La situación que las familias de
la Educación Pública andaluza tenemos por delante es peliaguda. Se acercará septiembre,
después del catatónico agosto, y no hay otro plan desde la Consejería de
Educación que exponer a casi 2 millones de alumnos/as, decenas de miles de
docentes, miles de profesionales de administración y servicios, incluidos aulas
matinales y comedor, a un riesgo de contagio diario. A todos y todas hay
que sumar las respectivas familias, a las que vuelven después de pasar por el
centro educativo.
Porque ese es el escenario en centros
donde, en el mejor de los casos, lo que se puede hacer es dividir la entrada y
salida entre dos puertas a costa de que el profesorado -pues en la mayoría no
hay portería ni conserje- se plante en los accesos a controlar que sea ordenado
y sin apelotonarse, lo propio de escolares.
El escenario es el que había en
marzo: aulas masificadas, un baño por una media de 150 alumnos/as y la
plantilla docente justa. Así no hay distancia de seguridad posible ni higiene
que se sostenga. El coronavirus campará a sus anchas. Caeremos como chinches por
la incompetencia y la dejadez de la Junta de Andalucía.
Lo han dicho las direcciones
de más de 200 centros centros de Sevilla capital y provincia, y desde aquí
vaya nuestro apoyo a su honestidad, franqueza y sentido de la responsabilidad.
No es que no quieran trabajar,
como ha dicho un servil y cobarde Lorenzo Flores en varios infectos comunicados
-no es ese su nombre como no lo es el teléfono que aporta, ni representa a nadie
en una plataforma fantasma creada para desprestigiar a la Educación Pública y
respaldar a la Consejería de Educación en su inoperancia-, es que no pueden
asumir las competencias que les endosa el consejero. Quieren trabajar, pero
seguros/as y en lo que es su cometido, que desde luego no es salvar el culo al
señor Imbroda (otro impresentable), ni rastrear contagios, ni hacer milagros sin
medios ni recursos.
Desde abril y mayo la
comunidad educativa lleva pidiendo alto y claro que la administración educativa
se pusiera a trabajar en la planificación del curso 2020-21 siguiendo las
indicaciones de Sanidad, lo que implica bajada de ratio, más plantilla
docente e inversión de dinero público para una vuelta lo más segura posible. No
hay otra. Pero no han hecho NADA. Sus instrucciones son eso, NADA.
Inviertan nuestro dinero -el dinero público lo es- en lo
necesario y las familias, alumnado y docentes volveremos encantadas a las
aulas. Porque queremos volver, queremos que nuestros hijos e hijas disfruten de
sus docentes, son insustituibles. Queremos que aprendan en compañía de sus iguales,
a los que han echado tanto de menos por mucha videollamada que hayan hecho. Queremos
que la educación sea presencial porque es la única que garantiza el proceso de
enseñanza aprendizaje y que compensa las desigualdades.
Desde el 16 de marzo empezamos a
echar a las escuelas e institutos de menos, porque muchas de nosotras no
tenemos recursos tecnológicos para la teleenseñanza, porque muchas de nosotras no
sabemos explicar contenidos, porque muchas de nosotras no tenemos un clon que
atienda a nuestros hijos e hijas mientras teletrabajamos y cuidamos, porque
muchas de nosotras no tenemos más que un ordenador que repartir entre toda la
familia, porque la brecha social dejó al alumnado de clases más desfavorecidas a su suerte durante el confinamiente pese al esfuerzo docente, porque el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo necesita presencialidad sí o sí, porque la labor docente en las aulas y la riqueza del grupo no se
puede suplir con nada.
Pero aunque todo eso es verdad, la
vida y la salud están por delante. Con eso no se juega y ante este virus hay
pocas cosas más ciertas que esta: se contagia con mucha facilidad y hay gente
que muere. Y eso no lo podemos permitir.
Por eso volvemos a decir #SinSeguridadNoVolvemos.
No debemos hacerlo. Como padres y madres no nos pueden obligar a exponer la
salud y la vida de nuestros hijos e hijas. Es nuestra obligación escolarizar a
nuestra prole, sí, pero también protegerlos y velar por su seguridad. Y si la
escuela no es segura, no los vamos a incorporar a un riesgo seguro que, por
ende, se extiende a nuestro entorno, a nuestra familia, incluidos abuelos y
abuelas, las más vulnerables.
Insisitimos, queremos volver.
Busquen y habiliten espacios públicos (se hizo para hospitalizar a mucha gente).
Contraten docentes (se ha contratado vigilancia en las playas para recuperar el
sector turístico). Inviertan dinero público en la Educación Pública, lo
necesita en situación normal y ahora en la extraordinaria más que nunca. Dejen
de mentir en vídeos y en prensa. No nos van a convencer, porque la realidad (no
la de su propaganda) la conocemos.
Amamos la Educación Pública, la
de todos/as, y ninguna basura de plataforma servil bajo pseudónimo y no
representativa nos va a alejar de ella. La seguiremos defendiendo contra un consejero
inepto que ya debería haber dimitido por no saber acometer este reto sin echar
el balón fuera. Contra viento y marea, porque es nuestro derecho y es un
servicio público esencial.
Si no vemos un entorno escolar
seguro nuestros hijos no comenzarán el curso 2020-21 en septiembre. Vaciaremos
las aulas. No es un farol. Hagan su trabajo porque queremos volver.
