Hemos dirigido a la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia este escrito junto a nuestras compañeras de Cádiz, Córdoba y Málaga. Puede ser sólo un gesto, pero es bueno que este despropósito se conozca en instancias judiciales.
Muy señoras/señores nuestras/os,
Somos madres y padres que tenemos a nuestros hijos e
hijas escolarizados en la educación pública de la Comunidad Autónoma andaluza,
concretamente de las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla.
Estamos organizadas en plataformas para la defensa
de una educación pública, de calidad y segura, unas con más trayectoria en el
tiempo que otras, pero que nos hemos coordinado en nuestro activismo desde que
vimos cómo se planteaba la vuelta a las aulas en el curso que ahora comienza,
en plena pandemia y cuando las autoridades sanitarias de dentro y fuera de
nuestro país muestran una seria preocupación por el repunte de la COVID-19. Ya
se habla de segunda oleada más que de brotes aislados y la tasa de contagio por
cada 100.000 habitantes supera con creces la recomendada para volver a la
actividad educativa presencial en las escuelas. Así y todo, hemos vuelto.
El confinamiento del estado de alarma nos obligó a
cerrar todos los centros educativos y a adaptarnos de manera inmediata a una
educación a distancia que hubo que improvisar de viernes a lunes, literalmente.
Durante ese proceso de educación confinada,
las familias tuvieron que simular labores docentes con sus hijos/as, tutorizar
sus tareas, poner a disposición de las actividades escolares sus pocos o muchos
recursos tecnológicos e intelectuales. De igual manera, el profesorado tuvo que
organizarse con sus propios medios para que el proceso de enseñanza se
resintiera lo menos posible y su alumnado continuara teniendo una rutina
“escolar” diaria en sus hogares.
Fue complicado, pronto se vio que el sistema
educativo, pese a años de programas TIC, no estaba preparado para la
teleformación, ni muchos/as docentes manejaban herramientas digitales, ni había
plataformas en la mayoría de los centros educativos, ni todas las familias
estaban preparadas para esta nueva etapa, ni tenían los dispositivos
electrónicos necesarios para que sus hijos/as (algunas con más de un escolar en
casa) siguieran conectados con sus profesores/as. En demasiados casos era el
teléfono móvil o un ordenador compartido, incluso con el teletrabajo de los
progenitores, toda la tecnología disponible.
La brecha social se manifestó en toda su crudeza y
la desigualdad fue la nota dominante de esa etapa, un porcentaje significativo
del alumnado se quedó atrás, su proceso de enseñanza-aprendizaje se interrumpió
bruscamente, y ello afectó al alumnado más vulnerable por su origen
socioeconómico y/o por tener necesidades específicas de apoyo educativo
(discapacidad).
Es por ello que, desde finales de curso 2019-20, ya
alertábamos de la necesidad de planificar el curso 2020-21 con rigor, partiendo
de las necesidades detectadas y previendo que estaríamos aún con la COVID-19
entre nosotras. Ya hablábamos de inversión en la Educación Pública, de la necesidad
de contar con más docentes para recuperar aprendizajes y bajar la ratio, de
adaptaciones curriculares, de la necesidad de más infraestructuras educativas,
etc. No puede olvidarse que el sistema educativo está debilitado, que las
ratios han ido subiendo, las plantillas docentes han sido recortadas, hay
servicios educativos privatizados, la atención a la diversidad es deficiente,
los presupuestos de funcionamiento de los centros educativos han ido
disminuyendo, etc. Todo producto de políticas de recortes y deterioro de lo
público que vienen denunciándose por parte de la Marea Verde hace muchos años
ya.
El adelanto del repunte de la COVID-19 -que no ha
llegado en otoño y con los primeros fríos, sino en pleno verano-, así como el
mayor conocimiento científico sobre las medidas necesarias para evitar el
contagio, han venido a poner de manifiesto que las reivindicaciones que dábamos
por imprescindibles por motivos pedagógicos, algunas históricas, lo son ahora
también por motivos sanitarios y de salud pública.
El Gobierno y las comunidades Autónomas han
decretado ya diferentes leyes que suponen, entre otras, el cumplimiento de
algunas normas de seguridad para evitar la transmisión, como puede ser el uso
obligatorio de las mascarillas tanto en espacios interiores como exteriores en
mayores de 6 años y el aforo limitado en espacios públicos, que son de
obligatorio cumplimiento, además de diferentes recomendaciones, como el
distanciamiento social de 1,5-2 metros y el no agrupamiento de más de 10
personas en espacio públicos, esto último ha sido endurecido a no permitir
reuniones de más de 6 personas en Andalucía.
Estas normas y recomendaciones se basan en el
conocimiento científico, pues se ha demostrado ya que el SarsCov-2, al igual
que otros coronavirus, se transmite no solamente vía góticulas, sino también
vía aerosoles en los que también se encuentra carga vírica (Hamner, 2020; Liu,
Ning, Chen, Guo, Liu, Gali, Sun et al., 2020; Morawska y Milton, 2020;
Stadnytskyi, Bax, Bax y Anfinrud, 2020). En este sentido, diferentes
científicos destacan 6 principales factores o elementos que aumentan el riesgo de
transmisión del virus, a saber: el estar en espacios cerrados, mala o
inexistente ventilación para el recambio de aire, el no uso de la mascarilla,
el alto número de personas en dicho espacio (imposibilitando guardar el
distanciamiento social), el hecho de que se hable mucho y/o alto en dicho
espacio (lo que supone mayor exhalación del virus), y el hecho de pasar mucho
tiempo en dicho espacio. Por ello, una de las recomendaciones
que hace la OMS es efectuar en espacios abiertos las máximas
actividades que anteriormente se hacían en espacios cerrados. Sin embargo,
cuando eso no es posible, se hace primordial que los espacios cerrados estén
bien ventilados, el uso en dichos espacios de filtros HEPA en los que se quede
atrapado el virus, el uso de las mascarillas (aunque con poca claridad en
cuanto a qué especificaciones técnicas debe tener) y el mantenimiento de la
distancia de seguridad.
Si repasamos los 6 factores de riesgo citados, que
incrementan los niveles de virus en el aire y hacen más fácil su transmisión, se
evidencia cómo un aula de infantil, primaria o secundaria, en condiciones
normales, se vuelve un lugar de alto riesgo de contagio. De ahí que las familias nos hayamos posicionado en contra
de que nuestros hijos e hijas vuelvan a la educación presencial sin seguridad y
hasta que la Consejería de Educación tome las medidas necesarias.
¿Y qué ha hecho la Consejería de Educación y Deporte
de la Junta de Andalucía en todo este tiempo desde que acabó el curso pasado?
Prácticamente nada, y lo poco que ha hecho, tarde y mal.
El 6 de julio, la
Viceconsejería saca unas Instrucciones relativas a la organización de los
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19, que obtuvo una rápida respuesta por parte de
centenares de direcciones de centros educativos a lo largo de toda Andalucía
que expresaron a través de comunicados que las instrucciones eran inviables por
falta de recursos humanos y materiales y que no podían garantizar un entorno
escolar seguro.
Posteriormente, la
viceconsejería publica un decálogo y un documento aclaratorio de todas las
dudas suscitadas por aquellas instrucciones y empieza la ofensiva contra las
familias que nos habíamos posicionado en un llamamiento a vaciar las aulas los
primeros días de curso como medida de presión para poner el foco en lo que
consideramos una vuelta al cole temeraria e irresponsable.
En el citado documento,
se amenaza a las familias con iniciar el protocolo de absentismo escolar con
las consecuencias civiles y penales que ello implica (multas, cárcel o retirada
de la patria potestad). Asimismo, se niega la atención educativa a distancia
para el alumnado cuyas familias estén optando por proteger su salud
sacrificando la educación presencial; esto es casi más preocupante que lo
anterior, pues quizás el absentismo no puedan demostrarlo nunca, pero privar a
nuestros hijos e hijas de la evaluación (perderían el año escolar) es una
manera de presionar e imponer a las familias la vuelta a las aulas por encima
de sus decisiones como padres y madres en el uso de su responsabilidad. Se nos
veta la justificación de las ausencias de nuestros/as hijos/as con el documento
que hemos preparado para todas las familias que lo deseen utilizar y se
flexibiliza el comienzo de curso para minimizar la legítima protesta social
(vaciado de aulas por parte de las familias y huelga estudiantil).
Recientemente ha sido
publicado un informe de la Abogacía del Estado que aclara algunos supuestos
pero que no descarta que las denuncias por absentismo prosperen en algunos
casos previo estudio de sus circunstancias particulares por parte de la
judicatura.
Nuestras denuncias
públicas son claras y objetivas al igual que nuestras reivindicaciones:
- Los protocolos COVID para
organizar el arranque y desarrollo de curso escolar 2020-21 no han sido
elaborados por personal experto y ni siquiera cuentan con visado o inspección
técnica, sino que son los propios equipos directivos -todos docentes, no
epidemiólogos ni técnicos de PRL- los que los han realizado con una formación
online de apenas 10 horas de duración. En ellos no hay medidas de calado como
sí se establecen en otros ámbitos de la vida social porque no son posibles sin
inversión, habilitación de espacios para uso educativo y contratación de
personal docente y no docente (sanitario, de limpieza y servicios).
- -No se ha bajado la ratio, lo que
impide que haya la distancia social de seguridad recomendada en las aulas.
- - No se ha contratado la cantidad
de docentes necesarios para desdoblar los grupos-clase con ratio alta.
- - No hay mecanismos de ventilación
y recambio de aire en las aulas, pese a que el contagio por aerosoles tiene
cada vez más apoyo entre la comunidad científica.
- - No se garantiza la limpieza e
higienización de los pupitres y espacios de los centros educativos durante la
jornada escolar.
- - No hay personal sanitario en los
colegios e institutos que pueda valorar la sintomatología que pueda producirse
en algún niño/a o persona adulta durante el tiempo lectivo.
- - No se han habilitado espacios
para uso educativo que puedan complementar las insuficientes infraestructuras
escolares.
- - Los criterios de actuación
cuando se dan positivos en las aulas han ido cambiando desde el aislamiento de
todo el grupo-clase, a sólo el alumnado/profesorado de “contacto estrecho”
(alumno sentado delante, detrás, derecha e izquierda) con el positivo y ya vamos
por sólo el positivo, sin duda para que la alteración de la actividad lectiva
en los centros sea la mínima.
Consideramos que hemos
hecho lo que como padres y madres era nuestro deber, denunciar la gestión
demencial e irresponsable de la vuelta a las aulas, porque si estamos obligadas
a llevar a nuestros hijos e hijas de 6 a 16 años a los centros educativos,
también lo estamos a proteger su integridad física y su salud.
Pero la respuesta de la
administración educativa andaluza nos deja en una situación de absoluta
indefensión -sea por denunciarnos por absentismo, sea por negarse a la atención
educativa a distancia de nuestros hijos e hijas en lo mínimo: comunicación de
tareas y evaluación de control y trimestral- y vulnera el derecho a tomar
decisiones sobre nuestros hijos e hijas, que deben ser respetadas siempre que
no vayan en contra del bien del menor, y en este caso nuestra decisión es hacer
prevalecer su salud sobre una educación presencial que la pone en riesgo.
Por tanto, apelamos a su
criterio como parte de la judicatura para que, como colectivo competente en administrar la justicia -que
será posible con la ejecución de las leyes en beneficio del interés general y
la igualdad- adopten alguna medida que haga a la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía asumir la responsabilidad que como poderes públicos tienen a fin
de dotar a las aulas y a los
profesionales de la Educación de los recursos
necesarios para el ejercicio del derecho a la Educación de forma
presencial, protegiendo la salud e impidiendo la exclusión y la brecha social. Les agradeceríamos también que nos
informaran si la actitud de dicha Consejería podría ser calificada como
coactiva, intimidatoria e improcedente en un Estado social y democrático de
Derecho.
Sin otro particular y en espera de sus
noticias, les saludan atentamente,
AMPA Cádiz
AMPA En Pie (Málaga)
Escuelas de Calor (Sevilla)
Grupo Activo de vuelta al cole segura (Puerto Real,
Cádiz)
Niñ@s del Sur (Córdoba)
