Asistimos perplejas y
como espectadoras al desfile de sindicatos denunciando en redes las carencias
de la Educación Pública, el avance de la privatización y el incumplimiento del
derecho a la salud laboral y apelando a que alumnado y familias nos
movilicemos. Pero dado que esta situación no es nueva, ¿hasta cuándo los
amagos?
Las familias y el
estudiantado siempre apoyamos las movilizaciones en defensa de la Educación
Pública, porque somos, junto a docentes, los primeros afectados por su
deterioro y desmantelamiento. Pero los trabajadores y trabajadoras de la
enseñanza tienen otras herramientas de lucha más allá de llamar a que toda la
comunidad educativa salgamos a la calle, que salimos, y es la huelga. Y si la
convocan, ahí vamos a estar desde Escuela de Calor apoyando, porque el abandono
y no aplicación de la Ley de Bioclimatización también es un motivo para ir a la
huelga, por la salud y el confort térmico de nuestros hijos e hijas.
¿Cuándo una
convocatoria de huelga educativa y la valentía y determinación que estamos
viendo en Valencia? ¿Van los sindicatos a convocarla? ¿O volverán a la enésima
recogida de firmas y a las denuncias a la inspección de trabajo que no hacen
sino constatar lo que sabemos y que quedan en nada?
En estos días de
subida de los termómetros se han vuelto a ver protestas por el calor en las
aulas y hasta noticias de que las familias se organizan para climatizar las
instalaciones educativas de sus hijos/as, algo que no les corresponde y que es
un “repago”, ya pagamos impuestos para tener centros educativos dignos. También
se ha mostrado el malestar en comunidades educativas que ven frustradas sus
expectativas ante los fondos del “Mejora tu centro” por las trabas burocráticas
o limitaciones de este “señuelo” de solución, con el que la Junta de Andalucía
no busca sino callar bocas e individualizar el conflicto que una vez empezó a
ser colectivo. Por supuesto, no ha faltado la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía con sus titulares de lluvia de millones invertidos y
promesas de seguir parcheando para no cumplir con su obligación: aplicar la Ley
de Bioclimatización vigente.
Todo ello son síntomas
de que no hemos avanzado nada a pesar de haber dotado a la comunidad escolar de
un nuevo derecho reconocido en una Ley: derecho a infraestructuras educativas
públicas sanas y al confort térmico de la mano de soluciones bioclimáticas. Un
derecho fruto de un problema colectivo que se peleó desde lo colectivo y que
trajo una ley que plantea soluciones para todas.
Se luchó para torcer
el pulso en el Parlamento Andaluz a aquellas fuerzas políticas que no creían en
la necesidad de bioclimatizar los centros educativos públicos. Tres años costó
y el resultado fue la “Ley 1/2020, de 13 de julio, de la mejora de las
condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante
técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables”, que sigue sin aplicarse.
Volveremos a la lucha en las calles, no hay otro camino.
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