Calor” hemos convocado y llevado a efecto en los fríos días de enero, queremos compartir algunas reflexiones y valoraciones que hemos hecho por si pudieran interesar.

En primer lugar, queremos dar nuestro más sincero agradecimiento a los medios de comunicación y a los/las profesionales de la prensa que tanto colaboran con nosotras en la medida que visibilizan nuestra lucha. Sentimos de muchos de ellos/as no sólo el buen hacer periodístico, sino cercanía y complicidad pues son, como nosotras, madres y padres que también tienen hijos/as en la Educación Pública y que están viviendo de primera mano la situación. De todo corazón, gracias, no podría ser como es si vosotras/os.

La situación por la que la Comunidad educativa está atravesando desde que volvimos de las vacaciones de Navidad es extrema, y lo es por 3 motivos:

1.     1. El principal, porque no se tomaron medidas en su momento -que debieron ser planificadas desde mayo e implementadas en septiembre de este curso- como habría sido necesario y como se demandó desde muchos colectivos para que la vuelta a las aulas durante la pandemia de COVID fuera lo más segura posible (inversión extraordinaria y acorde a la situación, refuerzo docente, bajada de ratio, habilitación de espacios públicos para uso educativo, mejora de las infraestructuras en cuanto a calidad del aire de las aulas aplicando la Ley de bioclimatización).

2.    2. "Repunte explosivo” y “tsunami de COVID”, palabras que tomamos de presidente y consejero de educación de la Junta de Andalucía, respectivamente, y que definen muy bien la situación de descontrol de los contagios. Y los centros educativos no son un universo paralelo, están en este.

3.       3. Ola de frío, lluvia, nieve, que convierte las aulas en auténticas neveras y somete a estrés térmico insoportable e insalubre a docentes y alumnado. Y vendrá “la caló” y serán saunas.

Ante ese escenario podríamos haber apretado los dientes y dar una vez más prueba de que la comunidad educativa puede con todo -nos hace hasta sentir orgullosas, cuando lo oímos, pero encierra una trampa, si se piensa fríamente-, o sumar a eso acciones que visibilizaran la situación y animasen a decir BASTA. Nos parecía más digno hacer lo segundo. Ya es cuestión de dignidad, y también de salud, por supuesto.

Damos el objetivo por más que cumplido porque las compañeras, las familias, una vez más han estado a la altura. Y porque “se ha movido el avispero”.

Después de estas acciones, ha habido peticiones de cierre de centros por parte de ayuntamientos, de asociaciones de direcciones de centro de primaria y secundaria, de sindicatos, de comarcas… y ahora la Consejería tiene sobre su tejado tomar decisiones y actuar, porque ya mucha gente no se cree eso de “los centros son seguros”. Actuar responsablemente y no abundando en el mantra, ni retorciendo datos, ni ocultando la realidad, ni amenazando a las familias que quieren proteger la salud aunque sea a costa de la educación. 

De una Consejería de Educación que tiene que gestionar este derecho fundamental reconocido en la Constitución y este servicio público esencial se espera algo más que coacción, amenazas y declaraciones tirando de cinismo que resultan insultantes. En el motivo 1 arriba indicado tiene pistas de por donde debe empezar a trabajar, porque hasta ahora no ha hecho nada a la altura de la situación.

Y una reflexión final que toca hacer a cada AMPA o a cada persona que está en sus juntas directivas o tomando decisiones “en representación de…”. Montones de familias asociadas se han preguntado estos días: ¿dónde está mi AMPA? ¿Por qué no nos llega esta información desde la AMPA?  Y montones de familias nos han dicho “menos mal que estáis denunciando esto, porque en mi centro ni mu”. Aquí lo dejamos. Para pensar…

FRÍO EN LAS AULAS, CONDICIONES INACEPTABLES

Sevilla, 8 de enero de 2021. Las temperaturas -apenas pasan de los 10 grados en el interior- son insoportables a pesar de que alumnado y docentes van abrigados/as, con mantas, gorros y guantes. La lluvia entra por las ventanas, pero estas no se pueden cerrar, con buen criterio, para prevenir el contagio por aerosoles. ¿Es sanitariamente responsable abrir así los centros en pleno ola de frío y con la tercera ola de COVID subiendo? Si esto es en Sevilla capital, ¿qué no estará pasando en Granada y lugares de sierra? Es lamentable que la labor educativa en las aulas andaluzas se esté desarrollando en estas condiciones.

Desde el mes de abril del pasado año, en pleno confinamiento, ya alertábamos de que llegaría septiembre y habría que volver a las aulas. A nadie se le escapaba que el SarsCov-2 seguiría entre nosotras y que serían necesarias medidas extraordinarias para que la pandemia no pasase una factura excesiva a toda una generación de estudiantes. A nadie tampoco se le escapaba que sería necesaria una inversión extraordinaria para bajar ratio, contratar docentes y hacer posible una educación lo más segura posible y con una calidad digna. Adaptarse a la educación en pandemia no podía ser jugarse la salud (por contagio o por frío), tener los mismos recursos y confiar en al suerte. Era otra cosa y lo dejamos claro.

Nada de eso se ha hecho, porque las medidas son pocas, cicateras y claramente insuficientes. Se han reducido a tener las ventanas abiertas -acertadamente como demuestran las mediciones de CO2 que hasta el momento hemos hecho desde la plataforma Escuelas de Calor en centros educativos de nuestra provincia-, y a llevar mascarillas que corren por parte de familias y profesorado. Y gel hidroalcohólico, eso también. 

No debimos volver en estas condiciones y ahora, llegadas las lluvias y la primera ola de frío, la situación se hace insostenible. Niños y niñas ateridos de frío no pueden aprender, porque están centrados en la tiritona. Así de simple. Y porque el agua de lluvia entra por las ventanas y moja sus pupitres. Es una vergüenza.

Las medidas que se toman nunca incluyen a los centros educativos, que siguen “con normalidad”. ¿Esta es la normalidad? Pues es inaceptable. Como inaceptable es que se siga diciendo que los centros educativos son seguros sin que se hayan hecho estudios de aguas fecales, sin ofrecer datos totales de contagios en las aulas, cambiando los conceptos y los protocolos a conveniencia, culpando de los contagios que se dan en las aulas a las familias por ir a bares y supermercados con los niños y niñas… Ahora, en plena tercera ola, con una variante del virus que sabemos más contagiosa pero que no sabemos su efecto real en niños y adolescentes, los centros siguen abiertos con “normalidad”.

La Administración educativa de Juan Manuel Moreno Bonilla y Javier Imbroda ha tenido la oportunidad de destinar inversión a la Educación Pública y avanzar en la aplicación de la Ley de Bioclimatización -que plantea medidas de mejorar la calidad del aire interior de las aulas, imprescindibles ahora para prevenir contagios- al elaborar los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma andaluza y no lo ha hecho. Es una absoluta falta de respeto y una manera de gobernar desconectada de la realidad de las aulas andaluzas; ha demostrado que no le importa la Educación Pública una vez más y que ha desoído las protestas y las demandas de los movimientos en defensa de la Pública.

Desde Escuelas de Calor seguimos reclamando educación presencial, pero en condiciones de seguridad y dignidad. Eso es lo que deberíamos considerar “normal” y no lo que nos venden como tal, que se reduce a tener el mismo horario de apertura, ir con mascarilla y seguir las flechas pintadas en el suelo. La comunidad educativa andaluza no merece este trato. Y no olvidemos que la desigualdad sigue campando a sus anchas en una mal entendida autonomía de los centros y en función de "lo posible". Ni la semipresencialidad está siendo igual en todos los institutos y ello genera una gran desventaja en parte del alumnado, máxime cuando en la privada (concertada o no) no hay tal deficiencia de recursos o se suple de otras maneras.

Se necesitan estudios técnicos que permitan valorar la incidencia en la calidad del aire de medidas de ventilación forzada, por ejemplo, o filtros HEPA. Se está permitiendo nuevamente el copago de las familias y las AMPA de estos filtros -en cierto modo también favoreciéndolo ante la falta de respuesta-, instalándose sin tener seguridad de su eficacia y quizás trasladando una falsa seguridad que lleve a cerrar ventanas, algo que puede ser contraproducente. Es imprescindible invertir dinero en público en la Pública para bajar ratio y contratar docentes, lo hemos repetido hasta la saciedad. La gestión de la pandemia en el ámbito educativo está siendo pésima y parece que no hay voluntad de mejorarla.

CRÓNICA DE UN DESASTRE ANUNCIADO

 Érase una vez un país donde la educación importaba medio comino. En el año 2020 se declaró una pandemia mundial que llevó a mediados de marzo a cerrar los centros educativos porque la gente se contagiaba a puñados y era necesario “bajar la curva”, o lo que es lo mismo, evitar que los hospitales colapsaran, debilitados como estaban por años de recortes. Nótese: los contagios, entonces, se daban como probables en los centros educativos, de ahí su cierre inmediato.

Esa etapa de educación durante el confinamiento fue toda una experiencia y una constatación de que el sistema educativo, deteriorado por las mismas políticas que el sanitario, tampoco estaba preparado para hacer frente a la situación extraordinaria. En general, el profesorado, como siempre, se echó a las espaldas el sistema; las familias hicieron lo posible por suplir la labor docente; el alumnado que pudo, se lo tomó en serio y descubrió, más allá del instagram, las clases on-line; la Administración educativa no estuvo a la altura, llegó como de costumbre tarde y mal. Una parte significativa se quedó atrás: el alumnado con NEAE y el que carecía de recursos por la brecha de clase social (mal llamada entonces brecha digital).

Algunas ya empezamos a alertar de que esto venía para acompañarnos una laaarga temporada, que el curso empezaría con COVID y que era necesaria inversión para bajar las ratios, contratar docentes y habilitar espacios educativos, todo en aras de mantener condiciones lo más seguras posible en los centros educativos. Manifestación final de curso por un #PlanEmergenciaEducativa imprescindible para el curso 2020-21, ya no valdría improvisar. Notables ausencias.

Verano caliente. Algunas levantando el debate social al respecto y presionando para que la vuelta a clase fuera en condiciones de seguridad. #SinSeguridadNoVolvemos y la Junta de Andalucía amenazando con denunciar por absentismo a las “familias insumisas”.

Las direcciones de los centros se plantan; les duró poco, eso sí, lo que tardaron en tener “seguridad jurídica”. Salvo una honrosa excepción que dimitió. Todas a devanarse los sesos para pintar rayas en el suelo y elaborar el protocolo. ¡Loado sea Imbroda! ¡Documentazo! Donde esté un protocolo aparente, que se quiten la movilización y la denuncia, que son mucho más arriesgadas y costosas.

Otras, representando más a las familias que tenían que “conciliar” y, por tanto, arriesgar la salud, pedían #VueltaSegura, pero si no… pues que sea lo que Imbroda quiera. No sea que haya que apoyar a las “insumisas” extendidas ya por toda Andalucía y darles la razón. ¡Y eso es lo último!

La Consejería boicotea las movilizaciones de principios de curso y, así y todo, el 18-S la huelga educativa fue un éxito porque hubo unidad de toda la comunidad educativa. Todo un verano dando calor daba sus frutos, pero se quedaba en un gesto de protesta desatendido por la Administración. Normal, nos conocen y saben que no vamos a más.

¿Y ahora? ¿Se ha normalizado lo que pasa en los centros educativos? Todo parece indicar que así es. Nótese el cambio de discurso respecto a marzo: ahora los contagios no se dan en los centros educativos, pese a que las condiciones son las mismas que entonces. Las cifras no apoyan el mensaje de que los centros educativos son seguros.

Con los datos que ofrece el gobierno de España, que puede que no sean del todo exactos pues se basan en los que a su vez ofrecen las CCAA, y es manifiesto que dependen de la “gestión” que hacen de los casos sospechosos de COVID, que en los centros educativos -mundo aparte dentro de este mundo pandémico- es la que es, o sea la que interesa que sea (disculpen que les falte el aire al leer), se ve a las claras que la franja de edad donde más contagios aparecen es entre los 5 y 14 años.

Un dato interesante es que esta subida continua de casos en esas edades se produce a partir de mediados de septiembre y el mensaje “oficial” es que los niños y niñas se contagian en el ámbito familiar, porque sus padres tienen reuniones familiares -¡qué irresponsables!- y van a bares y supermercados -¡habrase visto tamaño despropósito!-. Lo curioso es que esta temeridad de los padres y madres también se produjo en verano y que la única variable que empieza a actuar en septiembre es el comienzo del curso escolar. ¿Casualidad o causalidad?

Érase que al principio de curso se iba a aislar a aquellos centros que tuvieran 3 casos de COVID. ¡Horror! Se ve pronto que eso iba a hacer que se cerraran muchos centros. Y como lo mejor del protocolo es que no está escrito en piedra, pues se cambia. Los documentos vivos es lo que tienen…

Luego se piensa en aislar la clase con positivos. ¡Chungo! Se nos va la nueva normalidad al garete y encima no hay permiso para que los padres y/o madres cuiden a la prole en cuarentena.

Mejor aislemos al niño o niña sentado delante, detrás, a la derecha y a la izquierda del caso positivo. Ufff, mismo lío. Lo de la cuarentena es un marrón para la clase currante, incluso si se está teletrabajando, que los niños y niñas “estorban” al rendimiento laboral.

Pues nada, se cambia otra vez el protocolo y nos sacamos un nuevo concepto “contacto estrecho”. ¡Solucionado! Todo esto aderezado con enésimas repeticiones al día de “los centros educativos son seguros” en los medios de comunicación, en las reuniones de padres/madres -telemáticas, eso sí- y en las redes de la Consejería de la Junta de Andalucía, ha dado el resultado cloroformizador necesario.

Pero los datos son tozudos y cantan. Y así lo demuestran los gráficos del Ministerio competente, que hemos animado para mejor comprensión y visualización.

Ahora las mismas organizaciones tibias que hicieron el ruido controlado que acostumbran a hacer lo bendicen y agradecen todo y piden más despacheo, porque todos los contactos que mantuvieron para el inicio de curso fueron muy fructíferos. A la vista está, muy fructíferos para la Consejería que con una cuantas migajas y sus "community manager" a tope difundiendo titulares, se ha metido a todas las “representantes oficiales” de la comunidad educativa en el bolsillo. Pero la realidad de los centros ha sido y es otra.

¿Qué tal si, todas, llamamos a la movilización, no al despacheo que es su terreno, y pedimos medidas de verdad eficaces para que los centros sean seguros? O sea, lo mínimo, inversión y la consiguiente bajada de ratio, contratación docente y que se cumpla la ley de bioclimatización (art. 8.1). Es urgente su aplicación para mejorar la calidad del aire interior de las aulas, sobre todo en aquellos espacios donde la ventilación natural no es suficiente. Quienes nos gobiernan piensan cumplir los lamentables plazos que se dieron al tramitar la ley -18 meses para los primeros pasos-, en su intención de no invertir en lo que no les interesa: infraestructuras educativas públicas. Se mantienen fieles a esos plazos, incluso en tiempos de pandemia cuando la ley se convierte en imprescindible para proteger la salud. Llamar a la movilización es otro atrevimiento, sí. También hemos normalizado que no hay músculo. Ni lo vamos a tener a este paso. Tiene que pasar algo más gordo, dicen…

El contagio se ha dado en el primer trimestre de curso y se dará en los centros educativos, lo niegue quien lo niegue. Y ese “ojo clínico” que afirma con total rotundidad que no se produce en las aulas no puede demostrarlo, como tampoco a la inversa -de eso se valen-, aunque la estadística y esa variable que interviene a partir de la vuelta al cole parece dar la razón a quienes dijimos que los centros serían espacios de riesgo biológico.

#AsíNoDebimosVolver pero parece que vamos a continuar abundando en los errores. Fue un clamor que la educación presencial era necesaria por insustituible -a la semipresencialidad ya dedicaremos otra entrada porque eso tiene migas-, pero debía ser también segura. Y no lo es.

Habrá quien piense que nuestro título es exagerado, porque no hay tal desastre. ¿NO lo es que aún haya niñxs sin ir al colegio y sin atención? ¿No lo son el riesgo cotidiano, el miedo, la incertidumbre? ¿No lo es la semipresencialidad en los cursos superiores de la ESO y Bachillerato? ¿No lo es el robo de tiempo lectivo en el curriculum por la semipresencialidad? ¿No lo es que no en todos los centros haya recursos tecnológicos para paliar ese tiempo? ¿No lo es que haya alumnado de 2º de bachillerato que lleven un estrés añadido a la EBAU? ¿No lo es que el alumnado NEAE siga en situación educativa precaria? ¿No lo es el avance de la Concertada frente a la cada vez más vapuleada Pública? ¿No lo es que los refuerzos COVID sean tan escasos que no han permitido bajar la ratio? Suele pasar que si esperabas la muerte y sólo te despellejan lo des por bueno -parafraseando a J.L. Sampedro- pero esto es un desastre. Y pudo haberse evitado.

Volvemos al principio de esta entrada, en España la educación importa medio comino. El otro medio es lo que importa la comunidad educativa: alumnado, docentes y familias. Lástima que sólo unas pocas lo veamos así. 

Feliz 2021 y suerte.