Entrada publicada el 21 de enero de 2019
Hace ya unos días que se han venido atisbando cuáles van a ser los signos de la “nuevas” políticas educativas en Andalucía. Y entrecomillamos nuevas porque en realidad sospechamos que, más que nuevas, van a ser otra vuelta de tuerca – esta vez despiadada y sin complejos- de las que ya se han venido aplicando por parte del extinto gobierno del PSOE, que nunca quiso ni supo frenar las consecuencias de las políticas de austeridad en un servicio público esencial como es la Educación, que por ende es un derecho fundamental de los niños y niñas.
Desde la Plataforma de AMPA “Escuelas de Calor” (más de 200 AMPA que luchan por la bioclimatización de los centros educativos y en defensa de la Educación Pública), hemos querido esperar, no obstante, a tener una cara visible a la que dirigirnos y es por ello que nos pronunciamos ahora que ya es una realidad el nombramiento del señor Javier Imbroda como Consejero de Educación y Deporte.
No puede dejarse de lado el contexto en que se produce la investidura del nuevo presidente andaluz ni la matemática parlamentaria a la que nos enfrentamos. En primer lugar, hay un pacto PP-VOX previo a la investidura que la garantizaba, sin el cual la coalición PP-Ciudadanos al frente de la Junta de Andalucía sería inviable, y, en segundo lugar, los 12 votos de VOX son necesarios si PP y Ciudadanos quieren sacar adelante sus políticas, también las educativas (salvo que fuesen del agrado del resto del arco parlamentario). Por tanto, habiendo sido conocedoras del citado acuerdo nos vemos en la obligación de pronunciarnos en lo que sin duda va a afectar a la educación de nuestros hijos e hijas.
No podemos sino estar preocupadas cuando en la coalición de gobierno PP y Ciudadanos se habla sin ambages de una apuesta por el sostenimiento de la educación concertada, en igualdad de condiciones que la pública, y de su ampliación a etapas no obligatorias como el Bachillerato. En palabras del señor consejero, las dos son UNA porque entiende que en la pública está incluida la concertada.
Desde Escuela de Calor entendemos que ello no sólo es un error de partida en la medida que se quieren igualar modelos educativos que no son iguales y ante los que la Administración no puede ni debe tener la misma implicación en su sostén, sino que supondrá un menoscabo de los fondos públicos destinados a la educación de todos/as, la 100% pública. Esta apuesta por la educación privada sostenida con fondos públicos -no es otra cosa la concertada- vendrá a devaluar y desmantelar la ya maltrecha educación pública.
Hacer esta propuesta programática en aras de la libertad de las familias a elegir centro, no es sino una falacia que no tiene otro interés que confundir y manipular a la ciudadanía. No hay libertad de elección cuando en el centro de algunas capitales de Andalucía la oferta de plazas en centros concertados es superior a la pública, no hay libertad de elección cuando en centros concertados se hace una velada selección socioeconómica de su alumnado o se restringe el acceso de alumnado con NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo). Que no nos líen, no es la libertad lo que les interesa sino favorecer a ciertas instituciones y empresas que hacen proselitismo o negocio con la Educación. Que puede ser legítimo, pero cuando lo hagan con fondos propios y no procedentes de las arcas públicas. Estos deben ir a la Educación Pública, que es la de todos/as y la que el nuevo gobierno andaluz está obligado a mantener en el ejercicio de las competencias en Educación de nuestra Comunidad Autónoma.
Con este modelo de educación que el gobierno PP- Ciudadanos plantea, las desigualdades sociales están condenadas a mantenerse cuando no a crecer. La brecha social acrecentada con la crisis económica, de la que muchas familias españolas siguen sin poder salir pese a las cifras macroeconómicas, se perpetuará en la medida que la Educación pierda su función compensadora y de ascensor social. Andando el tiempo, las familias que puedan costear uniformes y cuotas “voluntarias” huirán de la devaluada Educación Pública, lo que la condenará a recibir aún menos recursos e incluso a reducir sus plazas. Es una espiral perversa, consecuencia de un concepto mercantilizado de la educación. Al final del camino, tendremos una red escolar para clases desfavorecidas o precarias (pública) y otra para clases acomodadas (privada y concertada). No tenemos dotes adivinatorias, el nuevo gobierno andaluz no hace sino aplicar políticas que ya se han aplicado en otros lugares de España con este resultado.
Tampoco podemos estar de acuerdo nuevamente con esa “libertad” de elegir los contenidos educativos que se consideren ideologizados o contrarios a las convicciones de las familias. Sabemos leer entre líneas, pese a lo fino que han hilado en la redacción del acuerdo PP y Ciudadanos. Los contenidos educativos deben ser programados de acuerdo con los planes establecidos y sobre la base de valores mayoritariamente consensuados en nuestra sociedad, obedeciendo al desarrollo científico y cultural de la misma y nuestro entorno. Los proyectos educativos de centro no son “a la carta” y ni los y las profesionales de la docencia ni los equipos directivos que los diseñan pueden verse ahora lastrados o coaccionados por complacer a determinados idearios de determinadas familias que pertenecen al ámbito privado. La sociedad es plural y la escuela debe educar en esa pluralidad; asimismo, las nuevas generaciones deben aprender a respetarla estando inmersas en ella.
Para terminar, estamos absolutamente de acuerdo con la necesidad de ampliar la red de educación infantil de 0 a 3 años (que no guarderías, esta denominación es un retroceso y viene a sustituir el carácter educativo de esa etapa por otro meramente de cuidado y asistencia), pero nos preocupa que las intenciones de este gobierno de coalición PP-Ciudadanos sea extender esta etapa a base de conciertos con empresas e instituciones. Nuevamente es una línea de continuidad con las políticas desarrolladas por el PSOE con las que confrontamos por la falta de equidad que genera entre las familias sin poder adquisitivo que desean y/o necesitan -por conciliación- esta etapa educativa para sus hijos/as. No es cuestión de dar beneficios fiscales a las familias, sino de crear una red de escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años que cubra las necesidades de las madres y padres con menores en esa
franja de edad. Ello sin duda será también un estímulo para incrementar la natalidad, mucho más efectivo que cualquier otra medida y ampliará derechos en la sociedad andaluza.
¿Y qué vaticinar para la Ley de Bioclimatización de Centros Públicos? La apuesta de PP y Ciudadanos será la misma que hicieron en el proceso de enmiendas cuando se tramitó en la pasada legislatura, solo que ahora lo harán desde el gobierno, a saber: incluir a las escuelas e institutos concertados en las medidas que establece este texto legal, lo que incluye obviamente la financiación de la mejora de sus edificios, que, nótese, no son de titularidad pública sino propiedad de las empresas e instituciones que gestionan la concertada. O sea que, si ya antes implementar esta ley era un esfuerzo económico importante -si bien justo, imprescindible e inaplazable-, ahora tendrá que serlo aún mayor. Y estaremos invirtiendo dinero público en edificios privados. Un despropósito que seguramente no tiene parangón en Europa.
Nos tendrán enfrente y en las calles. Desde Escuelas de Calor hacemos un llamamiento a las familias de la escuela pública a estar alertas ante la etapa de cambio que se avecina y a mostrar unidad en la defensa de la Educación Pública, la de todos y todas. El futuro de nuestros hijos e hijas está en juego, pero también el futuro de la Educación Pública de calidad como derecho fundamental.
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