1-S. EMPIEZA EL CURSO, EMPIEZA LA LUCHA

Señor Imbroda, Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía:

Ya nos conoce, somos uno de esos colectivos -pero dicho sin el tono despectivo que usted usa para aludir a nosotros/as- que el 1 de septiembre estuvo en el Parlamento, junto a otros 18, algunos de ellos también participantes de la Marea Verde. Hemos escuchado sus recientes declaraciones y no podemos sino compartir con ud. algunas reflexiones.

Para empezar, sepa que ha ninguneado usted a la Marea Verde y demostrado ignorar qué es ese movimiento. Marea Verde es más que un colectivo, es un movimiento social en el que nos encontramos muchas organizaciones y personas de los distintos sectores de la comunidad educativa para defender algo tan necesario en un país como es un sistema educativo público y de calidad, porque en él se basa el efectivo cumplimiento del derecho inalienable a la educación.

Dice usted que hay colectivos que se arrogan la voz de la comunidad educativa. Sin duda, algunos lo hacen. Y ud. mismo legitima esa representatividad cuando le interesa, para decir que sus medidas llevan el acuerdo de ciertas entidades con las que gusta en esas ocasiones reunirse y hacerse fotos. Tenga un poco de decencia, señor consejero.

Ha dicho usted que “los refuerzos extraordinarios no dependen de una cantidad, de un número, sino de las necesidades del sistema educativo”. Pues aplíquese el cuento, porque en el sistema educativo hay necesidades por cubrir que no dependen de la COVID, ni de situaciones extraordinarias, ni sobrevenidas, sino de la “normalidad”, porque la tozuda realidad es que normalmente faltan docentes, infraestructuras dignas, personal de apoyo al alumnado con NEAE (PTIS, ILSE, MECO, AL, Educadoras/es Sociales), orientadoras/es y personal de administración y servicios.

Y encima tiene ud. la vergüenza torera de decir que los refuerzos que puso el curso pasado fueron para seguir las indicaciones sanitarias de distancia, bajada de ratio y desdobles. Si no fuera tan grave, cabría la carcajada. ¿Dónde bajó la ratio? ¿Dónde hubo distancia entre los pupitres? ¿Dónde hubo desdobles? ¿Han calculado el porcentaje de centros donde eso se pudo hacer con “los refuerzos COVID”? A ver si ahora vamos a tomar la excepción por la regla. 

¿Dónde hubo mascarillas seguras (tipo y tiempo de uso recomendados por Sanidad)? ¿Dónde hubo mediciones de CO2? ¿Dónde hubo cribados? ¿Dónde filtros HEPA? ¿Dónde espacios alternativos a las aulas para desdobles? ¿Dónde los grupos burbuja fueron reales? No hemos tenido centros seguros, por mucho que lo repita, hemos hecho de la necesidad virtud.

Dónde bajó la ratio se lo decimos nosotras: en los institutos que aplicaron la semipresencialidad, o sea, el robo de tiempo lectivo al alumnado que iba la mitad de horas a clase, bien fuera yendo una semana sí y otra no, o días alternos o lo que cada centro decidió. Por supuesto, el profesorado tuvo también que hacer encajes de bolillos con su tiempo para atender en este desquiciante escenario al alumnado y los equipos directivos para dotar de tecnología a las aulas (le garantizamos que fue meritorio para unos dar clase así y para otros seguirlas desde casa). Se le olvida que, igual que no todo el monte es orégano, tampoco todos los centros son MEDAC.

La ratio dice ud. que es un debate fácil, recurrente… y que en la conferencia sectorial se ha acordado que hay que crear una mesa técnica para tener un debate sereno sobre ese tema buscando las evidencias científicas que fundamenten una bajada de ratio. ¡Acabáramos! No, lo que falta es voluntad política aquí y en Madrid para invertir en la Pública e ir caminando hacia ratios acordes con lo que llevan décadas diciendo y fundamentando las Ciencias de la Educación.

La gota que ha colmado el vaso es que deje caer que los “colectivos” no nos preocupamos del abandono escolar o que sugiera que los problemas de convivencia en el centro son debidos a que las familias hacemos dejación de nuestras obligaciones educadoras. Exigir a las familias lo que usted llama las 3 R -respeto, responsabilidad y rendimiento- estaría bien si su Consejería cumpliera con esas 3 R y el resto del abecedario. Nos parece una simplificación injusta y ofensiva que no habla sino del concepto clasista y estereotipado que tiene de las familias de la Educación Pública.

Claro que esos problemas son reales y preocupantes, pero no se van a solucionar con una ley de autoridad del profesorado como usted pretende. Rechazamos la violencia en todas sus manifestaciones, también la que sucede en las aulas, pero ella no es sino un síntoma de problemas que hay que atajar de raíz. Quizás podría usted reconocer al profesorado de otra manera, dotándole de recursos, reduciendo burocracia inútil, respetando las especialidades docentes, reduciendo la precariedad de ciertas profesionales, dotando de PAS a los centros para que no tengan que hacer a la vez de administrativos o conserjes, ampliando plantilla, atendiendo a la amplia diversidad, bajando ratio… eso es R de respeto y R de respuesta, la que se espera de alguien de su nivel de responsabilidad pública. Si en Educación se habla de “sistema educativo” es porque hay muchas variables imbricadas que condicionan la realidad de las aulas. Sobran las explicaciones, ¿verdad?

Pues nada, nos volveremos a ver en las calles, movilizaciones que dice usted respetar como no podría ser de otra manera. No nos dé usted motivos y despareceremos. ¡Ojalá!

Atentamente, 

Escuelas de Calor, familias de la Pública.

P.D.: Nos sorprende también el anuncio de 300 millones de euros para bioclimatización de los centros educativos en 2021 y 2022 para aplicar una ley que ni siquiera ha tenido desarrollo reglamentario y que a todas luces sigue sin ser aplicada con el rigor que su texto contempla. Hasta pronto.

Más, aquí https://www.facebook.com/100057430479765/posts/306889901235357/

VOLVEMOS SIN SEGURIDAD, OTRA VEZ

 

Cuando alguien intenta venderte la moto y se la compras, das pie. Y eso es lo que se está haciendo a base de titulares de prensa que venimos observando en que la Consejería de Educación y Deporte vende la moto.

El curso pasado algunas decíamos que sin seguridad -y era seguridad algo tan avalado por la ciencia como distancia social y poco aforo- no debíamos volver a las aulas, pero se volvió. Poco a poco, la comunidad educativa fue normalizando los despropósitos continuos, anteponiendo la necesidad de conciliar a la salud y creyendo a pies juntillas lo de “los centros son seguros”. Y de aquellos polvos, estos lodos. Era y es un insulto a la lógica que las medidas que se recomendaban en cines, teatros, comercios, instituciones, oficinas… no se exigieran en los centros educativos.

La seguridad exigía buscar y habilitar para uso educativo espacios alternativos para complementar las aulas de colegios e institutos, bajar la ratio para reducir aforo en las aulas y garantizar distancia social, contratación de docentes a la altura de la nueva realidad y necesidades, aplicar medidas para mantener la calidad del aire interior de las aulas (no se olvide que hay una ley de bioclimatización de centros educativos que lo contempla) más allá de la ventilación natural (que también), garantizar el buen funcionamiento de las herramientas telemáticas y la cobertura a todo el alumnado, dotar de recursos humanos a los centros para una digna atención a la diversidad -ya que veníamos del total abandono del alumnado con NEAE durante el confinamiento- y protocolos de detección y tratamiento de los casos de COVID en el ámbito educativo uniformes y claros, con transparencia y rigor, sin retorcer los datos para que respondan a los intereses de la Administración.

Parece que se ha olvidado que los refuerzos COVID de plantilla docente fueron muy escasos, que llegaron tarde a los centros cuando ya se habían organizado los horarios y las tutorías, que apenas bajó la ratio -en la mayoría se mantuvo la que había-, que donde se bajó apreciablemente (últimos cursos de ESO y Bachillerato) fue a cambio de aprendizajes y tiempo lectivo gracias al ingenio de la semipresencialidad (disfuncional por falta de medios en muchos casos), que no hubo distancia social, que los grupos burbuja fueron una falacia, que el alumnado con NEAE que venía del limbo de la educación confinada ha seguido con recursos muy precarios que impiden la inclusión, que los centros han tenido que ir salvando los obstáculos organizativos y de medios como han podido, que la detección de casos y el seguimiento ha sido una continua redefinición del protocolo para que los contagios fuesen siempre “externos” al centro, que se prohibió el legítimo miedo y se coaccionó a las familias con un nuevo concepto de absentismo escolar... Parece que no tenemos memoria.

Como siempre, las cosas no han salido del todo mal gracias al empeño de la comunidad educativa, que opta por tirar palante y estar por encima de las “circunstancias”. Pero esas “circunstancias” no son sino la negligente y deficitaria gestión del actual consejero, don Javier Imbroda. Algunas tampoco hemos olvidado aquellas declaraciones suyas de “podemos cerrar las ventanas un poco si hace demasiado frío”, como tampoco nos consuela la capa de héroes y heroínas con que intentan agasajarnos. Queremos ejercer derechos, no ser reconocidas o aplaudidas por nuestra renuncia a ellos.

Ahora nos venden unas cifras recortadas de profesorado, menores que las del 2020-21, nos dicen que se van a mantener las medidas del curso pasado y todas contentas, como si lo del curso pasado fuera asumible. Parece que estamos abonadas al menos da una piedra sin aspirar a  lo que nos pertenece y merecemos. Y todo en plena quinta ola, con las autoridades sanitarias avisando de un otoño pandémicamente caliente con nuevas variantes aún más contagiosas. Más de lo mismo.

¿Y por qué? Porque esto requiere INVERSIÓN. Y no quieren poner dinero público, de todos y todas, en algo tan esencial como la Educación Pública, de tod@s y para tod@s.

 

 

EL TRAMPANTOJO DE LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN

 

Un trampantojo es una trampa para el ojo. Se usa por ejemplo cuando en una pared se pinta una puerta, pero no la hay por más que tus ojos la vean. O sea, como dice el diccionario al definir esta curiosa palabra: trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es.

Pues justo eso es el plan de infraestructuras de la Consejería de Educación cuando incluye medidas de climatización con refrigeración adiabática e instalación de placas fotovoltaicas. Quieren vendernos eso como aplicación de la ley de bioclimatización, pero no lo es.

Y no lo es porque la ley establece una serie de actuaciones previas que no nos constan que se estén llevando a cabo. Y eso nos coloca en una situación de arbitrariedad que desde luego no es deseable cuando se tata de gestión pública, donde tiene que haber transparencia, rigor y equidad.

Durante la tramitación de la ley, entre otros cambios sobre el texto original de la propuesta, se alargaron mucho los plazos de las actuaciones que contiene. Los asesores del gobierno andaluz se justificaban para ello en que una ley necesariamente debía tener un desarrollo reglamentario posterior que, como mínimo, tenía una duración de 1 año. ¿Dónde están esas órdenes o reglamentos? (art. 3.1.) ¿Se han iniciado? De no ser así, se han perdido ya 9 meses.

¿Dónde están las valoraciones y auditorías energéticas? (art. 3) 

¿Con qué criterios se ha seleccionado a unos centros sobre otros? (art. 3.2.) 

¿Se han licitado las auditorías energéticas? (art. 3.2.) 

¿Cuál es la relación anual de centros a incluir en esas auditorías? (art. 3.3.) 

¿Se ha dotado de financiación a esas auditorías o valoraciones de centros? (art. 5) 

¿Se han creado los equipos de gestores energéticos? ¿Se ha iniciado la formación para una gestión eficiente del consumo de energía a equipos directivos, personal docente, PAS y demás comunidad educativa? (art. 6) 

¿Se está haciendo la Guía Técnica para la adecuación y rehabilitación ambiental bioclimática y el uso de energías renovables en los centros educativos andaluces? (art. 7) 

¿Dónde están las actuaciones para renovar y mejorar la calidad del aire interior de los espacios educativos? (art. 8.1. Ni con un virus que se contagia por aerosoles las han aplicado) 

¿Dónde está la revegetación de los patios escolares y demás actuaciones en los exteriores de colegios e institutos? (art. 9) 

¿Dónde están las medidas de transparencia e información a las comunidades educativas sobre las actuaciones? (art. 11).

Por todo ello, por más que Elías Bendodo, Javier Imbroda y demás voceros de la propaganda del gobierno de Juanma Moreno hablen de bioclimatización y energías renovables en sus planes de infraestructuras -bienvenidos sean-, ESO NO ES LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN. ES SU TRAMPANTOJO.

Pero la lucha por la Ley de Bioclimatización no se dio para dejarla en BOJA, sino para que se aplicara. Con ella nacieron un derecho y unas obligaciones, y saben ustedes que somos muy “jartibles” en exigirlas.

Pronto nos veremos. Aquí tienen pistas de por donde van a ir las preguntas, para que vayan buscando las respuestas ;)

NOS TOCAN LA PÚBLICA, NOS TOCAN A TODAS

Este curso, el proceso de escolarización que arranca en marzo y con el que las familias solicitamos plaza en los colegios para nuestros hijos e hijas ha llegado como ya suele ser habitual desde hace muchos años, con la amenaza que suele cumplirse casi al 100% de pérdida de plazas en la Educación Pública. Se equivocan quienes quieren atribuir esto al gobierno actual de la Junta de Andalucía, aunque es verdad que este lo ha hecho con un desparpajo inusitado. Las políticas que se vienen aplicando sobre los servicios públicos, y la Educación lo es, son de deterioro y desmantelamiento a base de recortes en inversión, recursos y plazas.

Es un error también pensar que esto es algo que afecta a “equis” centros y sus AMPA o al profesorado que pierde la oportunidad de incorporarse a su plantilla. Este año les ha tocado a ellos directamente, pero el año que viene te puede tocar a ti.

El enfoque es otro. Esto nos afecta a TODAS, a toda la comunidad educativa, en primer lugar, y a la sociedad en general, en definitiva, porque nadie duda que el futuro y las posibilidades de desarrollo de un país -y el sentido en que lo haga- dependen directamente de la educación de las nuevas generaciones. Ampliemos la mirada: los barrios donde se cierra un colegio pierden servicios, menos gente querrá vivir en ellos, parques que se vacían, comercios que cierran… nos jugamos mucho.

La excusa para este enésimo recorte, tampoco nueva, es la bajada de la natalidad. Siendo esto así, la demografía nos sirve en bandeja una oportunidad para bajar la ratio y aumentar la calidad de la enseñanza. Con ello darían respuesta a una demanda histórica de la Marea Verde y quienes en ella defendemos la Educación Pública de calidad. Ello permite mejor atención educativa, más individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje, mejor atención a la diversidad, más inclusión, la innovación metodológica, mejores condiciones para la práctica docente, más equidad, etc. No lo hacen porque la Educación Pública no les importa, quieren seguir bajando la inversión en ella y engordar el negocio privado a costa de un derecho fundamental.

¿Vamos a seguir consintiendo esto?

El 10 de abril TODAS tenemos que tirarnos a la calle y marchar en manifestación desde el puente de Triana hasta la Consejería de Educación.

•        Porque es un ataque frontal más a la libertad de elección de las familias que queremos Educación Pública 100%.
•        Porque quizás ibas a solicitar plaza en el colegio de tu barrio y saber que iba a tener una línea menos te ha obligado a renunciar y solicitar la que era tu segunda opción. Es una trampa que les allana el terreno para dar el “tijeretazo” y han vulnerado tu derecho a elegir centro.
•        Porque pierde el barrio, la comunidad vecinal, la ciudad, las clases populares que no pueden ni quieren pagar “cuotas voluntarias” en la oferta concertada.
•        Porque no es verdad que la causa sea la bajada de la natalidad, porque estos recortes se aplican solo en la Educación Pública.
•     Porque si no plantamos cara, les dejamos que sigan aplicando su perverso plan de eliminar servicios públicos.
•        Porque pagamos impuestos para tener acceso a servicios públicos de calidad.
•       Porque sólo la Educación Pública de calidad garantiza el derecho universal a la educación.
•    Porque la Pública garantiza valores democráticos, igualitarios, plurales, inclusivos, no clasistas...
•        Porque nadie ocupará tu lugar en esta lucha, todas somos necesarias.
•        Porque la Pública es de tod@s y para tod@s.
•        Porque NOS TOCAN LA PÚBLICA, NOS TOCAN A TODAS.

Como ves, TODAS tenemos motivos para estar el sábado 10 de abril en la calle. ¡No faltes! #ProtegeLaPública 

CELAÁ E IMBRODA ALIADOS EN EL MANTRA “LOS CENTROS SON SEGUROS”

 

La plataforma de familias y AMPA “Escuelas de Calor” consideran un atrevimiento que tanto la ministra de Educación, Isabel Celaá, como el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, aseveren de manera tajante que los centros educativos son seguros sin pruebas objetivas ni estudios rigurosos del nivel de contagios que se producen en ellos, y cuando la situación que se vive en las aulas no cumple las medidas de seguridad que existen en otros ámbitos de la vida social. Retuercen los datos para que cuadre con su mantra y para legitimar la pésima gestión que ambos están haciendo cada uno desde su nivel competencial. Exigimos que la Junta de Andalucía haga un estudio honesto y con rigor de la situación COVID en el ámbito educativo y ofrezca datos reales, y no los que convienen a su discurso.

En los centros educativos el escenario más generalizado es este: hay un personal docente y no docente al que no se les facilita EPI; los espacios están masificados, son interiores, de larga ocupación (toda la jornada escolar) y en ellos se habla en tono alto; no hay distancia social; hay mascarillas de toda condición; las ventanas y puertas están abiertas (a ciegas, pues tampoco se mide el nivel de CO2), sin combinar esta medida con otras de ventilación forzada o filtrado de aire que pueda ayudar a mantener cierto confort térmico si el frío o la lluvia arrecian; no se hacen cribados ni estudios de aguas fecales que puedan ayudar a identificar tasas de COVID “en la sombra” que ayude a tomar decisiones; hay población en edades en las que la COVID suele ser asintomática (según expertas) y cuyo comportamiento natural es de cercanía y contacto; se detectan positivos pero no siempre se pone en cuarentena al resto del grupo a no ser que se haya dado “contacto estrecho”; y son espacios en los que se come, por tanto, se prescinde de la mascarilla (desayuno en las aulas o comedores escolares). ¿De verdad piensan que, después de un año de pandemia y con lo que ya sabemos, nos vamos a creer que los centros son seguros?

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía lleva ocultando y “cocinando” datos desde que comenzó el curso. Exigimos que diga la verdad, pues las familias, simplemente por lo que observamos en nuestros entornos escolares, tenemos otra percepción. ¿Cuentan en la Consejería con el alumnado que no está yendo a clase para sacar esas estadísticas? De facto, en esas clases hay otra ratio, más baja, gracias a las familias que, en legítimo y responsable ejercicio de la patria potestad, deciden proteger la salud de sus hijos e hijas. ¿Cuenta con el alumnado que ha estado en cuarentena por responsabilidad de las familias cuando se entera de que en la clase de su hijo ha habido un positivo, aunque la información no le llegue desde el centro o el enlace COVID? ¿Da por “contagio externo” más de los casos que debería (prácticamente todos)? ¿Cómo se sabe que el contagio ha sido “externo” y no en el ámbito educativo?

Hay datos objetivos y nos los han dado de nuevo las familias, esta vez de la comarca del Campo de Gibraltar. Las que valiente y responsablemente decidieron dejar a sus hijos e hijas en casa ante una tasa de incidencia de 2500 casos por 100.000 habitantes (10 veces lo considerado límite para cerrar colegios). En La Línea de la Concepción (Cádiz), donde el nivel de seguimiento de esta decisión llegó casi al 100% bajó el nivel de incidencia un 45%; no fue así donde el vaciado de aulas no fue tan secundado. Por tanto, se demuestra que el cierre temporal de los centros educativos en el momento en que la pandemia está descontrolada y hay contagio comunitario es necesario. Es una forma de protegernos como sociedad, evitar muertes, ingresos hospitalarios y bajar la curva.

Otro dato que no se facilita es el de “absentismo COVID” ni su evolución, ni el peso que esto está teniendo en los datos que maneja la Consejería. Estas familias mal llamadas absentistas, auténticas heroínas, difamadas, señaladas, que resisten a pesar de la presiones y coacciones, que están teniendo un trato desigual en cada centro, quizás están contribuyendo a la versión sesgada que puede dar la Consejería de Educación pues han contribuido a la bajada de ratio sacrificando el derecho a la educación que tienen sus hijos/as por la incompetencia y soberbia de la Consejería de Educación.

Javier Imbroda tiene pendiente cumplir con su mayor responsabilidad desde que comenzó el curso, invertir presupuesto en Educación Pública acorde a la situación de pandemia para poder tomar medidas eficaces que den la mayor seguridad posible a la labor educativa (bajada de ratio, contratación de docentes, habilitación de espacios para uso educativo y aplicar la ley de bioclimatización). Y a esa se suma ahora, decir la verdad -con datos reales y fundamentados-, sobre la COVID en el ámbito sobre el que tiene competencias plenas. 

En vez de eso, intenta distraernos con actualizaciones de protocolos -como el recién salido del horno, del 8 de febrero- que no hacen sino abundar en falacias como grupos de convivencia, burbujas, compartimentaciones de espacios interiores o dar uso educativo a espacios municipales (página 20 del recién estrenad protocolo), ¿con qué profesorado? Señor Imbroda, si nos esá leyendo, un poco de respeto, no nos insulte ¿de qué sirven más aulas sin docentes? ¿nos toma el pelo?

Isabel Celaá, por su parte, debió dejar de ponerse de perfil y dar instrucciones claras desde su ministerio para que la gestión de la pandemia pusiera en el centro la salud de la comunidad educativa y el derecho a una educación pública de calidad. 

VALORACIÓN DEL VACIADO DE AULAS DE 25 Y 26 DE ENERO

 

Concluidas las 2 acciones que desde “Escuelas de Calor” hemos convocado y llevado a efecto en los fríos días de enero, queremos compartir algunas reflexiones y valoraciones que hemos hecho por si pudieran interesar.

En primer lugar, queremos dar nuestro más sincero agradecimiento a los medios de comunicación y a los/las profesionales de la prensa que tanto colaboran con nosotras en la medida que visibilizan nuestra lucha. Sentimos de muchos de ellos/as no sólo el buen hacer periodístico, sino cercanía y complicidad pues son, como nosotras, madres y padres que también tienen hijos/as en la Educación Pública y que están viviendo de primera mano la situación. De todo corazón, gracias, no podría ser como es si vosotras/os.

La situación por la que la Comunidad educativa está atravesando desde que volvimos de las vacaciones de Navidad es extrema, y lo es por 3 motivos:

1.     1. El principal, porque no se tomaron medidas en su momento -que debieron ser planificadas desde mayo e implementadas en septiembre de este curso- como habría sido necesario y como se demandó desde muchos colectivos para que la vuelta a las aulas durante la pandemia de COVID fuera lo más segura posible (inversión extraordinaria y acorde a la situación, refuerzo docente, bajada de ratio, habilitación de espacios públicos para uso educativo, mejora de las infraestructuras en cuanto a calidad del aire de las aulas aplicando la Ley de bioclimatización).

2.    2. "Repunte explosivo” y “tsunami de COVID”, palabras que tomamos de presidente y consejero de educación de la Junta de Andalucía, respectivamente, y que definen muy bien la situación de descontrol de los contagios. Y los centros educativos no son un universo paralelo, están en este.

3.       3. Ola de frío, lluvia, nieve, que convierte las aulas en auténticas neveras y somete a estrés térmico insoportable e insalubre a docentes y alumnado. Y vendrá “la caló” y serán saunas.

Ante ese escenario podríamos haber apretado los dientes y dar una vez más prueba de que la comunidad educativa puede con todo -nos hace hasta sentir orgullosas, cuando lo oímos, pero encierra una trampa, si se piensa fríamente-, o sumar a eso acciones que visibilizaran la situación y animasen a decir BASTA. Nos parecía más digno hacer lo segundo. Ya es cuestión de dignidad, y también de salud, por supuesto.

Damos el objetivo por más que cumplido porque las compañeras, las familias, una vez más han estado a la altura. Y porque “se ha movido el avispero”.

Después de estas acciones, ha habido peticiones de cierre de centros por parte de ayuntamientos, de asociaciones de direcciones de centro de primaria y secundaria, de sindicatos, de comarcas… y ahora la Consejería tiene sobre su tejado tomar decisiones y actuar, porque ya mucha gente no se cree eso de “los centros son seguros”. Actuar responsablemente y no abundando en el mantra, ni retorciendo datos, ni ocultando la realidad, ni amenazando a las familias que quieren proteger la salud aunque sea a costa de la educación. 

De una Consejería de Educación que tiene que gestionar este derecho fundamental reconocido en la Constitución y este servicio público esencial se espera algo más que coacción, amenazas y declaraciones tirando de cinismo que resultan insultantes. En el motivo 1 arriba indicado tiene pistas de por donde debe empezar a trabajar, porque hasta ahora no ha hecho nada a la altura de la situación.

Y una reflexión final que toca hacer a cada AMPA o a cada persona que está en sus juntas directivas o tomando decisiones “en representación de…”. Montones de familias asociadas se han preguntado estos días: ¿dónde está mi AMPA? ¿Por qué no nos llega esta información desde la AMPA?  Y montones de familias nos han dicho “menos mal que estáis denunciando esto, porque en mi centro ni mu”. Aquí lo dejamos. Para pensar…

FRÍO EN LAS AULAS, CONDICIONES INACEPTABLES

Sevilla, 8 de enero de 2021. Las temperaturas -apenas pasan de los 10 grados en el interior- son insoportables a pesar de que alumnado y docentes van abrigados/as, con mantas, gorros y guantes. La lluvia entra por las ventanas, pero estas no se pueden cerrar, con buen criterio, para prevenir el contagio por aerosoles. ¿Es sanitariamente responsable abrir así los centros en pleno ola de frío y con la tercera ola de COVID subiendo? Si esto es en Sevilla capital, ¿qué no estará pasando en Granada y lugares de sierra? Es lamentable que la labor educativa en las aulas andaluzas se esté desarrollando en estas condiciones.

Desde el mes de abril del pasado año, en pleno confinamiento, ya alertábamos de que llegaría septiembre y habría que volver a las aulas. A nadie se le escapaba que el SarsCov-2 seguiría entre nosotras y que serían necesarias medidas extraordinarias para que la pandemia no pasase una factura excesiva a toda una generación de estudiantes. A nadie tampoco se le escapaba que sería necesaria una inversión extraordinaria para bajar ratio, contratar docentes y hacer posible una educación lo más segura posible y con una calidad digna. Adaptarse a la educación en pandemia no podía ser jugarse la salud (por contagio o por frío), tener los mismos recursos y confiar en al suerte. Era otra cosa y lo dejamos claro.

Nada de eso se ha hecho, porque las medidas son pocas, cicateras y claramente insuficientes. Se han reducido a tener las ventanas abiertas -acertadamente como demuestran las mediciones de CO2 que hasta el momento hemos hecho desde la plataforma Escuelas de Calor en centros educativos de nuestra provincia-, y a llevar mascarillas que corren por parte de familias y profesorado. Y gel hidroalcohólico, eso también. 

No debimos volver en estas condiciones y ahora, llegadas las lluvias y la primera ola de frío, la situación se hace insostenible. Niños y niñas ateridos de frío no pueden aprender, porque están centrados en la tiritona. Así de simple. Y porque el agua de lluvia entra por las ventanas y moja sus pupitres. Es una vergüenza.

Las medidas que se toman nunca incluyen a los centros educativos, que siguen “con normalidad”. ¿Esta es la normalidad? Pues es inaceptable. Como inaceptable es que se siga diciendo que los centros educativos son seguros sin que se hayan hecho estudios de aguas fecales, sin ofrecer datos totales de contagios en las aulas, cambiando los conceptos y los protocolos a conveniencia, culpando de los contagios que se dan en las aulas a las familias por ir a bares y supermercados con los niños y niñas… Ahora, en plena tercera ola, con una variante del virus que sabemos más contagiosa pero que no sabemos su efecto real en niños y adolescentes, los centros siguen abiertos con “normalidad”.

La Administración educativa de Juan Manuel Moreno Bonilla y Javier Imbroda ha tenido la oportunidad de destinar inversión a la Educación Pública y avanzar en la aplicación de la Ley de Bioclimatización -que plantea medidas de mejorar la calidad del aire interior de las aulas, imprescindibles ahora para prevenir contagios- al elaborar los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma andaluza y no lo ha hecho. Es una absoluta falta de respeto y una manera de gobernar desconectada de la realidad de las aulas andaluzas; ha demostrado que no le importa la Educación Pública una vez más y que ha desoído las protestas y las demandas de los movimientos en defensa de la Pública.

Desde Escuelas de Calor seguimos reclamando educación presencial, pero en condiciones de seguridad y dignidad. Eso es lo que deberíamos considerar “normal” y no lo que nos venden como tal, que se reduce a tener el mismo horario de apertura, ir con mascarilla y seguir las flechas pintadas en el suelo. La comunidad educativa andaluza no merece este trato. Y no olvidemos que la desigualdad sigue campando a sus anchas en una mal entendida autonomía de los centros y en función de "lo posible". Ni la semipresencialidad está siendo igual en todos los institutos y ello genera una gran desventaja en parte del alumnado, máxime cuando en la privada (concertada o no) no hay tal deficiencia de recursos o se suple de otras maneras.

Se necesitan estudios técnicos que permitan valorar la incidencia en la calidad del aire de medidas de ventilación forzada, por ejemplo, o filtros HEPA. Se está permitiendo nuevamente el copago de las familias y las AMPA de estos filtros -en cierto modo también favoreciéndolo ante la falta de respuesta-, instalándose sin tener seguridad de su eficacia y quizás trasladando una falsa seguridad que lleve a cerrar ventanas, algo que puede ser contraproducente. Es imprescindible invertir dinero en público en la Pública para bajar ratio y contratar docentes, lo hemos repetido hasta la saciedad. La gestión de la pandemia en el ámbito educativo está siendo pésima y parece que no hay voluntad de mejorarla.